El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) solicitando la revocación del acuerdo que restringe el uso de las instalaciones deportivas municipales para eventos de la comunidad musulmana local, argumentando que dicha medida vulnera la libertad religiosa.
Según declaraciones de fuentes oficiales del Ejecutivo, el requerimiento, impulsado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa vigente permite el uso del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que considera que “las razones objetivas aducidas carecen de fundamento”.
Desde el Ejecutivo se señala que “se limita arbitrariamente” una celebración tradicional que se ha venido realizando durante años, infringiendo así el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana.
Asimismo, se opina que la resolución adoptada también vulnera el derecho común de uso igualitario para todos los ciudadanos, y que se ha producido una desviación de poder al emplear la competencia municipal con fines ideológicos ajenos al interés general, tal como señala el documento al que accedió la agencia Efe.
«No cabe duda de que el acuerdo cuya revocación se solicita constituye una desviación de poder, utilizando la autoridad municipal para impedir injustificadamente las celebraciones religiosas musulmanas, disfrazando esta restricción bajo una regulación sobre el uso de instalaciones deportivas municipales; sin embargo, bajo esa apariencia formal se oculta claramente una infracción al Derecho fundamental a la libertad religiosa”, indica el requerimiento.
En un mensaje publicado en X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respaldó la medida adoptada por el Gobierno: «Ante la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Detendremos sus iniciativas ultraconservadoras, tal como hicimos frente a las trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia», afirmó Bolaños.
La Delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, declaró que desde el Ejecutivo “combatirán con determinación política y judicial cualquier avance hacia el autoritarismo”.
«Finalidad ideológica»
El Gobierno entiende que la corporación municipal no busca restringir el uso de las instalaciones deportivas exclusivamente a actividades deportivas, sino que pretende excluir la celebración de festividades religiosas que se realizaban allí, especialmente las musulmanas que se habían celebrado periódicamente en estos espacios.
Se argumenta que excluir actos religiosos sin contar con evidencia de perturbación del orden público ni conflictos en el uso de las instalaciones constituye una restricción injustificada al ejercicio colectivo del culto, y se subraya que la limitación de derechos fundamentales debe estar debidamente motivada, sustentada en criterios objetivos y sometida al control de proporcionalidad, según lo establece el Tribunal Constitucional.
“La justificación real del acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla no responde a razones técnicas ni organizativas, se desvía de los criterios legales para la gestión del uso de bienes públicos y, además, obedece exclusivamente a una finalidad ideológica de exclusión religiosa, reconocida expresamente por sus promotores”, indica el escrito firmado por la delegada de Gobierno en la Región de Murcia, María Dolores Guevara.
La motivación del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Jumilla del 28 de julio de 2025 revela una violación al principio de neutralidad religiosa de la Administración, que debe garantizar el uso equitativo de espacios públicos, sin favorecer ni perjudicar el ejercicio de derechos según la confesión religiosa implicada.
Por estas razones, se exige a la corporación local que anule el acuerdo, que modificaba el reglamento sobre el uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales excluyendo actos religiosos externos a la corporación, por ser contrario al marco jurídico vigente.