Por primera vez, una prueba común dirigida por el Estado permitirá evaluar el sistema educativo a nivel nacional.
Alrededor de 44.000 niños de toda España matriculados en 6º de Primaria (12 años) están presentando desde estos días y hasta el próximo 29 de mayo una evaluación nacional externa y estandarizada de fin de etapa, que «es la misma para todo el alumnado», según el Ministerio de Educación. Esta prueba ofrecerá datos representativos sobre el nivel de competencia en comunicación lingüística, en STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), en idiomas y en digitalización de los estudiantes de todo el territorio estatal.
Las preguntas han sido desarrolladas por el Gobierno en conjunto con las comunidades autónomas «bajo criterios de homogeneidad», conforme a la Lomloe, lo que permitirá medir el sistema a nivel nacional y tomar decisiones fundamentadas en estos datos.
Hasta ahora, España debía basarse en evaluaciones internacionales como PISA, TIMSS o PIRLS para analizar la evolución del sistema educativo y comparar las autonomías, debido a la ausencia de una estadística nacional unificada. Cada autonomía realiza sus propias pruebas con criterios diferentes, por lo que los resultados no son comparables.
La Lomloe también prevé una evaluación diagnóstica en 4º de Primaria y 2º de la ESO que se está realizando anualmente desde 2024 a todos los estudiantes, pero esta es gestionada por las autonomías, lo que implica que las preguntas varían entre comunidades y no permiten comparaciones.
En la llamada Evaluación General del Sistema que comienza ahora—y que en 2027/2028 se extenderá a 4º de la ESO—, el responsable es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) del Ministerio de Educación, en colaboración con las CCAA. Los estándares son definidos por el Gobierno en lo que representa la mayor aproximación a un examen común realizado hasta la fecha. El Gobierno podrá realizar comparaciones entre CCAA, aunque probablemente no hará públicas clasificaciones por territorios o centros para evitar controversias.
¿Cómo se desarrollará esta prueba? En 2023 y 2025, el INEE llevó a cabo dos pruebas piloto y evaluó el doble de preguntas respecto a las seleccionadas finalmente. «Dado que no es viable que un alumno responda a la totalidad de la prueba (unas 400 preguntas) en una jornada, se aplicó un diseño por bloques, de modo que cada estudiante responde a una parte, llamada ‘itinerario’. Se definieron más de 1.000 itinerarios. En conjunto, en todas las comunidades y ciudades autónomas se contestarán las mismas pruebas», explican fuentes del Ministerio de Educación, que añaden que el trabajo de campo lo ejecutaron empresas externas contratadas, siempre bajo coordinación con el INEE.
Se trata de la UTE compuesta por ODEC y Random, para la coordinación de la aplicación, codificación de preguntas abiertas y gestión de datos, y Sigma Dos, encargada del trabajo de campo.
La última vez que se intentó algo similar fue hace más de diez años, cuando Mariano Rajoy intentó reinstaurar las reválidas. Sin embargo, la comunidad educativa rechazó esta medida debido a sus efectos académicos para los estudiantes, y el propio Gobierno del PP desistió. Anteriormente, en 2009, el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero realizó una Evaluación General de Diagnóstico externa y estandarizada, regulada por la LOE de 2006, aunque no tuvo continuidad.
A diferencia de las reválidas impulsadas por José Ignacio Wert, ni la prueba autonómica ni la del Ministerio influyen en la calificación del alumno. Ambas tienen «un carácter informativo, formativo y orientador para los centros, e informativo para las familias, quienes podrán acceder al informe general, junto con toda la comunidad educativa, aunque no se divulgarán resultados individualizados ni de centros», detallan fuentes del Ministerio de Milagros Tolón.
Contrariamente a las pruebas diagnósticas gestionadas por las CCAA, la evaluación ministerial no se realizará anualmente ni a todos los estudiantes, sino a una muestra del 8,8%: 44.000 de un total de 500.000. Participan 50 colegios en cada autonomía y la totalidad de centros de Ceuta y Melilla—que dependen del Ministerio—, tanto públicos como privados; totalizando 891 escuelas, cada una examinando a 50 alumnos.
«Se aplica en todas las CCAA con idénticos criterios de selección de centros en cada una de ellas», insisten en el Ministerio, que subrayan que «en la elaboración de los marcos de evaluación, en la revisión de pruebas y cuestionarios, y en su traducción, se ha llevado a cabo un trabajo colaborativo entre todas las CCAA y ciudades autónomas sin excepción». «Sin esta colaboración no sería viable un proyecto de esta magnitud, dado que las competencias educativas están transferidas», agregan.
En las comunidades con otra lengua cooficial además del castellano, todo el material ha sido traducido y «la aplicación se realiza en la lengua elegida por cada comunidad según su política lingüística».
Las pruebas se ejecutan únicamente en formato digital. Se han diseñado itinerarios más cortos para alumnos con necesidades especiales. Además, se incluyen cuestionarios que permiten estimar el índice socioeconómico y cultural de las familias.
El Gobierno prevé que para 2027 esté listo el informe con los resultados, que será elaborado por el Ministerio en colaboración con las autonomías.