Las reclamaciones han llegado principalmente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación en España, que ha denunciado los efectos de la prolongación de las medidas implementadas durante la pandemia
La Comisión Europea confirmó este martes que no posee competencia para intervenir en los procedimientos relacionados con el impago de alquiler ni en la ejecución de desahucios dentro de España, dado que estas responsabilidades corresponden a las instituciones nacionales. Esta postura fue reafirmada tras analizar varias solicitudes presentadas durante la reunión de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo celebrada esta tarde.
Las quejas remitidas a la Comisión Europea proceden mayoritariamente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación en España, que actúa como representante de quienes, según han manifestado, padecen los efectos de la prórroga de las medidas adoptadas durante la pandemia, como la suspensión de los desahucios.
La plataforma indicó que estas medidas han generado “inseguridad jurídica” en el sector, trasladando el coste de la protección social a los pequeños propietarios, quienes, según la organización, en ocasiones deben afrontar gastos mientras se limita su derecho de acceso a las viviendas alquiladas.
En relación con la distribución de competencias, el Ejecutivo comunitario reiteró que “la situación de los propietarios de vivienda sigue siendo competencia de los Estados miembro”, enfatizando que tanto la regulación del arrendamiento como la implementación de medidas que afectan contratos y desahucios están bajo la gestión de las instituciones de cada país de la UE.
Las posiciones de los partidos españoles en Bruselas
Ante el debate generado, las posturas políticas reflejaron una división de criterios. Desde el Grupo Popular, la eurodiputada Dolors Montserrat manifestó que se está produciendo una “vulneración del derecho a la propiedad” y defendió la introducción de medidas que permitan desalojos “rápidos y eficientes”. Además, solicitó que el Parlamento Europeo envíe una misión a España para evaluar in situ la magnitud del problema.
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Desde el Grupo Socialista, la eurodiputada Murielle Laurent admitió que existen “situaciones reales” que afectan a los propietarios, aunque matizó que deben analizarse con empatía y considerando el contexto estructural de la crisis de vivienda. Laurent destacó que parte de los desahucios se justifican por situaciones de vulnerabilidad y falta de vivienda asequible.
Por otro lado, el eurodiputado Jorge Buxadé (Vox) criticó la protección vigente a los propietarios, reclamando endurecer las sanciones y realizar desalojos inmediatos, calificando estos casos como “usurpación de la propiedad privada”. Frente a estas posturas, la Comisión reiteró que trabaja en el Plan Europeo de Vivienda Asequible para identificar “modelos y buenas prácticas” que ayuden a fortalecer los derechos de los propietarios y garantizar el equilibrio con los inquilinos.
Las peticiones de la Plataforma de Afectados por la Ocupación
La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación volvió este martes a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, reafirmando su mensaje de “desamparo” hacia las víctimas del fenómeno debido a la legislación vigente en España y denunciando el “desdén” que, según expresan, muestra el Gobierno hacia sus reclamaciones.
A través de un comunicado, el portavoz de la plataforma, Ricardo Bravo, declaró: “Acudir a Bruselas para que el Gobierno se digne a escuchar a las víctimas de la okupación e inquiocupación es una anomalía democrática y una muestra de soberbia”. Según la organización, desde octubre de 2021 solicitan mensualmente reuniones con los Ministerios de Vivienda y Justicia, “sin obtener respuesta alguna”.
Por ello, demandaron que el Gobierno de España asuma su responsabilidad de protección social en lugar de delegarla en los ciudadanos. Al concluir el debate, la comisión decidió mantener abiertas las solicitudes presentadas y requerir información adicional tanto a la Comisión Europea como al Gobierno de España.