Los socialistas, a pesar de la presión ejercida por Sumar, ERC y Bildu, optan por ayudas específicas destinadas a los «sectores más vulnerables»
Pronto, tarde o a tiempo. Eso depende del punto de vista. Para la oposición y ciertos aliados, el Gobierno actúa con retraso en la implantación de medidas para mitigar el aumento de precios provocado por la guerra en Irán. En cambio, la Administración sostiene que está actuando a tiempo, aunque no con rapidez, pues recuerdan que tras el conflicto en Ucrania aprobaron el primer paquete un mes después del inicio y ahora lo harán este viernes, 20 días tras estallar el conflicto en Oriente Próximo. Según explican fuentes gubernamentales, este primer conjunto de ayudas incluirá «medidas precisas y dirigidas a los sectores afectados». Se espera que, salvo cambios de último momento, el sector de la vivienda quede excluido.
Ante las demandas de sus socios para la gobernabilidad, encabezados por Sumar —junto a ERC, Bildu, BNG…— para que el paquete incorpore al menos la prórroga de la congelación de contratos de alquiler o un límite a los precios, los ministerios económicos del PSOE no contemplan su inclusión. Al menos en esta primera fase, aunque no descartan futuras medidas en función de la duración del conflicto y sus repercusiones económicas.
Moncloa apuesta por un paquete quirúrgico, «proporcionado y adaptable», enfocado en los sectores que ya sufren más el incremento de los precios, sin la amplitud planteada en las primeras propuestas tras el conflicto ucraniano. «Se han aprendido lecciones», aseguran desde el Ejecutivo. Los ministros socialistas de Economía llevan días reuniéndose con los sectores afectados, aunque el sector de la vivienda no ha participado en estos encuentros. Según los socialistas, los más «expuestos» son el transporte, la logística, el sector agropecuario, la pesca y las industrias con alto consumo energético. En el informe presentado ayer por Carlos Cuerpo, ministro de Economía, al Consejo de Ministros se abordaban los aumentos del precio del petróleo, electricidad, gas, fertilizantes y carburantes, pero no el de la vivienda.
Desde La Moncloa se considera que el problema de la vivienda es de carácter estructural, pero que el aumento de precios no está provocado ni relacionado con la guerra. «¿Cómo puede decirse que la vivienda no tiene relación con la guerra? La vivienda es el principal problema social. No se pueden excluir medidas en este ámbito», critican fuentes de Sumar dentro del Ejecutivo. «Saben que los salarios no suben y los precios sí. La guerra nos empobrecerá. Es necesario actuar en materia de vivienda, pero el PSOE argumenta que no hay votos».
Este punto resulta crucial. La Moncloa pretende alcanzar «el mayor consenso posible» para que el decreto pueda convalidarse la semana siguiente «sin dificultades» y evitar una derrota significativa. Las medidas relacionadas con la vivienda, especialmente las vinculadas a la moratoria en desahucios, generan rechazo en partidos como Junts y el PP, lo que pondría en riesgo su aprobación. «El decreto no contendrá elementos que justifiquen el rechazo del PP. Creemos que no habrá motivos para oponerse», afirman desde el Gobierno.
El problema va más allá de la demanda de sus aliados de izquierdas para prorrogar contratos de alquiler y prohibir desahucios. La mayoría de las propuestas presentadas por los partidos durante estas negociaciones incluyen medidas que responden exclusivamente a sus propios programas políticos. Es el caso, por ejemplo, de Junts, que reclama la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital o la cesión a la Generalitat de todas las viviendas en Cataluña que pertenecen a la SAREB.
El Ejecutivo probablemente no incorporará estas demandas en su paquete, no solo porque considera que la guerra, al menos por ahora, no afecta estos aspectos, sino también porque sabe que ello podría desencadenar un efecto dominó de vetos cruzados entre los grupos, poniendo en peligro la aprobación total del plan. Desde el Grupo Socialista reconocen que el paquete podría implicar un coste, todavía sin concretar, para el Gobierno, en particular si decide ignorar —como todo apunta— la solicitud de sus socios de incluir medidas en materia de vivienda. «Es una cuestión de voluntad política. Cada vez tienen menos excusas para no actuar», reprochan desde Sumar. Desde Vivienda aseguran que están analizando de forma continua tanto el aumento en el precio de los materiales para construcción como la evolución del euríbor.
Quienes conocen los detalles insisten en que la prioridad es afrontar, en el corto plazo, el aumento en los precios del crudo y el gas, aliviando a las familias y sectores más perjudicados.
El Gobierno también tiene claro que, por ahora, no reducirá el IVA de los alimentos, pese a las peticiones de varios partidos políticos, entre ellos Sumar, así como de sectores del alimentario y la pesca. Tampoco ofrecerá una bonificación generalizada en los carburantes, como los 20 céntimos aplicados durante la guerra en Ucrania; las rebajas fiscales estarán dirigidas exclusivamente «a los sectores más afectados».
El paquete que será aprobado este viernes incluirá medidas temporales —«medidas paliativas»—, pero también estructurales para, según fuentes de Moncloa, acelerar la transición energética y la expansión de las energías renovables.
El decreto se aprobará el viernes y se convalidará la próxima semana en el Congreso, lo que sugiere que La Moncloa confía en que no sea rechazado, pues no supera el plazo de un mes que tiene para hacerlo. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, planteó ayer ante la Junta de Portavoces la necesidad de modificar, fuera de plazo, el orden del día del Pleno de la semana siguiente. Esta inclusión requiere el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios. Aunque ayer nadie expresó oposición, habrá que esperar hasta el próximo martes, cuando las posturas se oficialicen, para confirmar si alguien se opone.
No obstante, en caso de desacuerdos, el Gobierno, con la colaboración de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, convocaría un pleno extraordinario el jueves 26, inmediatamente después de la sesión ordinaria, con un único punto en el orden del día: la convalidación del paquete de ayudas.