El CGPJ mantiene la investigación contra el juez Peinado tras la denuncia del ministro Bolaños y solicita al Promotor realizar diligencias adicionales

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una imagen de archivo./

El CGPJ ha optado por no archivar la denuncia presentada por el ministro Félix Bolaños contra el juez Juan Carlos Peinado y ha ordenado la realización de nuevas diligencias.

Bolaños interpusó la denuncia tras el interrogatorio llevado a cabo por Peinado en el caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El CGPJ archivó otras cuatro denuncias contra el juez Peinado, presentadas por particulares, al considerar que no comprometían su actuación jurisdiccional.

Siguen pendientes de resolución las denuncias de Más Madrid y el PSOE contra Peinado por la prórroga fuera de plazo de diligencias en otro procedimiento.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial decidió hoy por unanimidad no archivar la denuncia que Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, interpuso contra Juan Carlos Peinado, juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por supuestos delitos de corrupción.

Hasta ahora, ningún ministro de Justicia había presentado denuncia contra un juez ante el CGPJ.

Bolaños reclamó al órgano de gobierno de los jueces por el interrogatorio al que fue sometido por Peinado en La Moncloa el 16 de abril y por la exposición posterior que el juez elevó contra él a la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Durante esa declaración testimonial tensa, el juez criticó a Bolaños por contestar con «evasivas»; le reprochó algún gesto («no sé por qué esboza una sonrisa»); le cuestionó repetidamente sobre quién es el responsable de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, y finalmente le ordenó salir de la sala para regresar con ese nombre «que no puede ignorar».

En relación con su escrito al Supremo, el instructor señalaba contradicciones entre el ministro y otro testigo basándose en una transcripción incorrecta de sus declaraciones. Además, afirmaba que «nos encontramos ante el paradigma de un oxímoron» cuando el testimonio del «ministro de Justicia y notario mayor del Reino (…), en una actitud completamente proterva, no se ajusta a la realidad».

La Sala Penal rechazó la exposición en menos de 20 días (incluidos los informes de la Fiscalía) debido a la «falta absoluta de cualquier indicio mínimamente fundado» contra Bolaños. El alto tribunal no mencionó en esta resolución la transcripción errónea de las respuestas del ministro.

En noviembre pasado, el Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, propuso archivar esta denuncia apoyándose en el criterio consolidado del Tribunal Supremo y el CGPJ que establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional no puede ser supervisado por el órgano de gobierno de los jueces, sino únicamente mediante los recursos legales previstos.

El PAD argumentó que el interrogatorio realizado por Peinado a Bolaños y la exposición remitida al Supremo forman parte del núcleo jurisdiccional protegido frente al órgano gubernativo, para evitar la vulneración de la independencia judicial, responsabilidad que corresponde a órganos judiciales superiores.

No obstante, tras cuatro meses de retraso en el debate del caso, la Comisión Permanente decidió devolver el expediente al Promotor para que «complete las diligencias informativas».

Cuatro archivos

Por otro lado, el CGPJ archivó otras cuatro denuncias contra el juez Peinado presentadas por particulares.

La primera alegaba que las diligencias contra Begoña Gómez se habían iniciado a partir de una denuncia de la asociación Manos Limpias.

Además, se señalaba que el instructor había discrepado en varias ocasiones del criterio del Ministerio Fiscal o había citado a personas relacionadas políticamente sin vinculación aparente con los hechos.

Se denunció también la filtración de información bajo secreto a los medios de comunicación.

En el acuerdo de archivo, el Promotor subraya que el Consejo General del Poder Judicial no puede valorar cuestiones jurisdiccionales ni revisar resoluciones emitidas por juzgados y tribunales en el ejercicio de su función.

Hacerlo, destaca Ricardo Conde, significaría una intromisión en la independencia judicial.

Recordó que los desacuerdos con resoluciones judiciales se deben tramitar mediante los recursos previstos en la normativa procesal.

La segunda diligencia archivada se abrió a partir de la queja de dos particulares ocasionada por informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela propiedad del magistrado, que llevaron a denunciar una posible violación de principios éticos judiciales.

El archivo señala que los hechos expuestos en los medios no están vinculados con la actividad jurisdiccional del juez, sino que corresponden a su ámbito personal y privado, ajeno a la función judicial.

Además, apunta que los denunciantes no acusaron a Peinado de infracción disciplinaria y que la vulneración de principios éticos no conlleva sanciones disciplinarias.

La tercera diligencia, presentada por un particular ajeno a los procedimientos en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, surgió tras una denuncia contra Peinado por decisiones en casos relevantes política y mediáticamente, cuya motivación y oportunidad «generaban en la ciudadanía una apariencia fundada de parcialidad».

El PAD archivó la denuncia tras la falta de ratificación por parte del denunciante.

Al abrirse la diligencia informativa, el Promotor solicitó al denunciante que acreditara su identidad.

Al no recibir respuesta, se le contactó telefónicamente, donde manifestó desistir de su reclamación.

La cuarta diligencia archivada se inició a raíz de una denuncia anónima que criticaba ciertas actuaciones, criterios y decisiones jurisdiccionales del magistrado, como citar a personas investigadas en días y horarios poco habituales, tales como fines de semana o en guardias judiciales.

En el archivo, el Promotor indica que, en general, procede el archivo de denuncias anónimas.

Solo en casos excepcionales se tramitan por interés público y gravedad extrema, lo que no ocurrió en esta ocasión.

Para el Promotor, lo expuesto refleja una inconformidad con decisiones jurisdiccionales que el CGPJ no puede evaluar sin vulnerar la independencia judicial, debiendo tramitarse por los recursos legales establecidos.

Denuncias de Más Madrid y PSOE

Aparte de la denuncia de Bolaños, permanecen pendientes otras dos contra el juez Peinado presentadas por Más Madrid y por el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Guillermo Hita.

Ambas denuncian que el juez prorrogó fuera de plazo unas diligencias que investigaban presunta malversación por Alfonso Sánchez Vicente, gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

El Promotor también decidió archivar estas denuncias y existen numerosos antecedentes que avalan esta postura respecto a prórrogas fuera de plazo.

Sin embargo, esta vez la Comisión Permanente retiró ambas denuncias del orden del día tras su deliberación para un análisis más detallado.

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