El PP dirigirá un comité conjunto Congreso-Senado encargado de supervisar la regularización masiva de inmigrantes, con Edurne Uriarte como presidenta y una mayoría garantizada gracias al respaldo de Vox.
Dicho comité tendrá la capacidad de solicitar datos a las Administraciones públicas y convocar a autoridades y expertos para elaborar un informe sobre las consecuencias de esta regularización.
Los informes mencionados alertan sobre posibles riesgos para la seguridad nacional, incluyendo la entrada de individuos relacionados con actividades delictivas o terroristas y la posible utilización estratégica de los flujos migratorios.
Desde el Gobierno se sostiene que la regularización autoriza únicamente el trabajo en España, mientras que socios europeos expresan inquietudes respecto a un posible «efecto llamada» y la circulación dentro de la UE.
El PP ha logrado, con los votos de Vox y la ausencia de diputados de Junts y PNV, que la Comisión Mixta del Congreso y Senado de Seguridad Nacional cree un comité para estudiar las repercusiones del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes bajo el marco de «seguridad nacional».
Este comité estará encabezado por la diputada del PP Edurne Uriarte, e incluirá a diputados y senadores de todas las formaciones, aunque, por tratarse de un voto ponderado según representación, el PP y Vox contarán con mayoría.
El comité («ponencia» en términos parlamentarios) se encargará de redactar un informe sobre la regularización masiva aprobada por el Gobierno y podrá solicitar «la información y documentación necesaria a las Administraciones públicas».
Asimismo, tendrá la potestad de requerir comparecencias de autoridades, funcionarios y «cualquier persona y entidad competente en la materia».
La ponencia debe finalizar su trabajo dentro del actual periodo de sesiones, es decir, antes de julio, y su informe final será remitido a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para su votación.
Esto supone que las funciones del comité arrancarán próximamente y se desarrollarán simultáneamente con el plazo de la regularización extraordinaria, que se extenderá desde principios de abril hasta el 30 de junio.
De hecho, a pocos días del inicio —hoy 1 de abril— el Gobierno aún no ha fijado una fecha para comenzar el proceso de regularización, mientras la oposición lo acusa de falta de planificación.
Este martes, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se limitó a afirmar que el Gobierno sigue «el calendario previsto», sin dar más detalles.
El documento aprobado por PP y Vox censura que el Gobierno haya impulsado la regularización «sin una evaluación real del impacto en sanidad, educación, vivienda o servicios sociales».
También subraya que esta concesión de permisos masiva «desincentiva las vías legales y ordenadas de entrada» al país.
Por ello recuerdan que «esta regularización masiva contraviene los principios del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se basan en el control efectivo de fronteras, responsabilidad compartida y cumplimiento normativo». Esto ha generado malestar en varios socios europeos, preocupados por un posible «efecto llamada».
La más reciente controversia ocurrió esta misma semana, cuando el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, aclaró que la regularización no concede libertad de movimiento entre países miembros y que quienes salgan serán retornados a España.
Estas afirmaciones fueron recogidas por Moncloa, ya que este martes Elma Saiz precisó que «la regularización afecta exclusivamente a la autorización para trabajar en España», descartando cualquier libre circulación dentro de la UE.
Informes de Seguridad
Como ejemplo de la documentación que podrá solicitar la ponencia, en la exposición de motivos del texto aprobado se cita un análisis de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) de la Policía Nacional.
El informe calcula que cerca de 1,3 millones de extranjeros podrían beneficiarse de la regularización, cifra superior a los 500.000 estimados por el Gobierno. Este aumento se justifica por las posibles «reagrupaciones familiares».
También alerta que esta medida «podría facilitar la entrada y posterior regularización de individuos vinculados a actividades criminales o potencialmente terroristas».
Esto se atribuye «a la laxitud en los requisitos exigidos y a la dificultad práctica para verificar antecedentes penales o policiales».
Además, se menciona el último Informe Anual de Seguridad Nacional, correspondiente a 2024, que señala que las redes de inmigración irregular pueden «coexistir con la financiación» de «otras actividades delictivas», exponiendo a España a varios riesgos.
Entre los riesgos se indica que terceros estados «pueden utilizar los flujos migratorios como instrumento en un contexto geoestratégico tenso».
Además, advierte que estas situaciones «pueden ser herramientas para desestabilizar instituciones», que «la vulnerabilidad de migrantes irregulares puede ser explotada en procesos de radicalización» o que «la inmigración irregular puede ser usada para infiltrar elementos terroristas».