La Comunidad de Madrid permitirá a las juntas de vecinos prohibir viviendas turísticas siempre que así se establezca en sus normas internas.
El decreto recién aprobado incrementa los requisitos para las VUT, demandando mayor equipamiento, mejores condiciones de habitabilidad y la presentación de un certificado que acredite su idoneidad.
Estas viviendas quedan vetadas en inmuebles de protección pública, y se fortalece la facultad de los ayuntamientos para controlar su cantidad por zonas específicas.
En los últimos dos años se han aplicado sanciones que suman cerca de medio millón de euros y se han cancelado miles de licencias de pisos turísticos.
Isabel Díaz Ayuso avanzará este miércoles en el control sobre las viviendas de uso turístico (VUT).
El Ejecutivo madrileño aprobará un nuevo decreto para restringir la apertura de este tipo de alojamientos mediante medidas más estrictas.
El proceso, iniciado en septiembre de 2024, se basa en un criterio fundamental: si la comunidad de propietarios establece en su reglamento la prohibición de este tipo de viviendas, no se otorgarán autorizaciones.
Como han informado desde la Consejería de Turismo a EL ESPAÑOL, esta reforma actualiza la legislación autonómica sobre apartamentos y viviendas turísticas, elevando los estándares de equipamiento, servicios y habitabilidad para mejorar la calidad del sector y hacer frente a las crecientes tensiones del mercado residencial.
Entre las novedades principales destaca la exigencia de que estos alojamientos cuenten con ropa de hogar —para cama, baño y comedor—, así como con un menaje completo que incluya vajilla, cubertería, cristalería y utensilios de cocina.
El decreto establece igualmente, por primera vez, dimensiones mínimas para las habitaciones y limita la ocupación máxima autorizada.
Este avance es significativo, ya que, tal como reportan diversas asociaciones vecinales, muchos propietarios fraccionan viviendas para aumentar ingresos, poniendo en riesgo la habitabilidad de los inmuebles.
Para los apartamentos turísticos, clasificados de una a cuatro llaves, se incluyen requisitos detallados sobre iluminación, ventilación, sistemas de oscurecimiento en dormitorios y salas, además de estándares mínimos de mobiliario en habitaciones y baños.
El propósito, según el Gobierno autonómico, es doble: asegurar la calidad del producto turístico y resguardar los derechos de los usuarios mejorando el confort. Por ello, será indispensable disponer de un certificado de idoneidad.
No obstante, las nuevas normas no se limitan a aspectos técnicos: el decreto prohíbe explícitamente esta actividad en viviendas de protección pública y, de manera destacada, en edificios donde así lo decidan sus residentes, respetando la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Adicionalmente, la normativa potencia la autoridad municipal para establecer límites sobre el número de VUT en cada edificio, barrio o zona mediante sus ordenanzas urbanísticas. Esta medida ya la aplica actualmente el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el popular José Luis Martínez Almeida.
Otra modificación relevante recae en la responsabilidad administrativa: de ahora en adelante, los titulares de la actividad turística —no necesariamente los propietarios— deberán realizar la declaración responsable para abrir un negocio.
Multas cercanas a medio millón
Esta reforma forma parte del Plan de fortalecimiento y control sobre viviendas turísticas lanzado en la segunda mitad de 2024. Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha intensificado las inspecciones, reflejándose en una reducción considerable del parque.
En 2024, se dieron de baja 1.153 viviendas, cifra que subió hasta 3.053 en 2025, incrementándose un 164,8%. Solo en los dos primeros meses de 2026 se han retirado 341 VUT más.
También aumentaron las inspecciones: de 481 en 2024 a 588 en 2025, lo que representa un alza del 22,3%. En ambos años, más del 85% de las actuaciones concluyeron en sanciones.
En total, la Comunidad ha impuesto multas próximas al medio millón de euros en los últimos dos años, resultado de la actividad de la Dirección General de Turismo y Hostelería.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la región existen actualmente 15.309 viviendas de uso turístico, con capacidad para 50.675 plazas. Esta cantidad se ha reducido un 17,5% en relación con las cifras de 2025.
El Gobierno de Ayuso destaca que este parque sólo representa el 0,52% del total, siendo la tasa más baja entre las comunidades con mayor actividad turística.
A pesar de ello, el consejero ha alertado sobre un fenómeno emergente: la conversión de este tipo de alojamientos hacia el alquiler de temporada, atribuida a la regulación estatal.
«Está generando distorsiones en el mercado y altera el propósito inicial de este tipo de arrendamiento», afirmó, responsabilizando al Gobierno central de trasladar el problema a las autonomías.
Conflicto con Airbnb
Este aumento de regulación ocurre en medio de un conflicto con plataformas digitales de alquiler vacacional, especialmente con la empresa Airbnb.
El lunes pasado, Airbnb anunció que ha presentado un recurso contra la multa de 63,98 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025.
La sanción responde a la detección de prácticas comerciales desleales, incluyendo la publicación de más de «65.000 anuncios sin licencia o con números de registro incorrectos», además de información errónea acerca de la situación legal de los alojamientos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya rechazó las medidas provisionales solicitadas por la plataforma para suspender el pago de la multa, decisión que según la compañía es «simplemente procesal» y no aborda el fondo del caso.
Desde el Gobierno, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, afirmó con claridad: «Ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores». Para él, esta multa marca un punto de inflexión después de lo que calificó como años de «inacción» por parte de administraciones anteriores.