Vox ha expulsado a Iván Espinosa de los Monteros tras iniciar un expediente disciplinario, en medio de tensiones internas severas y a escasos días de las elecciones en Andalucía.
Los detractores dentro del partido, entre ellos Javier Ortega Smith y Juan García-Gallardo, acusan a la dirección nacional de opacidad y de articular una red de entidades no transparentes ligadas a intereses económicos.
Se denuncia que ciertos integrantes han convertido Vox en un negocio propio, obteniendo contratos millonarios para servicios de asesoría y realizando pagos a familiares del presidente Santiago Abascal.
La dirección nacional de Vox defiende la expulsión argumentando que no es tolerable que miembros actúen en contra de los intereses del partido, comparando esta situación con la gestión de una empresa privada.
Las purgas internas junto a los escándalos financieros han provocado una crisis en Vox justo antes de las elecciones andaluzas previstas para el 17 de mayo.
El exsecretario general Iván Espinosa de los Monteros informó ayer que el Comité de Garantías ha iniciado un expediente disciplinario con una propuesta de expulsión en su contra.
Esta medida ya ha sido aplicada recientemente contra Javier Ortega Smith (también exsecretario general), el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo y el expresidente del partido en Murcia José Ángel Antelo.
La dirección nacional ha justificado estos procedimientos argumentando que «lo que sucede no sería aceptado en ninguna empresa privada. ¿Quién toleraría que un empleado trabaje para destruir esa empresa?», cuestionaron.
Según esas fuentes, el debate interno es «saludable», pero «los medios no son el lugar apropiado» para llevarlo a cabo.
Iván Espinosa es uno de los promotores del manifiesto —que ya cuenta con el respaldo de más de 2.000 personas— que exige la convocatoria de un Congreso extraordinario abierto a todos los afiliados para revisar la estrategia política y diferentes áreas de gestión del partido.
El manifiesto refleja la inquietud de los críticos ante la «existencia de una red paralela de entidades opacas, ignoradas por la mayoría de afiliados, con escaso escrutinio y vinculadas a intereses e intercambios económicos que demandan mayor transparencia«.
También critica el «giro hacia el estatismo y el obrerismo», así como la «orientación republicana y antimonárquica» asumida por la dirección nacional en su discurso.
Entre los firmantes figuran los exdiputados nacionales Javier Ortega Smith (quien también fue secretario general), Rubén Manso, Rocío Monasterio, Juan Luis Steegmann y el general Agustín Rosety.
En redes sociales, el eurodiputado de Vox Jordi Buxadé afirmó este jueves que los críticos actúan como «peones de Génova y Ferraz«, acusándolos de perjudicar al partido con «mentiras e insidias».
«Cuando tus mentiras, insidias, tergiversaciones y ataques desmedidos e injustos hacia tu propio partido», declaró Buxadé en su cuenta de X, «se convierten en alimento para la prensa del régimen bipartidista, fortalecen a Sánchez en el Parlamento y ocultan la corrupción masiva que está devastando España, proporcionando oxígeno al gobierno más corrupto e indigno de la historia del país, es momento de reconocer que eres un peón de Génova y Ferraz».
Por su parte, el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, pidió a los exdirigentes descontentos que «cesen de manchar al único partido libre de corrupción».
No obstante, los críticos no piensan guardar silencio. En declaraciones a Cuatro, Ortega Smith subrayó este jueves que la mayoría de afiliados, simpatizantes y votantes de Vox son «personas honestas, sensatas y coherentes con sus convicciones, que aman a España y continúan creyendo que somos la única opción frente a las falsedades del PP y al partido del crimen organizado, el PSOE».
Sin embargo, denunció que «ciertos individuos han apropiado este proyecto, transformándolo en su negocio particular».
Ortega Smith se refirió a «tres o cuatro» personas que «han convertido esto en la gallina de los huevos de oro, haciendo del partido su forma de vida» con comportamientos que a su juicio «no parecen éticos ni compatibles con nuestros principios, y tampoco parecen legales«.
El fundador de Vox mencionó específicamente a Kiko Méndez-Monasterio, quien, según afirmó, «cobra 1.000 euros diarios mediante una sociedad pantalla» por asesorar al presidente Santiago Abascal.
Ortega Smith se refería así al contrato por el que Vox paga cerca de 320.000 euros anuales a la consultora Tizona Comunicación SL, fundada por Gabriel Ariza Rossy (hijo del creador de Intereconomía, Julio Ariza), y actualmente dirigida por Kiko Méndez-Monasterio.
«Son dos de los que más negocios han realizado, aunque hay algunos más», indicó Ortega Smith al ser preguntado sobre ellos en la entrevista.
«Hay tres o cuatro que forman un grupo», añadió, «que han decidido que esto es su mejor fuente de ingresos. Un negocio en el que fracasaron en sus vidas anteriores, porque varios han sido empresarios quebrados, sancionados por fraude fiscal o por impagos a sus trabajadores».
En otros casos, señaló Ortega Smith, se trata de «profesionales sin éxito que no pueden presentar un historial laboral porque nunca trabajaron para ninguna empresa o quebraron lo que emprendieron».
Según informó EL ESPAÑOL, el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid condenó a Julio Ariza a pagar 4.492.011 euros por negligencia en la quiebra de Intereconomía y le prohibió administrar bienes ajenos durante dos años.
Otra empresa fundada por su hijo Gabriel Ariza, la Editorial Ivat SL, abona 63.600 euros anuales a la esposa de Abascal, la influencer Lidia Bedman por servicios relacionados con redes sociales, según reveló El Confidencial.
En declaraciones a Cuatro, Ortega Smith solicitó retomar la promesa de Vox de eliminar las subvenciones públicas a los partidos políticos.
Porque, argumentó, «se ha comprobado que dichas subvenciones son las que finalmente convierten a los partidos en agencias de colocación y entramados clientelares«.
Por su parte, el expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, reveló que la mencionada Editorial Ivat le envió un requerimiento para que rectifique, tras calificar de «sobresueldo familiar» los pagos que la esposa de Abascal percibe de esa empresa.
En su respuesta, García-Gallardo explica que Santiago Abascal y Lidia Bedman están casados bajo régimen de «gananciales», por lo que comparten bienes y beneficios.
El exvicepresidente de la Junta opina que Abascal podría haber incurrido en un «conflicto de interés» debido a los pagos del partido a empresas de la familia Ariza que, a la vez, remuneran a su esposa.
García-Gallardo se refiere al artículo 6.1 del Código de Conducta de Vox, donde se estipula que existe conflicto de interés cuando los intereses personales de cualquier cargo público, empleado, afiliado o voluntario del partido están en conflicto con los mejores intereses de Vox.
Por ello, añade ese Código, «los miembros de Vox deben mantener imparcialidad para evitar conflictos de interés y abstenerse de intervenir en decisiones donde tengan interés personal directo o indirecto».