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El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estarán presentes en la segunda audiencia del proceso legal que enfrentan en Estados Unidos el próximo jueves 26 de marzo, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El juez Alvin K. Hellerstein debe resolver la moción para desestimar el caso presentada por los abogados de Maduro y Flores, quienes argumentan que el Departamento del Tesoro vulnera su derecho constitucional a la defensa al impedirles el acceso a recursos del Estado venezolano para sufragar los honorarios de sus abogados.
«El gobierno de Venezuela, conforme a sus leyes, está obligado a cubrir los gastos de defensa del señor Maduro», señala la moción entregada el 26 de febrero por el representante legal del exmandatario, Barrick Pollack, ante el tribunal.
Pollack es un abogado estadounidense reputado por su habilidad en litigios, con victorias en casos públicos destacados como la liberación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks.
Su especialidad abarca delitos de cuello blanco, corrupción estatal, seguridad nacional, derecho de la competencia, litigios civiles y apelaciones.
La moción presentada ante el tribunal indica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) otorgó una licencia para que la defensa de Maduro recibiera fondos desde Caracas, a pesar de las sanciones estadounidenses contra las autoridades venezolanas.
«No obstante, de forma unilateral y sin justificación, la OFAC modificó luego dicha licencia, prohibiendo ahora la recepción de fondos para gastos legales provenientes del gobierno venezolano», señala el documento.
«Como resultado, el señor Maduro, quien carece de recursos propios para contratar asistencia jurídica, está siendo privado de su derecho constitucional a elegir abogado».
La Fiscalía respondió rechazando esta moción y negó que se haya violado el derecho a la defensa de los acusados.
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«El juez debe evaluar los argumentos de la defensa, examinar los planteamientos de la Fiscalía y, con base en ellos y en la ley (…), tomar una decisión», mencionó el abogado venezolano Nizar El Fakih en su canal de Youtube, quien sigue de cerca el caso.
Maduro enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para la tenencia de dichos dispositivos.
Flores está acusada de conspiración para importar cocaína, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Ambos se declararon inocentes el 5 de enero, durante la audiencia inicial en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, apenas dos días después de su captura en una operación militar estadounidense en Caracas.
De cara a la segunda audiencia preliminar, Anna Cominsky, directora de la Clínica de Defensa Penal de la Facultad de Derecho de Nueva York, recuerda que si los abogados privados renuncian, los acusados tendrían acceso a defensores públicos.
En esta entrevista, Cominsky explica a BBC Mundo las etapas del proceso judicial que enfrentan Maduro y Flores, actualmente detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
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¿Cuáles son las etapas del proceso judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York?
En un juicio de esta naturaleza, tras la detención y presentación ante el juez, se lleva a cabo la primera audiencia y lectura formal de cargos, etapa que tuvo lugar en enero.
En ese momento, se establece la declaración sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Luego se abre un plazo considerable antes de que, en caso de realizarse, se efectúe el juicio propiamente dicho.
Actualmente, se encuentra en marcha la fase preliminar, donde se plantean diversos puntos ante el tribunal, los implicados presentan sus argumentos y el juez resuelve.
Una de las etapas cruciales de los próximos meses será la denominada «fase de descubrimiento» o discovery phase, que implica la entrega de evidencias del caso.
En ella, la Fiscalía proporcionará a Maduro todas las pruebas que posee en su contra. Este proceso, dada la magnitud del caso, será extenso y demandará bastante tiempo.
Después, tendrá lugar la fase de mociones previas al juicio, donde el acusado solicitará al tribunal distintas medidas, incluidas mociones relacionadas con la admisión de pruebas.
Todas estas etapas deben cumplirse antes de establecer una fecha definitiva para el juicio.
¿Cuánto puede extenderse la fase de presentación de pruebas?
Uno de los motivos de la duración es el propio procedimiento para que el gobierno entregue las pruebas al acusado.
En un caso prolongado durante años como este, se acumula una gran cantidad de evidencias: declaraciones de testigos, documentos, videos, entre otros. La Fiscalía debe proporcionar todo el material que tenga y que sirva como prueba.
El formato de entrega y la manera en que se facilitarán dichos materiales al acusado son aspectos que pueden demandar tiempo. Luego, la defensa revisará la información y presentará alegatos al respecto.
Este intercambio de pruebas requiere su espacio temporal y la revisión de los defensores para realizar también su investigación.
¿Se pueden estimar plazos? ¿Seis meses, un año?
Sí, ya que los abogados de Maduro y Flores aún no han tenido acceso a las pruebas completas. No significa que carezcan de todo, pero sabemos que no disponen de la totalidad que el gobierno debe entregar.
La defensa todavía no ha podido iniciar su propia investigación, algo habitual en Estados Unidos.
A diferencia de otros países, donde la defensa simplemente revisa las evidencias entregadas, en esta jurisdicción los abogados realizan también investigaciones propias para reunir pruebas adicionales.
Ese proceso podría haber iniciado ligeramente, pero está lejos de estar concluido.
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¿Influyen las circunstancias de la detención de Maduro y Flores en el proceso? ¿Cómo puede incidir en las decisiones judiciales que el expresidente Donald Trump no reconozca la legitimidad de Maduro?
Todo depende de si ese aspecto se somete a consideración del juez. Generalmente, los magistrados evitan incluir factores políticos en sus decisiones, ya que no forman parte de su evaluación legal. Sin embargo, un tema político podría ser abordado en la audiencia. En ese caso, el juez debería dictaminar respecto a él.
Podrían presentarse argumentos de la defensa sobre la legalidad de la detención y la condición que tenía Maduro según el gobierno estadounidense al momento del arresto.
Este escenario representaría la vía por la cual el tema político llega al tribunal.
¿Qué implicaciones tiene el alegato de que el derecho a la defensa se ve afectado debido a que la OFAC impide el acceso a fondos venezolanos para cubrir los honorarios?
La moción para desestimar se fundamenta en una presunta violación del derecho constitucional de Maduro a la asistencia legal, garantizado por la Sexta Enmienda.
El argumento plantea que, puesto que el gobierno de Estados Unidos impide a la defensa acceder a fondos del Estado venezolano, el abogado no puede continuar debido a la falta de recursos para su pago.
Por ello, sostienen que se le priva del derecho a escoger a su representante legal.
¿De qué manera podría el juez interpretar esta moción?
El juez tiene en principio tres alternativas: aprobar la moción y desestimar el caso; rechazarla y obligar a los acusados a resolver la situación por su cuenta; o bien, proponer una solución propia basada en lo presentado.
Se desconoce cómo decidirá el juez sobre este punto.
Es común que surjan nuevos temas durante la instancia, ya que ambas partes están presentes para plantear diversas cuestiones.
Sin embargo, el foco principal ahora es la moción de la defensa solicitando desechar el caso.
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¿Es probable que prospere el argumento de la violación al derecho a la defensa de Maduro y Flores?
Resulta altamente improbable que el tribunal desestime el caso. No obstante, el juez podría proponer otra solución. En caso de rechazar la moción, lo más probable es que permita la renuncia de su abogado actual.
Si Maduro no puede costear un abogado privado, el tribunal le asignará uno de oficio. Por tanto, la duda se centra en si mantendrá su defensa actual o pasará a ser representado por un abogado asignado.
¿Representa un cambio significativo que le asignen un abogado de oficio en lugar de uno privado?
Depende. Existen defensores públicos con gran capacidad y otros que no, al igual que ocurre con los abogados privados. Todavía no se sabe quién sería el abogado asignado, por lo que la calidad de la defensa está abierta a diversas posibilidades.
El principio en cuestión no solo es la calidad del abogado asignado, sino el derecho a seleccionar libremente a su representante, lo cual alegan que está siendo impedido.
¿Qué tan atípica es esta situación?
Hay que considerar que se trata de una persona que fue jefe de Estado de un país. El caso es de enorme magnitud y ha sido investigado durante años.
Además, la manera en que fue trasladado a Estados Unidos resulta poco común, lo que hace que el caso en conjunto sea sumamente particular.