Pablo Crespo, identificado como el ‘número dos’ dentro de la red Gürtel y persona cercana a Francisco Correa, ha conseguido la libertad condicional tras cumplir nueve años de cárcel.
En 2018, Crespo recibió una condena de 37 años y 6 meses, que el Tribunal Supremo redujo a 36 años y ocho meses en 2020.
Durante su encarcelamiento, estudió Derecho en la UNED y alcanzó el tercer grado en 2023, lo que le posibilitó iniciar su actividad laboral en el despacho Durán & Durán Abogados.
Crespo admitió ante el tribunal los cargos que se le imputaban en la trama Gürtel, incluidos el blanqueo de capitales y la concesión irregular de contratos públicos.
Pablo Crespo, identificado como el número dos en la estructura de la trama Gürtel y hombre de confianza de Francisco Correa, ha obtenido la libertad condicional.
Así lo ha decidido el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, información a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Como señaló previamente este medio, Crespo, quien fue también secretario de Organización del PP gallego, recibió el tercer grado en marzo de 2023.
Esto le permitió salir de la prisión durante el día, regresando a dormir al centro penitenciario. Gracias a este régimen, comenzó a trabajar en el bufete Durán & Durán Abogados, liderado por su abogado y amigo Miguel Durán.
Crespo realizó la carrera de Derecho desde la cárcel, matriculándose en la UNED, una universidad a distancia.
Tras cumplir un total de nueve años en prisión, tanto en fase provisional como tras la condena, Crespo ha logrado la libertad condicional.
Su nombre forma parte de la reciente historia judicial española. En la sentencia relacionada con la llamada Época 1 (1999-2005) de la red Gürtel, la Audiencia Nacional impuso en 2018 una condena a Pablo Crespo de 37 años y 6 meses de prisión.
Posteriormente, en 2020, el Tribunal Supremo rebajó ligeramente la pena a 36 años y ocho meses.
Según los hechos probados de dicha sentencia, el exsecretario de Organización del PP gallego actuó como número dos del Grupo Correa, el conjunto empresarial vinculado al líder de la trama, Correa. Gracias a esto, las empresas adjudicatarias obtuvieron contratos públicos de forma irregular.
En esa misma sentencia, por primera vez, el Partido Popular fue encontrado responsable como beneficiario a título lucrativo de los actos electorales financiados por las empresas del Grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, durante las campañas de Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda como candidatos a la alcaldía. El partido fue condenado a abonar más de 240.000 euros.
«Un apestado social»
El pasado 21 de octubre, en el último juicio relacionado con la trama Gürtel, Crespo reconoció ante el tribunal todos los delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción, al igual que hizo Francisco Correa un día antes.
En esa instancia, se juzgaban delitos asociados al blanqueo de capitales provenientes de los beneficios ilícitos de la red.
Crespo detalló las gestiones realizadas durante años para Correa, como sus intentos de facilitarle la nacionalidad panameña para evadir impuestos en España. Aunque este trámite no se concretó, Correa nunca tributó en España desde 1999.
Crespo también aceptó haber colaborado en la ocultación en el extranjero del patrimonio adquirido de manera «claramente ilícita». Específicamente, esto se logró mediante el pago de comisiones ilegales a distintas Administraciones controladas por el PP, a cambio de la adjudicación fraudulenta de contratos a las empresas del Grupo Correa.
«Soy un apestado social a causa de mis actos, aunque antes no lo era», admitió Crespo, antes de asegurar que su «colaboración» con la Justicia le brindó «un alivio».
«Confesar, cooperar y revelar todo lo que he hecho es un alivio», expresó. «He sido, junto con el señor Correa, el principal responsable de los delitos aquí expuestos», reconoció ante el tribunal de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sentándose por última vez en el banquillo de los acusados por la trama Gürtel.