Sumar pospone el inicio del Consejo de Ministros al rechazar participar por su desacuerdo con el plan anticrisis presentado por Pedro Sánchez.
El principal obstáculo radica en la demanda de Sumar de implementar medidas más ambiciosas en materia de vivienda, como la congelación de los alquileres y la extensión de los contratos.
El PSOE sostiene que solo se deben incluir medidas que cuenten con respaldo parlamentario, dado que Junts y PNV no apoyan las peticiones de Sumar.
Como alternativa, el PSOE propone limitar al 2% la actualización anual de los alquileres firmados antes de la Ley de Vivienda, una propuesta que Sumar juzga insuficiente.
La celebración del Consejo de Ministros encargado de aprobar las medidas frente a la crisis derivada de la guerra de Irán ha sido aplazada debido a la negativa de los cinco ministros de Sumar a participar, manifestando desacuerdo con el plan impulsado por Pedro Sánchez.
Los representantes de Yolanda Díaz exigen ir más allá de lo ya anunciado, como la reducción al 10% del IVA en luz, gas y carburantes, y critican que el PSOE proponga únicamente una simple reducción fiscal sin abordar cuestiones de vivienda, como la congelación de alquileres o la prórroga de contratos, así como sin limitar los beneficios empresariales.
Pedro Sánchez y Díaz llevan a cabo negociaciones de última hora en vísperas del Consejo para resolver el bloqueo.
La sesión estaba programada para las 9:30 horas, pero la inusual situación provoca su retraso.
En el Consejo no se someten los acuerdos a votación; sin embargo, los ministros pueden manifestar su desacuerdo, es decir, Sumar no tiene capacidad para impedir su aprobación.
La rueda de prensa del presidente del Gobierno, prevista para las 11:00 horas, también sufrirá demora.
Vivienda, el principal punto conflictivo
Desde Moncloa explican que no es viable incluir las medidas solicitadas por Sumar, ya que el decreto debe ser convalidado la semana próxima en el Congreso de los Diputados y no contaría con el apoyo de Junts y PNV.
El miércoles, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya confirmó que este decreto no incorporaría medidas como la prohibición de desahucios ni la prórroga de contratos de alquiler que finalizan este año y el siguiente, debido a la falta de respaldo en el Congreso.
El sector socialista dentro del Gobierno defiende que el decreto solo integre medidas con consenso parlamentario y recuerda que en dos ocasiones anteriores se intentó aprobar un escudo social con la prohibición de desahuciar a personas vulnerables, propuesta que fue rechazada hace pocas semanas por Junts, PP y Vox.
Junts ha advertido al Ejecutivo que carece de mayoría para «seguir blanqueando las okupaciones» de viviendas y rechaza una prórroga automática generalizada de alquileres, proponiendo en cambio que el Estado asuma el pago del alquiler para familias vulnerables en prevención de desahucios.
Como compensación por no congelar alquileres ni prorrogar contratos, el PSOE ha planteado a Sumar limitar al 2% la actualización anual del precio de alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda -26 de mayo de 2023-. Esta propuesta es considerada insuficiente por Sumar.
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