El plan para reducir el impacto de la guerra en Oriente Medio en la economía de los españoles contempla rebajas fiscales y apoyos a los sectores afectados, pero excluye la moratoria de desahucios
Este viernes, el Gobierno aprobará un real decreto ley que incluye un conjunto extenso de medidas dirigidas a mitigar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, con un enfoque especial en la contención de los precios de la energía y los combustibles, así como en la protección de los colectivos más vulnerables. Aunque todavía no se han revelado todos los detalles del plan anticrisis, que presentará el presidente Pedro Sánchez una vez concluido el diseño final, desde el Ejecutivo han adelantado algunas de las disposiciones más destacadas.
El eje central del plan es la rebaja fiscal: el Gobierno disminuirá del 21% al 10% el IVA aplicable a carburantes, electricidad y gas natural, además de acompañar esta decisión con una reducción del impuesto especial de hidrocarburos. También eliminará el impuesto del 7% que grava la generación eléctrica (que afecta a las empresas) y suprimirá el impuesto especial del 5% sobre la electricidad que actualmente pagan los consumidores.
Con este nuevo enfoque, el Gobierno renuncia a la bonificación universal de 20 céntimos por litro que se aplicó en la crisis energética anterior, al considerar que provocó distorsiones en el mercado. En su lugar, opta por ayudas dirigidas a los sectores más perjudicados. Así, los transportistas contarán con un descuento de 20 céntimos por litro de diésel en el gasóleo profesional, mientras que el sector agrícola recibirá un apoyo equivalente para su combustible. También se contemplan ayudas directas por vehículo para transportistas que no acceden a devoluciones fiscales.
Apoyo para las familias más vulnerables
El decreto reforzará además el denominado escudo social, un paquete de medidas destinadas a proteger a hogares vulnerables cuya convalidación fue rechazada en el Congreso recientemente, entre otros motivos, por incluir la moratoria antidesahucios que Sumar demanda para el actual paquete. Entre las disposiciones de esta ocasión figura la mejora del bono social eléctrico, con descuentos ampliados para consumidores vulnerables, y la garantía en el suministro de agua y energía para evitar cortes en los hogares con menos recursos.
El plan también implementa mecanismos de control y supervisión del mercado energético para impedir incrementos especulativos o excesivos en los precios de la gasolina y gasóleo. En este ámbito, se refuerzan las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recopilar datos de los operadores y vigilar la evolución de los precios de los combustibles.
Simultáneamente, el Ministerio de Trabajo contempla prohibir los despidos por causas objetivas vinculadas con la crisis en las empresas que reciban ayudas públicas, conforme informa ElDiario.es. Esta medida busca proteger el empleo y evitar despidos masivos como consecuencia del impacto económico de la guerra, recordando que los ERTE continuarán disponibles como herramienta para la regulación temporal de plantillas.
Medidas para reforzar la transición energética
En el ámbito fiscal, el Ejecutivo recupera la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos e incorpora incentivos dirigidos a la rehabilitación energética de viviendas. Además, se suma la prohibición de despidos en las empresas que reciban ayudas públicas en el marco de este plan, orientado a fortalecer la transición hacia fuentes de energía alternativas en medio de una crisis motivada, en gran medida, por el aumento de los precios del petróleo.
Por último, el decreto contempla medidas estructurales adicionales dirigidas a agilizar la transición energética. Se simplifican los trámites administrativos para proyectos de energías renovables, se fomenta el desarrollo de sistemas de almacenamiento y se facilita el autoconsumo compartido en entornos urbanos e industriales. También se implementa un programa de apoyo a cooperativas energéticas y se prevé reservar una parte de la capacidad en futuras subastas para iniciativas locales o comunitarias.
La moratoria de desahucios queda fuera del plan
En contraste, el Gobierno ha confirmado que el decreto económico no incluirá la prohibición de desahucios a personas vulnerables ni la ampliación de los contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente. Tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han señalado que estas medidas no cuentan con el respaldo suficiente en el Parlamento.
La exclusión de estas iniciativas podría impedir la tramitación del decreto como se esperaba, tras conocerse que los miembros de Sumar han rechazado participar en el Consejo de Ministros extraordinario si estas medidas o las dirigidas a limitar los márgenes empresariales en momentos de crisis no se incluyen.
(Noticia en ampliación)