Las claves
El PSOE ha bloqueado que el Congreso manifieste un rechazo conjunto hacia la conducta del diputado de Vox, José María Sánchez, al no aceptar las enmiendas presentadas por el PP a la declaración institucional.
El PP intentó negociar hasta el último momento para incluir referencias a otras acciones parlamentarias reprochables y exigir imparcialidad en la aplicación del Reglamento.
Este incidente surgió tras la expulsión de Sánchez del Pleno, consecuencia de su actitud hacia una letrada y la desobediencia a la Presidencia del Congreso.
El PP acusa al PSOE de buscar una condena en solitario y de querer ubicar a los populares en el mismo bloque que Vox.
El PSOE ha impedido que el Congreso exprese su rechazo al «desprecio» mostrado por el diputado de Vox hacia una letrada y al vicepresidente de la Cámara, al rechazar las enmiendas del PP a la declaración institucional.
Los populares afirman que los socialistas «han optado por forzar el enfrentamiento político» en lugar de acordar un texto de condena más amplio.
La propuesta partió de la dirección del grupo socialista en la Cámara, que elaboró una declaración institucional para censurar el comportamiento del diputado de Vox José María Sánchez. El PP estuvo de acuerdo en que se leyera públicamente, añadiendo unas enmiendas al texto enviado por la Presidencia.
El partido popular asumía que el documento nunca sería aprobado como declaración institucional, ya que para ello «se requiere unanimidad y Vox rechaza de antemano cualquier reproche a uno de sus miembros».
No obstante, el Grupo Popular quiso modificar el texto para intensificar la crítica hacia los excesos en el hemiciclo y la evolución de la Presidencia, después de la sentencia del Tribunal Constitucional que, justo este martes, condenó el bloqueo «injustificado» de proposiciones de ley.
El enfrentamiento verbal ocurrió 24 horas después del suceso que concluyó con la expulsión de Sánchez del Pleno, tras subirse a la tribuna presidencial e increpar a una letrada.
Este suceso obligó a interrumpir la sesión y provocó la aplicación del artículo 104 del Reglamento, que regula la expulsión por desobediencia reiterada a la Presidencia.
El borrador de la declaración subrayaba el carácter «grave» de la indisciplina del diputado de Vox y el «desprecio» mostrado a los servicios jurídicos de la Cámara, al mismo tiempo que reivindicaba el respeto a la dignidad institucional del Congreso.
El PP coincidía con este diagnóstico sobre la conducta del parlamentario, aunque proponía matizar y completar el texto con sus propias sugerencias.
Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, los populares plantearon incluir referencias explícitas a otras conductas parlamentarias que consideran igualmente «condenables», tales como gritos, insultos y gestos de ciertos grupos.
También solicitaron una mención directa a la obligación de la Presidencia de aplicar el Reglamento de forma imparcial y a la necesidad de evitar el «bloqueo de leyes» apoyadas por la mayoría de la Cámara.
Fuentes del PP, en diálogo con este diario, aseguran que intentaron negociar hasta el último instante.
«Hemos intentado enmendar la declaración institucional. Nos dijeron que no aceptarían nuestras propuestas», relatan. La unanimidad no se conseguiría porque «si un grupo se opone, no se puede leer». Sin embargo, añaden, «Lo hicieron como una maniobra para que se hable del asunto«, explican.
En el grupo encabezado por Alberto Núñez Feijóo sostienen que el PSOE perseguía un doble objetivo: exhibir una condena «en solitario» de la izquierda hacia el diputado de Vox y, simultáneamente, ubicar al PP en el mismo bando que el partido de Santiago Abascal.
«El PSOE ha intentado señalar que no apoyamos y que somos unos radicales”, denuncian estas fuentes.
No obstante, los populares subrayan que, a diferencia de Vox, ellos no han puesto objeciones a reprobar el comportamiento del diputado expulsado.
«Hemos presentado enmiendas y los que no han querido ni dialogar han sido ellos, que nos han respondido con un no rotundo», insisten. Su argumento es que el PSOE prefirió cerrar la posibilidad de acuerdo para poder después acusar al PP de alinearse con la extrema derecha.