El comisario Brunner explica a EL MUNDO que el proceso que el Gobierno planea iniciar en abril podría generar complicaciones para otros Estados si, por ejemplo, un individuo decide fugarse.
La Comisión Europea manifiesta serias dudas ante la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno tiene previsto iniciar el próximo mes. Si se cumplen los plazos indicados por el Ejecutivo, el proceso comenzaría en pocos días. Desde Bruselas, aunque reconocen que esta es una decisión nacional y la responsabilidad corresponde a los países, advierten que podría impactar considerablemente a los demás Estados miembros. El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha declarado a EL MUNDO que, en caso de que un inmigrante regularizado en España intente residir en otra nación de la Unión Europea, será reenviado a territorio español.
«La decisión sobre la regularización de ciudadanos de terceros países en situación irregular dentro de un espacio sin fronteras interiores puede afectar a otros Estados miembros. Podría representar un inconveniente para dichos Estados, especialmente si esa persona opta por escapar», detalla Brunner en sus declaraciones a este medio.
«Un permiso de residencia nacional no concede la libertad para establecerse en cualquier parte de la UE, sino exclusivamente para residir y trabajar en el país que lo emitió. Si alguien con un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otro Estado miembro, deberá regresar a España«, destaca el comisario austríaco.
En febrero, ante el Parlamento Europeo, Brunner puntualizó que «el permiso de residencia no funciona como un cheque en blanco«. «La migración es un desafío compartido entre los Estados miembros y la Unión Europea. Ciertos asuntos permanecen bajo la competencia nacional, pero esta responsabilidad implica que cada Estado debe asegurar que sus decisiones no generen efectos negativos en otras zonas de la Unión«. Con estas palabras matizó sus declaraciones previas, donde señalaba que la regularización es esencialmente una cuestión nacional.
Sin embargo, la posición de Brunner y la Comisión Europea se ha endurecido, parcialmente como resultado de la presión del Partido Popular durante la cumbre popular en Zagreb el pasado febrero. En esa reunión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, transmitió a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sus inquietudes respecto al proceso que el Gobierno de Sánchez planea ejecutar, logrando que su postura se reflejara en las conclusiones del PPE. En ese documento se recoge que «la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular afecta gravemente la política migratoria europea».
Desde Bruselas se vigilarán especialmente los posibles efectos negativos que el proceso pueda acarrear al resto de países miembros, tal y como confirma Brunner, miembro también de la familia popular. Queda por ver si el Gobierno cumple con las fechas previstas, puesto que, aunque el inicio estaba fijado para abril, todo apunta a una posible demora. El plazo límite para solicitar la regularización es el 30 de junio y podría beneficiar entre 500.000 y 800.000 personas.
Centros Meloni
La regularización masiva no es el único aspecto migratorio en el que España se aparta del rumbo general de la UE. Más aún, el país queda casi aislado en su postura. El Ejecutivo se ha mostrado completamente opuesto a los centros de deportación fuera de la Unión, una iniciativa aprobada ya por el Parlamento y respaldada por la mayoría de los Estados miembros.
Esta medida permitirá que los Estados envíen inmigrantes a centros situados en terceros países distintos al de origen, con acuerdos previos y respetando el principio de no devolución. Básicamente, es el modelo promovido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien ha implementado centros de este tipo en Albania.
Según Meloni, «Europa finalmente se dirige en la dirección correcta, siguiendo una línea defendida con firmeza por Italia. Los centros de retorno amplían las opciones para encontrar un país de repatriación para los inmigrantes en situación irregular, incluyendo no solo sus países de origen, sino otros adicionales», afirmó en su perfil de la red social X tras la aprobación de la medida en el Parlamento.
«Se trata de un paso relevante para hacer más eficientes las repatriaciones, reforzar el control fronterizo y dotar a Europa de una política migratoria más sólida», añadió. Aunque en Italia esta iniciativa está paralizada por la Justicia y las instituciones europeas han señalado reiteradamente diferencias importantes entre lo que la UE implementará y los centros Meloni, la tendencia en la política migratoria europea es clara y avanza en un sentido contrario a la postura del Gobierno de Sánchez.