La jueza ha decidido extender la investigación otros seis meses. Unos audios enviados por uno de los mineros fallecidos, Jorge, a su pareja alertaban sobre el peligro en el «chamizo»: «Estoy hasta los huevos, va a pasar algo grave y no quiero ser portada de nada».
En la entrada este de Cerredo (Asturias), sobre la pared de un muro que sostiene la colina, aparece pintado con ira: «Blue Solving = Asesinos / Belarmina = cómplice». Al otro lado de la carretera, sobre un cartel informativo, se lee: «PSOE H.D.P» [siglas de hijo(s) de puta]. Es casi la única crítica visible en un pueblo silenciado. Si se habla abiertamente sobre una posible actividad extractiva ilegal –antes y después del trágico 31 de marzo de 2025– la respuesta no es una negación rotunda, sino más bien un repliegue respetuoso por temor. «No diré nada porque no quiero que algún trabajador que aún está allá arriba pierda su empleo», comenta una vecina a este diario, revelando sin querer una pista sobre lo que, presuntamente, continúa ocurriendo. Mientras tanto, y paralelamente a ese silencio, la investigación judicial continúa abierta: la jueza del Juzgado de Cangas de Narcea ha decidido prorrogarla seis meses más, una medida que también aplica en otro caso cercano, referente al accidente mortal ocurrido en esa misma mina en agosto de 2022.
Esa fatídica mañana de marzo, una explosión de grisú en la mina –propiedad de Blue Solving, vinculada a Chus Mirantes– segó la vida de cinco residentes de la zona (Jorge, Amadeo, Rubén, David e Iván). También dejó secuelas profundas en otros cuatro, especialmente en dos: un guaje de Cerredo, con el cráneo fracturado, media cara quemada y actualmente en tratamiento psicológico; y un hombre de Villablino, veterano en labores mineras, que ahora vive con miedo permanente.
Un año después, las consecuencias tangibles son escasas. Por un lado, la renuncia de Belarmina Díaz quince días tras el accidente, entonces consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias, interpretada como un intento de crear un cordón sanitario alrededor del Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) y sus posibles responsabilidades en lo ocurrido «en el peor de los chamizos», tal como lo definió Díaz. Por otro lado, el cierre de la investigación iniciada por la administración asturiana el 17 de marzo, cuyo informe concluyó que la mina funcionaba con una actividad «clandestina», en una zona prohibida para la extracción de carbón y donde, además, se «ignoraban por completo las medidas de seguridad y la organización del trabajo».
A esta versión se suman 12 audios aportados como prueba en el proceso. Fueron enviados por el minero fallecido Jorge a su novia Jenny en los días previos al desastre. «Ya cargué 10 camiones. Puta que les parió. Desde las 7:20 sin parar», dice en uno; en otro confirma la actividad ilegal: «voy a bajar el carbón del tercero pa’ ahí», afirma, «ahora no hay tantos camiones, pero cuando empiecen otra vez, cuando se pueda sacar bien el carbón y empiecen a venir, ya verás». «Y luego la mina, pues mal. Estoy hasta los huevos porque no están haciendo las cosas bien y va a haber una desgracia, ¿sabes? Por las prisas del carbón. Carbón, carbón, quieren comerse el mundo y no sé qué pretenden. Va a pasar algo serio y… estoy hasta los huevos. No me apetece ser portada de ninguna revista, ni del periódico, ni de nada. Y va a pasar algo grave, serio. Les dicen las cosas y el tonto soy yo…», comenta sobre lo que sucedía en aquel «chamizo, una mierda».
La mina cerró en 2018 debido a la política de descarbonización impuesta desde Bruselas. La empresa propietaria entonces, Minera Astur Leonesa, de Rodolfo Cachero, recibió una compensación pública de 6,2 millones por ello. Sin embargo, en 2021 Combayl –con la esposa de Chus al frente porque él no podía figurar oficialmente por una condena previa– asumió la gestión tras abonar 975.000 euros. Con ese pago adquirió los bienes, derechos y chatarra de la mina, así como el compromiso de devolver la indemnización recibida por Cachero en caso de que se reanudara la explotación.
A partir de ese momento comenzó un entramado de permisos y supuestas ilegalidades para las que la mayoría de vecinos decidió cerrar los ojos, a excepción de tres personas que alertaron en distintos momentos entre 2022 y 2024: un guarda de Medio Natural, el ex concejal de Foro Asturias Miguel Ángel Fernández, y una tercera persona que, mediante correo electrónico, denunció la extracción ilegal de carbón en varias capas de la mina, aportando incluso fotografías que lo evidenciaban. «Veía movimientos sospechosos, como cuando me topé con unos chicos introduciendo madera [empleada para apuntalamientos o refuerzos para prevenir derrumbes], tenía que actuar con responsabilidad en mi cargo político y exigir seguridad y legalidad», explica sobre su decisión de denunciar públicamente la explotación en el sexto nivel de la mina durante un pleno del Ayuntamiento en abril de 2022.
Para aquel entonces, en el pueblo Chus ya representaba una esperanza de crecimiento económico. Este señor del carbón, prácticamente sin presencia gráfica –ni siquiera de su arresto en 2014 por introducir 390 kilos de cocaína en el puerto de Gijón–, supo explotar las grietas administrativas y la necesidad de otros. Poco importaron las advertencias porque el 25 de agosto de 2022, con Combayl al mando, un trabajador falleció y otro, Enrique, perdió una pierna tras volcar el camión con el que bajaban carbón –aunque sólo tenían permiso para retirar chatarra– desde el sexto piso hasta la criba. Ese mismo año, un informe de la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación indicaba la existencia de «indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada», pero nunca se tomaron acciones.
El papel de Mirantes en Cerredo ya mostraba señales desde sus inicios. Cuando tomó el control de la mina en 2021, comenzó a desescombrar y retirar chatarra sin contar con las licencias municipales para el movimiento de tierras. «Advertí que debían solicitar los permisos correspondientes y que, además, estaban explotando carbón y nadie parecía enterarse», recuerda Fernández. «Con el permiso para movimientos de tierras iniciaron la bajada de carbón por una vía secundaria». Sin embargo, según la ex consejera Díaz, entre el accidente de agosto de 2022 y el 24 de septiembre de 2024, se realizaron ocho inspecciones y jamás se detectó «actividad anormal ni extracción» en el nivel tercero, lugar del accidente en 2025. En cambio, los habitantes del pueblo aseguran que se trabajó en cuatro de los seis niveles. Dos quedaron fuera: uno inhabilitado por un antiguo derrumbe y otro, el sexto, operativo sólo en épocas de buen tiempo para evitar filtraciones de agua. «Si no están allí continuamente, ¿cómo pueden inspeccionar?», se pregunta Fernández, «avisando con tiempo se pueden ocultar las cosas o guiar a los inspectores donde quiera uno».
Su segundo movimiento consistió, presuntamente, en presentar carbón con alto contenido en antracita –caracterizada por su elevada capacidad calorífica, porosidad y grado de grafitización– para lograr la concesión de un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC). Sin embargo, tras el accidente de 2022 y el escrutinio sobre Combayl, la familia Rodríguez decidió transferir los activos a Blue Solving, formalmente a nombre del hijo, Adrián. «Todos sabemos que lo que quedaba era pura hulla», comenta Fernández, quien trabajó en dichos túneles más de 11 años antes del 2000. En un plazo sorprendentemente corto de 33 días, en 2024 se obtuvo autorización de Minas, válida por 24 meses. Esta permitía extraer 60.000 toneladas de material en una «prueba industrial» en dos capas distintas a las de las muestras entregadas, con dos condiciones: presentar un plan de labores y prohibir la venta del «material carbonoso». «Se dice que ese carbón se transportaba a la mina de Tormaleo (Ibias) para mezclarlo», relata el ex concejal, «pero puedo asegurar que aquí se pesaba y se vendía el carbón a los vecinos». «Al día podían llegar a llenar 11 volquetes de 1.900 kilos«, calcula.
No todos permanecieron impasibles ante lo que ocurría en Cerredo. Entre los que observaron con sospecha figura Vitorino Alonso, conocido durante años como el rey del carbón, con una trayectoria marcada por conflictos administrativos y litigios que lo hacen conocedor de ciertas prácticas del sector. Fue esta familiaridad con los márgenes legales la que llevó a su empresa Promining, 15 días antes del accidente de marzo, a denunciar ante el MITECO y el Gobierno de Asturias el «burdo engaño» de Blue Solving. «No existe en el yacimiento de Cerredo ningún carbón de altas prestaciones. En 2008, el IRMC realizó un análisis exhaustivo de todos los yacimientos en explotación, incluido Cerredo. Las capas de carbón no son aptas para coque ni para grafito», afirmaba el informe.
El clan de Mirantes no solo sacó provecho con la venta ilegal de carbón; tres meses antes del accidente, Blue Solving solicitó al Instituto de Transición Justa (ITJ) una ayuda de 3.000 millones, de la cual se otorgaron 927.668 euros para una planta de subproductos mineros «no derivados del carbón», según el MITECO. En el pueblo aseguran que para esa instalación –de la que aún se conservan restos en el complejo minero a la entrada del pueblo– trajeron a varios trabajadores extranjeros para fabricar briquetas a partir del polvo de carbón, como muestra la imagen que acompaña este reportaje. Actualmente, el Gobierno, a través del ITJ y el MITECO, sostiene que no tuvo conocimiento de actividad extractiva de carbón en Asturias hasta marzo de 2025, tras el accidente en Cerredo, y que dicha actividad ni siquiera aparecía en las estadísticas mineras elaboradas con datos autonómicos.
«El cierre de las minas nos mató –dice un vecino–, pero que pague quien tenga que pagar». Mientras tanto, a Chus le han embargado de forma cautelar «inmuebles y participaciones» por un valor de 1,1 millones de euros para resarcir lo irremediable en la existencia de nueve familias. Recientemente se conoció que, durante siete años, se había registrado como «picador» en otra mina (Miura) de su propiedad, con la intención de evadir las cotizaciones a la Seguridad Social.
«La mina ye la puta que la parió», repite sin cansancio Fernández a los pies de la entrada al pozo. Y a pesar de su crudeza, pide no posar frente a ella «porque por ahí sacaron a los cinco», pues ese lugar sigue siendo una herida y el recuerdo todavía duele.