María Jesús Montero denuncia el deterioro de la sanidad pública en Andalucía, especialmente en municipios como Casares, donde solo existe un médico de familia para atender a 9.000 habitantes.
Montero relaciona la carencia de servicios públicos, tales como sanidad y educación, con el riesgo de despoblación en las localidades andaluzas.
La candidata socialista critica el aumento de los precios de la vivienda en Málaga, que ha superado el 60% en siete años, y acusa al gobierno de Moreno Bonilla de no promover la construcción de viviendas públicas.
Montero señala que la dificultad para acceder a la vivienda expulsa a jóvenes y personas con bajos ingresos, haciendo que la vivienda sea un bien inaccesible en la Costa del Sol.
La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha aprovechado un acto en Casares (Málaga), localidad natal de Blas Infante, para poner en evidencia el deterioro de los servicios públicos en Andalucía, particularmente en la sanidad rural y el acceso a la vivienda en la provincia de Málaga.
Durante su intervención, vinculó ambas problemáticas al riesgo de despoblación y contrastó el modelo actual con aquel que, según defendió, promovieron los gobiernos socialistas anteriores.
Montero resaltó el significado simbólico de Casares y la casa natal de Blas Infante durante su visita, reivindicando que el autogobierno y el Estatuto de Autonomía permitieron a Andalucía «llevar las soluciones de los problemas al lugar donde residen los ciudadanos».
En ese contexto, la candidata socialista afirmó que durante los gobiernos del PSOE en la región, Andalucía contó con un sistema sanitario considerado «uno de los mejores de España y entre los más destacados a nivel mundial».
Recordó que se desarrolló «un sistema de salud distribuido en todo el territorio«, equipado con «tecnología avanzada para tratar los problemas más graves», que garantizaba derechos como ser intervenido quirúrgicamente en un máximo de 180 días o recibir atención del médico de familia en 24 a 48 horas.
Frente a ese modelo, Montero se situó frente al consultorio de Casares, que «atiende a cerca de 9.000 personas y dispone únicamente de un médico de familia«.
«Cuando las personas enferman a ciertas horas del día, dependiendo del momento, pueden acudir al consultorio o, de lo contrario, deben desplazarse 20 kilómetros hasta el centro de salud más próximo, llegando incluso a recorrer 57 kilómetros para alcanzar el hospital de referencia», explicó.
Para la exministra de Hacienda, el éxito de un sistema sanitario radica en que «en cada pueblo, ciudad o barrio, se pueda acceder a una atención médica oportuna, evitando que los problemas de salud se agraven».
Montero mencionó estudios recientes que sitúan a la sanidad como «el problema principal que perciben los ciudadanos, junto con la vivienda». Además, criticó que «la sanidad, que antes era la joya de la corona, se haya convertido bajo el gobierno de Moreno Bonilla en un verdadero calvario para muchas personas».
La dirigente socialista enlazó esta realidad directamente con el riesgo de despoblación: «Si en los municipios no existen servicios públicos, enfrentamos el problema de la despoblación. Las personas no establecerán su residencia en lugares donde no se garantice la sanidad o educación pública».
Al mismo tiempo, defendió el trabajo de los profesionales sanitarios, quienes «están entregándose al máximo para mitigar esta situación, aunque los recursos no son suficientes», y aseguró que su partido continuará «denunciando la precariedad y el deterioro de los servicios públicos en Andalucía, sobre todo en los pueblos, comarcas y lugares que requieren atención sanitaria las 24 horas».
Vivienda: precios elevados y jóvenes desplazados
En la segunda parte de su discurso, Montero subrayó la vivienda como el «segundo gran problema señalado por los andaluces entre sus preocupaciones».
«No resulta posible que nuestros hijos, jóvenes y personas con bajos ingresos no puedan acceder a una vivienda propia debido al incremento considerable en los precios, especialmente en Málaga y la Costa del Sol», denunció.
Indicó que el precio de la vivienda ha aumentado más del 60% en los últimos siete años en la provincia, transformando el acceso a una vivienda en «un bien inaccesible».
Recordó que el Estatuto de Autonomía reconoce el derecho a la vivienda y obliga a las autoridades a fomentarlo, algo que, a su juicio, «Moreno Bonilla no ha cumplido» al no construir viviendas públicas «en los últimos años».
Criticó que las VPO (viviendas de protección oficial), en vez de conservar la protección estatal planteada durante 30 años, se haya reducido a siete años. Además, mostró su reproche ante la presentación de viviendas como «asequibles» cuando «a veces alcanzan precios de 350.000 euros«.