Las claves
El PSOE y Sumar han acordado un decreto que mantiene congelados los alquileres hasta 2028, aunque Podemos lo rechaza debido a que incorpora una reforma de la ley del suelo.
Podemos demanda la eliminación de las modificaciones urbanísticas del decreto, argumentando que benefician a grandes empresas a costa de perjudicar a la ciudadanía.
Junts ya se posicionó en contra de un decreto similar en febrero y mantiene una postura contraria, defendiendo a los pequeños arrendadores y reclamando medidas específicas para Cataluña.
El decreto extiende la prórroga obligatoria de contratos de alquiler, restringe aumentos de renta y fortalece límites en áreas con mercado tensionado, pero carece de apoyos esenciales para su aprobación.
Sumar ha conseguido que se apruebe su decreto sobre alquileres, y el PSOE ha consensuado un texto que contempla congelar las rentas hasta 2028. Sin embargo, Podemos ya anuncia que votará en contra porque lo rechaza de forma «rotunda». El partido de Ione Belarra ni siquiera considerará negociar a menos que el Gobierno retire del texto la reforma de la ley del suelo que contiene.
La dirección morada define esta reforma como una «línea roja». Explica que la «condición indispensable» es eliminar esos artículos para permitir cualquier diálogo sobre la congelación de alquileres. Sin sus votos, el decreto, que todavía no ha sido aprobado, estaría condenado al fracaso cuando el Consejo de Ministros lo examine el próximo martes.
Al rechazo de Podemos se suma el precedente inmediato planteado por Junts. En febrero, el partido liderado por Míriam Nogueras en el Congreso rechazó, junto al PP y Vox, el entonces llamado «decreto ómnibus» que contemplaba medidas contra los desahucios, el escudo social por la guerra de Irán, y el aumento de las pensiones.
En aquella ocasión, la portavoz del grupo de Carles Puigdemont sostuvo que la norma «sofocaba a los pequeños propietarios» y criticó que el Gobierno «mezclaba» protección social con la defensa de los okupas en un único paquete.
El borrador enviado este miércoles a los grupos parlamentarios es aún más ambicioso en cuanto a la prórroga obligatoria de contratos de alquiler, extendiendo el plazo de 2027 a 2028. Además, limita las subidas de la renta durante ese periodo y fortalece los límites vigentes en las zonas tensionadas.
El PSOE destaca que el texto representa «un escudo para los inquilinos» frente al aumento de precios. Sumar, por su parte, lo reivindica como un triunfo interno tras meses de presión para que Pedro Sánchez accediera a esta medida.
Podemos dice ‘no’
El problema es que este decreto llega al Parlamento con el mismo punto débil que el escudo social de febrero.
Se presenta sin el respaldo asegurado de Podemos, que veta una «letra pequeña urbanística», y bajo la amenaza de un Junts que ya ha demostrado su disposición a derribar normas sociales si chocan con su discurso sobre okupaciones y pequeños propietarios.
Fuentes de la dirección de Podemos afirman a este diario que el Gobierno «ha intentado aprovechar» la ley de vivienda para introducir cambios profundos en la ley del suelo que perjudicarían a los ciudadanos y beneficiarían a grandes compañías.
El borrador modifica el régimen de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el proceso de cancelación registral de los derechos de reversión en terrenos expropiados.
Para los morados, el primer punto «permite legalizar de forma retroactiva proyectos urbanísticos ilegales y reduce la supervisión sobre planes futuros».
La dirección de Belarra también critica que se restringe la capacidad de la sociedad civil para denunciar irregularidades urbanísticas.
El segundo cambio, señalan, «prácticamente elimina el derecho del antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado si no se usa para el propósito público declarado». Apuntan directamente a BBVA, la constructora San José y Merlin Properties como beneficiarios de un ‘traje a medida’ en la operación Chamartín, situada en Madrid.
Podemos critica a Sumar porque estas mismas modificaciones antes las rechazaban, y ahora las aceptan.
De hecho, según el partido de Belarra, ese tipo de modificaciones ya se habían sometido a votación varias veces en el Congreso y «siempre fueron rechazadas» por ser casi idénticas a una propuesta del PP de 2018, a otro proyecto del PSOE en 2024 y a una iniciativa de socialistas junto al PNV en 2025.
«Todas ellas fueron vetadas por una mayoría que incluía a Sumar, ERC y Junts«.
Nada indica que Junts cambie
A ese voto negativo de Junts se suma que su posición actual es todavía más hostil hacia Moncloa. Este jueves, sus siete diputados volverán a rechazar la senda de déficit.
En noviembre de 2025, la formación de Puigdemont anunció su «ruptura definitiva» con Sánchez debido a los «incumplimientos reiterados» de los acuerdos de investidura.
Desde entonces, la dirección ha establecido una política clara: solo respaldará medidas que, según su ideología, «favorezcan a Cataluña» o textos negociados de forma expresa con ellos y que incorporen sus enmiendas.
Esta posición explica su comportamiento ante medidas como las que ahora propone el Gobierno.
En febrero, Junts bloqueó el decreto ómnibus con un discurso enfocado en la protección de los pequeños propietarios. Nogueras acusó al Ejecutivo de «ahogar» a las familias con uno o dos inmuebles y se negó a apoyar la prórroga de la moratoria que se presentaba como protección para hogares vulnerables.
Desde ese momento, el partido independentista ha exigido segmentar los paquetes para separar las medidas sociales, como la subida de las pensiones –que tras ser separada contó con su aval– de aquellas que, en su opinión, afectan la seguridad jurídica de los propietarios.
Como resultado, la principal iniciativa del PSOE y Sumar para prolongar los alquileres hasta 2028 arranca sin el respaldo de dos socios clave, cuya ausencia podría ocasionar un nuevo conflicto legal similar al sucedido en marzo pasado.
En aquella ocasión, el Congreso rechazó la convalidación de otro decreto de congelación y prórroga de alquileres. La vigencia de ese decreto durante solo un mes dejó en incertidumbre miles de renovaciones obligatorias y disparó la litigiosidad.
Para el Gobierno, el desafío es doble y urgente si pretende aprobar el decreto en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto.
Debe asegurar la convalidación de un decreto que ya ha vendido como un «escudo para un millón y medio de inquilinos», y a la vez impedir que el conflicto entre Podemos, Sumar y el PSOE, así como el distanciamiento con Junts, evidencien nuevamente la fragilidad del actual gobierno.