El órgano consultivo ha emitido este viernes su pronunciamiento sobre el Real Decreto, y el Ministerio de Elma Saiz lo llevará al Consejo de Ministros «a la mayor brevedad posible».
La regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo inicio se estimaba para comienzos de este mes, finalmente ha recibido luz verde. El Gobierno celebra el «apoyo» y la «evaluación favorable» que el Consejo de Estado ha expresado mediante el decreto, que «avaliza» que el procedimiento se realice bajo la vía reglamentaria, «al ser un texto normativo legal dentro del marco constitucional vigente».
Así lo indican fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que aseguran encontrarse «trabajando para incluir las recomendaciones del dictamen y aprobar el texto final en el Consejo de Ministros lo antes posible». El documento del órgano consultivo, que aún no ha sido difundido, subraya que en este desarrollo reglamentario «se han respetado todas las garantías para concluir con éxito un procedimiento de estas características», según las mismas fuentes.
El texto, señalan las fuentes ministeriales, «valora de manera positiva los objetivos generales de la regularización», tales como la «integración social, seguridad jurídica y disminución de la irregularidad administrativa».
En la mañana de este viernes, la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo adelantaba el envío de este documento, al tiempo que mencionaba algunas «observaciones». El Gobierno resalta la referencia al asilo —la situación de quienes solicitan este derecho quedaba en incertidumbre en el primer borrador—, sobre la cual el Consejo de Estado «indica que es incompatible ser beneficiario de un permiso por Protección Internacional y otro derivado de la regularización». Por tanto, «el permiso de PI continuará vigente hasta que la resolución definitiva y favorable del permiso de residencia y trabajo se emita, y se solicite la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero)», explica el Ministerio.
Del mismo modo, las fuentes señalan que el órgano consultivo urge a definir el concepto de vulnerabilidad, estableciendo que se considere «vulnerable a toda persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que tenga cinco meses en situación irregular al momento de presentar la solicitud».
También subraya que «en todo momento, la ausencia de antecedentes penales ha constituido un requisito indispensable para este proceso«.
Ciudadanos ucranianos
Respecto a los ciudadanos ucranianos, «el dictamen resalta favorablemente que las personas desplazadas por la guerra en Ucrania estén exentas de este procedimiento, ya que cuentan con un vía específica para ellos«, celebra el Gobierno.
El Gobierno considera que «las recomendaciones del Consejo de Estado están alineadas con el texto original» y que respetan la esencia del Real Decreto, valorándolas positivamente para clarificar ciertos aspectos que facilitan la comprensión y aplicación del mismo».