Dudas sobre los criterios de vulnerabilidad y la comprobación de antecedentes penales
El Gobierno tiene previsto modificar el decreto de regularización masiva de inmigrantes ante las importantes reservas señaladas en el informe preceptivo -aunque no vinculante- del Consejo de Estado. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de este decreto, sostiene que el órgano consultivo aprueba en términos generales la norma y no cuestiona su objetivo final, pero está dispuesto a revisar aquellos puntos, que no son menores, que el Consejo resalta en su dictamen.
Entre los temas destacados en el informe sobresale la controversia sobre los criterios de vulnerabilidad que pueden alegar los solicitantes de regularización por arraigo. El Consejo de Estado opina que estos criterios deben ser objetivos y precisos para evitar desorden en el proceso de tramitación por parte de las diferentes administraciones.
En esta línea, el Ejecutivo tendrá que especificar la definición contemplada en el decreto, que establece que se considera vulnerable a la persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que cuente con cinco meses en situación irregular al momento de presentar la solicitud. Sin embargo, el Consejo duda de que todos los inmigrantes en situación irregular puedan considerarse automáticamente vulnerables.
Otro asunto que genera cuestionamientos en el Consejo de Estado es la acreditación de antecedentes penales. Este es un requisito particularmente complicado para quienes provienen, por ejemplo, de países en conflicto o han huido por razones políticas. Los solicitantes deben demostrar que no tienen antecedentes penales ni en España ni en los países donde hayan residido durante los últimos cinco años. Cuando el país de origen no emite el certificado correspondiente, se aceptaría una declaración responsable por parte del interesado. Este punto es rebatido por el Consejo, que coincide en gran medida con las críticas de la oposición, la cual considera esta declaración insuficiente, llegando a calificarla como un «peligroso coladero».
El tercer aspecto señalado por el órgano consultivo se refiere a la compatibilidad entre ser titular de un permiso por Protección Internacional y otro por regularización. Por ello, el Gobierno deberá ajustar la norma para precisar que el permiso inicial, el de Protección Internacional, permanecerá vigente hasta que la persona obtenga de forma definitiva su permiso de residencia y trabajo, y pueda en consecuencia solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero.