Pozuelo de Alarcón sostiene con un argumento inusual que es este Consistorio quien solicitó el informe, aunque no es imprescindible para desacreditar así las quejas vecinales
“La actuación propuesta debería pasar por el procedimiento simplificado de evaluación de impacto ambiental”. Esta frase es explícita. Fue redactada por Alicia Izquierdo, subdirectora general de Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid, y enviada al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón el 26 de enero pasado. Resume un complejo entramado urbanístico: el Gobierno regional que lidera Isabel Díaz Ayuso corrigiendo el proyecto principal del municipio más próspero de Madrid (con la renta per cápita más alta), presentado además por la propia Ayuso: un nuevo Palacio de Congresos que incluirá un hotel de lujo con 150 habitaciones.
Según declara la presidenta autonómica, que apadrinó este recinto ferial en septiembre de 2024, esta instalación “pasará a formar parte de la historia de la Comunidad de Madrid”. Pero para que eso suceda, la Consejería de Medio Ambiente señala que el proyecto debe cumplir con la ‘Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental’ y con el régimen de evaluación ambiental establecido en la disposición transitoria primera de la ‘Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas’. En otras palabras, “de acuerdo con esta normativa, y bajo criterio del órgano responsable de autorizar el proyecto, la actuación planteada debería someterse a un procedimiento simplificado de evaluación de impacto ambiental”, apunta el documento que la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular envió al Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP.
El Consistorio interpreta este asunto de forma distinta. “Reiteramos que no es necesaria una nueva evaluación ambiental para un proyecto que está dentro de un plan parcial ya evaluado favorablemente, pues esos terrenos carecen de un valor medioambiental relevante”, explicó un portavoz municipal a Infobae. Entonces, ¿por qué es tan enfático el escrito de la Comunidad? “Al constatar que algunos vecinos insistían en judicializar el caso, para anticiparnos a su argumento medioambiental y desarmarlo ante el juez con argumentos aún más sólidos, solicitamos que se realice un nuevo informe, aunque insistimos en que no sería indispensable. Es decir, ese informe se hace a petición del propio Ayuntamiento para fortalecer su posición ante la causa judicial que pretende abrir esta asociación”. Dicho en otras palabras, se pide un informe para refutar que era innecesario solicitarlo.
Los vecinos ‘inconformes’ forman parte de la Asociación Pozcavir (Pozuelo por la Calidad de Vida y Contra el Ruido), que ha recogido más de 6.000 firmas (en una población de 89.500 habitantes) contra este proyecto. Su portavoz, Javier Cabo, sostiene que el Consistorio liderado por Paloma Tejero pudo “incurrir en prevaricación” al aprobar el plan parcial para esta futura instalación sin ese informe. Ecologistas en Acción también defiende que la evaluación de impacto ambiental era requerida, dado que desde 2023 un real decreto ha modificado la ley de 2013 y todos los proyectos de urbanización, como el necesario antes de levantar este proyecto, deben ajustarse al procedimiento correspondiente de impacto ambiental.
¿Qué se planea construir? Un Palacio de Congresos, un recinto ferial y un hotel con 150 habitaciones, ubicados en parcelas frente al Centro Comercial Zielo, justo al límite con la carretera M-503. Todos los terrenos son propiedad municipal al 100%. El Plan Parcial fue aprobado en febrero de 2024, el Proyecto de Reparcelación en mayo de 2025 y el Proyecto de Urbanización en noviembre del año anterior. Todo fue diseñado por el arquitecto Alberto Martín Caballero, exesposo de Lydia Bosch. El Consistorio licitó el 21 de diciembre el contrato para iniciar las obras de urbanización del recinto ferial, valoradas en 15,5 millones de euros, y planea gestionar el Palacio mediante concesión por 50 años.
El Ayuntamiento realizó la consulta
El Ayuntamiento indica que en mayo de 2025 consultó a la Consejería sobre la necesidad de dicha evaluación ambiental. La respuesta fue que no era requerida. Así se comunicó entonces y así se mantiene ahora. No obstante, frente a la insistencia de la asociación vecinal en judicializar y frenar el proyecto con ese argumento, lo que también afectaría a la organización de las fiestas patronales de septiembre, se solicitó a la Consejería que, aunque se mantenga la postura de que no es necesaria, realice otra evaluación ambiental para dejar el asunto más claro y que el juez disponga de informes adicionales antes de decidir sobre la admisión del recurso [presentado por los vecinos] y, de ser el caso, sobre la suspensión cautelar del proyecto”, detalla el portavoz municipal.
La respuesta llegó en enero pasado. La Consejería aclara que “para iniciar el procedimiento simplificado de evaluación de impacto ambiental, el titular deberá presentar ante el órgano competente (Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón), junto con la documentación requerida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada acompañada del documento ambiental previsto en el artículo 45 de la ‘Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental’”. El Departamento de Evaluación Ambiental de la Consejería insiste en que “no podrá iniciarse dicho procedimiento mientras no se reciba del órgano competente la solicitud formal de inicio del procedimiento junto con el documento ambiental”.
La asociación vecinal explica que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el proyecto de viabilidad para construir el palacio de congresos y hotel el 25 de febrero, “cuando ya sabían que no podían avanzar sin la evaluación de impacto ambiental. En este caso, el promotor del proyecto es el Ayuntamiento, que se autodeclara que no necesita el informe de impacto ambiental aunque sí es obligatorio. ¿Se llama eso prevaricación?”, se cuestiona Javier Cabo. Los vecinos contrataron abogados con experiencia en casos como la suspensión de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu. “Este proyecto destruye un entorno ecológico protegido, eliminando para siempre un espacio natural irrepetible. Además, un recinto ferial abierto como el planeado generará ruidos constantes, masificación y molestias permanentes para los vecinos cercanos, incluyendo cortes de tráfico frecuentes, problemas graves de movilidad, botellones, vandalismo e inseguridad. Es un problema grave para los residentes de la zona”, afirman.
Desde el Ayuntamiento insisten en que el órgano decisorio no es la Consejería, sino el propio Consistorio, “por lo que no es que la Consejería nos comunique ahora que hace falta un nuevo informe, cuando en octubre nos dijo que no, sino que es el Ayuntamiento quien solicita a la Consejería ese nuevo informe para desmontar con más evidencias la coartada medioambiental de los recurrentes. En resumen, el informe se realiza a iniciativa del propio Ayuntamiento para fortalecer su defensa jurídica ante la causa judicial que pretende abrir esta asociación». Los vecinos discrepan tanto en el fondo como en la forma.
“Luchamos porque el proyecto se tramite adecuadamente. La evaluación de impacto ambiental no solo cuantifica el efecto sobre el entorno, sino también el impacto que una construcción o instalación genera en los alrededores, específicamente en nuestras viviendas, algo que no ha sido evaluado. De eso se trata”, concluye Cabo. El Ayuntamiento contrapone que informes de la Comunidad han aclarado “literalmente que el proyecto no implica riesgos para la salud humana ni efectos significativos sobre el medio ambiente, que la superficie afectada no forma parte de la Red Natura 2000 ni es monte protegido, y que el terreno en cuestión no es forestal”.