El PP de Extremadura califica de «machista» la pregunta planteada por el PSOE a María Guardiola sobre cuándo espera obtener permiso para constituir gobierno.
Los populares acusan al PSOE de intentar desacreditar y menospreciar la autoridad de Guardiola, relacionando la cuestión con una supuesta tutela política.
La controversia surge en la fase final de las negociaciones entre PP y Vox para la investidura de Guardiola, tras haber alcanzado un preacuerdo programático.
El control de la central nuclear de Almaraz y un cronograma de reformas figuran como puntos esenciales en el convenio PP-Vox, mientras el PSOE reclama una repetición electoral.
El Partido Popular de Extremadura ha convertido en arma política una pregunta formulada por el PSOE dirigida a María Guardiola: «¿Cuándo prevé obtener el permiso para formar gobierno?».
Los populares denuncian que dicha pregunta es «machista» y constituye un intento consciente de «humillar» a la presidenta de la Junta, poniendo en duda su independencia.
El portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, acusa al PSOE de confundir «el control al Gobierno» con «preguntas de carácter machista», mientras simultáneamente busca entorpecer las negociaciones con Vox.
«Esa es una pregunta machista que ningún político plantearía si la presidenta fuera un hombre«, afirma, para luego enfatizar que «a la presidenta Guardiola nadie debe otorgarle permiso alguno».
Según Sánchez Juliá, el PSOE tiene «internalizado» que «o gobiernan ellos o nadie más puede gobernar en Extremadura». Por ello, encuadra esta y otras acciones, como la solicitud de repetición electoral, dentro de una estrategia para impedir el acuerdo programático que PP y Vox han comenzado a construir.
El dirigente popular destaca que Guardiola está realizando «un trabajo detallado para que Extremadura disponga del gobierno que le corresponde», frente a socialistas que, en su opinión, pretenden someterla a algún tipo de tutela política.
En este contexto, la referencia al «permiso» se interpreta como un intento de disminuir su autoridad y mostrar a la presidenta como dependiente de terceros.
Un acuerdo próximo
Sánchez Juliá subraya, además, que «tanto el Partido Popular como Vox realizaron un trabajo serio y minucioso» durante la última reunión para «establecer una negociación» y avanzar hacia un gobierno «estable y próspero durante los próximos cuatro años».
La denuncia sobre la «pregunta machista» se usa por el PP para unir fuerzas alrededor de Guardiola y fortalecer la narrativa de que las conversaciones con Vox progresan a pesar de los obstáculos que, según acusan, impone el PSOE.
La controversia estalla en la fase final de unas negociaciones que ya alcanzan un momento crucial. PP y Vox han cerrado un preacuerdo programático que allana el camino para la investidura de Guardiola, aunque aún no han definido en detalle la distribución de cargos en el próximo Ejecutivo extremeño.
Dicho acuerdo preliminar se basa en una postura compartida esencial: la protección de la central nuclear de Almaraz y la oposición al calendario de cierre fijado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Ambas formaciones han logrado superar la desconfianza inicial para alcanzar un consenso sobre la necesidad de «salvar» la planta como símbolo de estabilidad energética y proyecto industrial en la región.
Detrás de la escena extremeña está la estrategia nacional de Alberto Núñez Feijóo, quien estableció el 1 de abril como fecha límite para cerrar los tres gobiernos autonómicos pendientes con Vox: Extremadura, Aragón y Castilla y León.
Mientras tanto, el partido de Santiago Abascal afirma que «no tiene prisa» y mantiene sus demandas para integrarse en los gobiernos regionales.
La negociación en Extremadura se coordina con las conversaciones en otras comunidades y sigue el modelo que Génova ha acordado con sus candidatos: pactos de cuatro años con un calendario de reformas detallado si Vox desea ocupar consejerías.
Guardiola actúa dentro de este marco, consciente de que su situación es especialmente delicada por la hemeroteca de 2023 y por el uso del «feminismo» como instrumento de confrontación tanto por parte del PSOE como de Vox.
Dentro de este escenario, el PP busca aprovechar la expresión «permiso para formar gobierno» para presentarse como víctima de un doble estándar.
Por un lado, denuncia el intento del PSOE de desacreditar sus acuerdos con Vox bajo la bandera del feminismo. Por otro, le reprocha emplear un lenguaje que, según los populares, solo se permite cuando se trata de una presidenta mujer.
Por ahora, las conversaciones con Vox prosiguen con la intención de lograr «un acuerdo pronto, pero que sea sólido» para la investidura.