La propuesta del Ministerio de Función Pública para reducir la jornada semanal de los trabajadores de la Administración central ya contaba con el apoyo de UGT y CCOO, a los que ahora se suma CSIF
El Gobierno ha obtenido el respaldo de UGT, CCOO y CSIF para implementar la reducción de la jornada semanal a 35 horas en la Administración central, según informó El País. Se espera que el acuerdo, que ya cuenta con la conformidad de los tres sindicatos principales, se firme en la mesa de negociación de la Administración General del Estado (AGE) convocada para este viernes. Esta medida beneficiará a aproximadamente 250.000 funcionarios en España y entrará en vigencia en la primera mitad de abril, conforme detalló el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.
La iniciativa, que se basa en el modelo de diversas comunidades autónomas donde ya rige para empleados públicos, exigirá la colaboración de todos los ministerios y se consensuará con las organizaciones sindicales. El objetivo es equiparar las condiciones laborales de los trabajadores públicos a nivel nacional, satisfaciendo una demanda histórica de los sindicatos. El Gobierno, por su parte, confía en que esta medida potencie el bienestar laboral dentro del sector público y garantice una implementación ordenada gracias al acuerdo con los representantes sindicales.
En la última reunión para negociar la instauración de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), UGT fue el primero en aprobar el acuerdo. CCOO, por su parte, decidió analizar detalladamente la propuesta antes de pronunciarse, y finalmente expresó su apoyo en una reunión interna realizada al día siguiente.
El aval de CSIF dependía de que la reducción horaria incluyera a empleados con jornadas especiales y colectivos específicos, como el personal de instituciones penitenciarias y los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla. Este sindicato, que tomó su decisión en una reunión interna celebrada ayer, exigía que la disminución de horas se aplique sin excepciones en todos los sectores afectados dentro de la AGE.
Una demanda sindical histórica
Actualmente, la jornada laboral del personal de la Administración General del Estado se mantiene en 37,5 horas semanales, cifra que contrasta con la de diversas administraciones autonómicas y locales que, desde los años noventa, han adoptado la jornada de 35 horas. A nivel estatal, la reducción nunca se implementó plenamente, y la crisis financiera de 2012 profundizó esta situación, dado que los recortes impidieron tanto mantener como establecer la jornada reducida en todas las administraciones públicas.
La prohibición de establecer jornadas inferiores a 37,5 horas estuvo vigente hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en 2018. A partir de ese momento, diversas comunidades autónomas y ayuntamientos empezaron a recuperar progresivamente la jornada de 35 horas. No obstante, la Administración General del Estado había permanecido excluida de esta recuperación hasta ahora.
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