España es el único Estado miembro de la UE que rechaza el reciente reglamento de retorno de inmigrantes aprobado por el Parlamento Europeo.
El reglamento facilita la instauración de centros de deportación en países terceros y contó con el apoyo de socialdemócratas de Dinamarca, Malta y Letonia, pero fue rechazado por el PSOE de España.
Zarzalejos critica la posición del Ejecutivo español y señala que solo se ejecuta el 9,7% de las órdenes de retorno en España, frente a una media del 20% en la UE.
La Comisión Europea muestra inquietud ante el plan español de regularizar a más de un millón de inmigrantes, al considerarlo un proceso masivo con escasas garantías de supervisión.
Mientras el Gobierno español se prepara para implementar su plan de regularización para más de un millón de inmigrantes irregulares, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 26 el nuevo reglamento de retorno, que acelerará la expulsión de inmigrantes en situación irregular.
Este texto establece una base legal para la creación de centros de deportación de inmigrantes en países fuera de la UE.
La medida contó con el respaldo de partidos socialdemócratas de Dinamarca, Malta y Letonia, pero obtuvo el voto en contra de los eurodiputados españoles del PSOE.
«España no debe ser el eslabón más débil de la cadena«, advierte el eurodiputado del PPE Javier Zarzalejos, al destacar que el Gobierno de Pedro Sánchez va en contra de las políticas migratorias europeas.
Zarzalejos es eurodiputado desde 2019 y actualmente preside la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE), la más influyente en cuestiones de Estado de derecho, migración y seguridad interior.
Desde dicha comisión, ha impulsado dos importantes reformas legislativas recientemente aprobadas: la Directiva anticorrupción y el Reglamento de retornos.
Zarzalejos considera «incomprensible» que el Gobierno de Pedro Sánchez rechace el nuevo reglamento de retorno, dado que España recibe «atención, ayuda, comprensión y solidaridad» de la UE como uno de los países bajo mayor presión migratoria.
«Cuando solo se ejecutan 20 de cada 100 órdenes de retorno o expulsión, hay un problema», explica el eurodiputado a EL ESPAÑOL.
«Se generan bolsas de ilegalidad insostenibles», agrega, «por lo que es imprescindible un marco jurídico que garantice eficacia, respetando los derechos fundamentales».
Para lograrlo, es indispensable que todos los Estados miembros actúen de manera coordinada. Por un lado, para combatir las situaciones de ilegalidad ante un fenómeno que genera creciente preocupación en la sociedad europea. Y por otro, para fomentar un marco de acuerdos de repatriación con países terceros.
«Sin la eficacia del reglamento de retornos y la existencia de centros en ‘terceros países seguros’, la política migratoria de la UE quedará desvirtuada«, afirma el eurodiputado del PPE.
El reglamento aprobado indica que estos centros solo podrán situarse en países que respeten los estándares internacionales de derechos humanos y el derecho internacional.
De forma similar, Turquía actuó como ‘tercer país seguro’ desde la crisis de refugiados de 2016. Pero desde entonces, se han realizado entre 2.000 y 3.000 repatriaciones desde las islas griegas, funcionando también como un mecanismo disuasorio.
«En la UE se observa con inquietud la regularización masiva. España no puede ser el eslabón más débil de la cadena»
«El efecto del ‘tercer país seguro’ consiste, por un lado, en facilitar con garantías los retornos, y por otro, en aplicar un procedimiento abreviado para analizar las solicitudes de asilo», explica Zarzalejos.
Aclara además: «No se exige que ese ‘tercer país seguro’ sea una democracia ejemplar, pero sí que ofrezca ciertas garantías, evitando persecuciones por género, etnia, religión… aunque existen excepciones».
¿Cómo espera la UE persuadir a los países emisores de migración para que acepten de vuelta a sus nacionales?
«La Unión Europea debe adoptar un enfoque amplio utilizando instrumentos diplomáticos variados. Sin esa eficacia no habrá una política migratoria creíble ni una situación sostenible», responde Zarzalejos.
Hoy las tasas de retorno están mejorando, pero insiste: «cuando solo se ejecuta el 20% de las devoluciones, y en España la cifra es menor, es evidente que algo falla».
Licenciado en Derecho, Zarzalejos fue secretario general de Presidencia durante los años de José María Aznar en Moncloa. Desde entonces, ha desarrollado su carrera política en el ámbito constitucional e institucional, incluyendo la Secretaría General y la Presidencia de FAES.
El eurodiputado del PPE advierte que la Comisión Europea sigue con «preocupación» los planes del Ejecutivo español para regularizar a más de un millón de inmigrantes, al considerar que se trata de un proceso «masivo y casi indiscriminado».
El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, aún en trámite parlamentario, solo requiere acreditar estancia anterior al 31 de diciembre y presentar un certificado de antecedentes penales (que puede ser reemplazado por una «declaración responsable»).
A diferencia de procesos anteriores de regularización, esta vez no se exige un vínculo laboral: ni contrato ni oferta de empleo.
«Primero», señala Javier Zarzalejos, «no se sabe cuántas personas finalmente se beneficiarán, ni siquiera con aproximación. ¡Hablan de un rango entre 500.000 y un millón! Es decir, el doble… y existen informes que sugieren cifras aún mayores».
En segundo lugar, el Real Decreto establece que «quien haya entrado antes del 31 de diciembre de 2025 puede acceder a la regularización. Esto significa que con unas pocas semanas de residencia ya se considera arraigo, un concepto que resulta difícil de definir».
A la Comisión Europea le preocupan especialmente varios aspectos de esta normativa. Por un lado, la posible falsificación de documentos para acreditar el tiempo de estancia en España.
«Un aspecto en el que operan las redes de trata y tráfico de personas», recuerda el eurodiputado español.
También cuestionan las garantías de seguridad: «¡No se puede sustituir el certificado de antecedentes penales por una simple declaración responsable!», enfatiza.
Todo esto ocurre cuando el marco legislativo del Pacto de Inmigración y Asilo entrará en vigor plenamente el próximo mes de junio.
La Comisión Europea no puede, en principio, revertir esta decisión del Gobierno español, pues corresponde a competencias nacionales en materia migratoria.
Sin embargo, «en la medida en que pueda afectar negativamente a otros Estados, sí podrá ser supervisada por la Comisión», precisa al respecto.
Ya en febrero pasado, el comisario de Migración, Magnus Brunner, lanzó una dura advertencia al Gobierno español: «Los migrantes irregulares deben salir de la UE; de lo contrario, las normas perderán credibilidad«.
«No cabe duda de que la Comisión Europea seguirá de cerca este proceso», señala Javier Zarzalejos, «y si se detecta falsificación documental o actividad de redes de tráfico aprovechándose de la regularización, intervendrá».