Diversas comunidades autónomas han implementado o propuesto la eliminación total o parcial del coste de la matrícula universitaria como una estrategia electoral para retener a la población joven.
Castilla-La Mancha, Asturias y La Rioja ya otorgan el primer año de universidad sin coste, mientras que Andalucía, Galicia y Extremadura aplican descuentos de hasta el 99% del precio si se cumplen criterios académicos específicos.
Otras zonas, incluyendo Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón, han anunciado o planteado medidas similares para facilitar la entrada a la universidad y competir por conservar el talento local.
Esto genera un mapa desigual en España, donde el precio universitario varía según la autonomía, determinado por políticas regionales y el lugar de residencia del alumno.
La educación obligatoria en España — Infantil, Primaria y Secundaria — se ofrece gratuitamente como uno de los fundamentos del Estado de bienestar.
A partir de ese nivel, la universidad tradicionalmente ha estado excluida del coste cero para las familias, presentando tarifas públicas que varían según la comunidad autónoma y complementándose con ayudas económicas.
Sin embargo, este equilibrio comienza a cambiar. Múltiples regiones han dado un paso hacia adelante y adoptado la gratuidad universitaria —total o parcial— como una bandera política emergente. En ciertas zonas, esta promesa electoral ya se ha materializado.
Este cambio no ocurre por azar. En un escenario donde las regiones compiten por captar estudiantes —especialmente en aquellas con universidades menos saturadas que las de grandes ciudades—, la matrícula gratuita se utiliza como un recurso para anclar a la juventud local.
El punto de referencia lo establece el Estado, aunque sin entrar en detalles. El Real Decreto 201/2024, de 27 de febrero, regula el sistema general de precios públicos universitarios y el mecanismo de compensación para las universidades. Es decir, define límites, pero deja que las comunidades dirijan la política concreta de precios.
Ahí empieza la divergencia. Algunas comunidades, como Andalucía, premian a los alumnos destacados (los que aprueban todas sus materias en el primer año), otras conceden ventajas a estudiantes extranjeros, como Madrid con alumnos latinoamericanos; y, por último, hay quienes cubren el primer año si se permanece en la región natal.
Andalucía, Galicia y Extremadura
Con las elecciones de Andalucía próximas el 17 de mayo, destaca el modelo andaluz, que propone una especie de beca basada en la excelencia.
La Junta, liderada por Juanma Moreno, mantiene un descuento del 99% para créditos aprobados en matrícula inicial, contemplado en decretos anuales como el Decreto 98/2023, del 2 de mayo.
En la práctica, el estudiante abona el primer año, pero si cumple con los requisitos, el coste del siguiente curso se reduce prácticamente a cero. No se trata de una beca vinculada a la renta: se aplica automáticamente según el rendimiento académico, sin importar su origen.
Este modelo se replica en Galicia, donde la Xunta bonifica el 99% de la matrícula universitaria (primera inscripción) para estudiantes de grado y enseñanzas artísticas superiores en centros públicos desde el curso 2024-25.
Similar al esquema andaluz, se exige aprobar un porcentaje mínimo de créditos (65% generalmente, o aprobar el 90% el año previo para renovaciones) y no depende del nivel de ingresos.
Estos sistemas están vigentes también en Extremadura desde el curso 2019-2020. La última actualización, publicada en el portal de transparencia de la Junta para este año académico, mantiene la bonificación del 99% sobre créditos aprobados en primera matrícula para estudiantes de la Universidad de Extremadura.
La bonificación cubre a estudiantes de grado y máster en títulos oficiales de la UEx y sus facultades adscritas, aplicándose a créditos aprobados en primera matrícula durante el curso y, en máster, también en los dos cursos previos consecutivos.
La Junta financia los 3,6 millones de euros anuales que representan el ahorro para los estudiantes extremeños.
Gratuidad total en tres comunidades
El debate se centra ahora en la gratuidad del primer curso. Más de una autonomía observa esta iniciativa tras la implementación por parte de Castilla-La Mancha, Asturias y La Rioja.
En la comunidad gobernada por Emiliano García Page, la orden de precios públicos para el curso 2025-2026, publicada en el Diario Oficial regional, declara la gratuidad de la primera matrícula en grados y dobles grados.
Esta medida aplica para la Universidad de Castilla-La Mancha y el campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, financiándose mediante contratos-programa con ambas instituciones.
Asturias sigue esta línea. El Ejecutivo de Adrián Barbón anunció que desde el curso 2025-2026 el primer año será gratuito en la Universidad de Oviedo.
Además, introduce un elemento innovador: si el estudiante mantiene su rendimiento académico, podrá extender esta gratuidad a lo largo de su carrera, avanzando hacia un modelo progresivo de coste cero.
El Principado de Asturias presenta unas de las matrículas más económicas, aunque aún no logra los resultados esperados. Con esta medida, que ignora la renta, se busca aumentar la matrícula.
En La Rioja sucede algo similar. El modelo de primer curso gratuito en la Universidad de La Rioja y la UNED lleva un año activo, beneficiando a cerca de 700 estudiantes, según cifras del Gobierno de Gonzalo Capellán.
Actualmente, el presidente ha anunciado la ampliación de esta subvención al segundo curso universitario, además de incluir a la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, un centro dedicado a las enseñanzas artísticas superiores.
Promesas electorales
Así, las regiones disponen de dos estrategias para contrarrestar la movilidad estudiantil que suele dirigirse a las grandes urbes: cubrir la matrícula si el alumno aprueba todas las asignaturas o que el primer año no implique coste alguno.
Bajo estas premisas, otras comunidades están valorando sumarse a esta tendencia. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que ya ha anunciado la gratuidad para el próximo curso. Su modelo replica al andaluz, reembolsando la matrícula a alumnos que superen todas las materias.
Sin embargo, el plan del Gobierno valenciano va un paso más allá: incluirá compensaciones para estudiantes de universidades privadas, equivalentes al costo público, aunque esta medida sigue pendiente de desarrollo reglamentario.
Por eso, no resulta extraño que en las recientes elecciones Alfonso Fernández Mañueco y Jorge Azcón hayan prometido la gratuidad de la primera matrícula en las universidades de Castilla y León y Aragón, respectivamente.
En el caso de Mañueco, fue su anuncio inicial de campaña. El 10 de febrero comunicó que la primera matrícula en las universidades públicas regionales será gratuita para empadronados en Castilla y León a partir del curso 2026-2027.
«Es una medida decidida para facilitar oportunidades a la juventud y ahorrar a las familias, destinada a retener talento en la región y ponerlo al servicio de los sectores productivos», explicó.
Una situación parecida se vivió en la campaña en Aragón, donde Jorge Azcón prometió desde el segundo día que, si resulta reelegido, promoverá la matrícula gratuita para todos los jóvenes que ingresen en la Universidad de Zaragoza tras aprobar la PAU.
Azcón también abrió la posibilidad de extender la gratuidad a cursos adicionales basándose en méritos de «excelencia, esfuerzo y sacrificio». No entró en detalles.
El resultado es un mapa desigual, donde el acceso a la universidad puede ser casi gratuito o seguir representando un gasto significativo, consistente con la residencia del estudiante.
Lo que empezó como una política para reducir tasas tras la crisis se ha transformado en una competición territorial por ofrecer universidad gratuita —al menos en parte— utilizada como gancho electoral y herramienta territorial.
«Que el talento permanezca en la comunidad y no migre a las metrópolis». «Que los jóvenes permanezcan en su hogar». Estos son los lemas defendidos por las regiones que, año tras año, aumentan su inversión en esta educación superior.