El informe enviado al juzgado indica que una anomalía eléctrica detectada casi 22 horas antes del accidente era compatible con la fractura del carril, aunque no activó alerta automática debido a la baja fiabilidad del sistema
El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha respondido este lunes a la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero y que causó 46 fallecidos, cuestionando explícitamente las conclusiones del último informe. Considera que el documento incluye “interpretaciones incorrectas” sobre las medidas de prevención y los sistemas de supervisión en la red de alta velocidad.
El accidente, originado por el descarrilamiento de un tren de Iryo y su posterior impacto con un Alvia de Renfe, tiene como principal hipótesis una rotura de carril. Este aspecto es fundamental en el informe entregado al Juzgado de Montoro, que ubica la causa del siniestro en una incidencia detectada el día anterior por los sistemas de seguridad de Adif.
Según la Guardia Civil, el 17 de enero a las 21:46 horas se registró una caída de tensión —una alteración eléctrica compatible con una fractura de vía— que, aunque no superó el umbral de alarma, se mantuvo el tiempo suficiente para haber desencadenado alguna acción. Los investigadores sostienen que transcurrieron exactamente 21 horas y 57 minutos desde ese momento hasta el accidente, un lapso que, de haberse interpretado acertadamente la señal, podría haber prevenido la tragedia.
No obstante, el sistema no emitió ninguna alerta automática. El propio informe señala que no estaba diseñado para ello debido a la limitada confiabilidad de este tipo de señales eléctricas, un hecho que actualmente es el foco del debate técnico y judicial.
Marco de la Peña se ha expresado con firmeza al respecto. “Los circuitos de vía no son un método confiable para detectar una rotura de carril; así lo indican los expertos internacionales, no Adif ni su presidente”, declaró, añadiendo que “no existe debate en este punto”. Aunque calificó el informe de la Guardia Civil como “muy detallado”, insistió en que su interpretación aborda un campo técnico “sumamente complejo”.
Dentro de esta línea, el máximo responsable de Adif ha rechazado explícitamente una de las conclusiones más sensibles del informe: la afirmación de que la empresa pública tenía la obligación de detectar inmediatamente la rotura del carril. “Eso no es correcto”, concluyó.
El choque de interpretaciones es considerable. Por un lado, los investigadores señalan una señal previa que, aunque imperfecta, podría haber activado mecanismos preventivos; por otro, el gestor de la infraestructura defiende que dicha señal no cuenta con la confiabilidad suficiente para soportar una acción operativa.
(Noticia en desarrollo)