Una de las acusaciones particulares, Iustitia Europa, solicita que tanto el hermano del presidente del Gobierno como su amigo en Moncloa restituyan los fondos públicos percibidos, dado que ni la Diputación de Badajoz ni la Fiscalía los reclamaron.
En el caso conocido como del ‘hermanísimo’, una de las acusaciones particulares interpuso una demanda ante el Tribunal de Cuentas para que David Sánchez Pérez-Castejón, sentenciado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa, reintegre todos los pagos recibidos de la Diputación provincial de Badajoz desde su ingreso como alto cargo en 2017 hasta su renuncia en 2025. «Esta acción pública contable representa el medio legal previsto para que estos hechos sean examinados por el Tribunal de Cuentas y para que, mediante las diligencias previas correspondientes, se determine si dichos pagos ocasionaron un daño patrimonial resarcible«, señala en el escrito Luis María Pardo, presidente de ‘Iustitia Europa’.
La sentencia emitida por tres magistrados de la Audiencia Provincial especificó que los salarios recibidos por David Sánchez y también por Luis María Carrero — amigo del músico contratado por la Diputación mientras ocupaba un puesto como asesor de Comunicación en Moncloa — pueden ser reclamados únicamente en una acción iniciada «por la entidad pagadora, es decir, la institución provincial, o por el Ministerio Fiscal en caso de formular acusación». Además, añade que «corresponde reservar la decisión pertinente a la jurisdicción contable, que es competencia del Tribunal de Cuentas».
Según se detalla en el documento, las retribuciones brutas que habría percibido David Sánchez durante ese período ascienden a 340.572,6 euros, mientras que las de Luis María Carrero, igualmente declarado culpable, alcanzan los 86.988,76 euros, correspondientes al lapso del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2025. En conjunto, suman un total reservado de 427.561,12 euros. No obstante, Iustitia Europa señala que «estas cifras deben ser verificadas mediante un requerimiento a la Diputación Provincial de Badajoz para que facilite nóminas mensuales, certificados de haberes, cotizaciones sociales, contratos, nombramientos, resoluciones de excedencia, permisos, altas, bajas y ceses, así como los documentos que autorizan, disponen, reconocen la obligación, ordenan y materializan cada pago».
La asociación destaca especialmente que la sentencia establece que, desde su contratación, el hermano del presidente del Gobierno acudió muy poco al puesto de trabajo, mantuvo contactos con los directores de los conservatorios que fueron esporádicos y finalmente prácticamente inexistentes, sin cumplir con las obligaciones laborales estipuladas en el contrato.
Tras detallar una serie de hechos probados por la sentencia relativos a la relación laboral del músico con la Diputación, la asociación indica que lo sucedido «supera la mera irregularidad administrativa en la creación del cargo», por lo que plantean «la posible existencia de pagos periódicos realizados sin la contraprestación contractual que los justificase, así como el mantenimiento eventual de una relación retributiva pese al conocimiento del incumplimiento de las funciones esenciales». Por ello, ‘Iustitia Europa’ subraya que es necesario determinar «qué funciones se desempeñaron efectivamente en cada período (haciendo referencia también al cambio de puesto a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas), cuáles de las funciones contractuales fueron incumplidas, qué autoridades o funcionarios certificaron o dieron por cumplida la prestación, qué órganos reconocieron y ordenaron las obligaciones económicas y si existieron controles de presencia, actividad, objetivos y resultados».
Respecto a Luis María Carrero, se indica que la sentencia menciona una plaza también «vacía, reservada de antemano para su destinatario», por lo que es preciso investigar «las funciones realmente desarrolladas y su utilidad pública efectiva». La asociación señala igualmente a varios responsables, como Miguel Ángel Gallardo en su rol de presidente de la Diputación, junto con otros cargos de confianza y funcionarios, para analizar las conductas relacionadas con el caso con el fin de supervisar el pago de nóminas.
La asociación recuerda que la sentencia examinó expresamente la solicitud de devolución de los salarios y remitió su conocimiento al Tribunal de Cuentas. Por ello, añade la entidad, «la apertura y tramitación del procedimiento penal suspendió el plazo de prescripción de las responsabilidades contables derivadas de esos mismos hechos y, asimismo, siempre que los hechos sean constitutivos de delito«.
Finalmente, la asociación solicita al Tribunal de Cuentas que requiera a los presuntos responsables para que depositen o garanticen las sumas calculadas provisionalmente y que, en caso de ausencia de garantía, adopte las medidas de embargo legalmente previstas. Además, pide que se investigue el expediente de gasto relacionado con la producción titulada ‘La Paz Perpetua’, cuyo costo para la Diputación fue de 128.000 euros, mientras que su recaudación en taquilla fue aproximadamente de 2.000 euros. La obra fue dirigida por David Sánchez Pérez Castejón.