Apagar incendios cuesta entre 10.000 y 19.000 euros por hectárea, aunque España no cuenta con un registro oficial del impacto económico total que generan
En 2026, España ha registrado 130.000 hectáreas afectadas por incendios, cifra que duplica la del mismo periodo del año pasado. La factura para extinguir los incendios de 2025 ya ofrece una idea del futuro: entre 3.548 y 6.741 millones de euros, según el informe de Greenpeace España basado en datos aportados por la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO). Esta es la mayor cifra registrada hasta la fecha, que supera con creces el presupuesto forestal agregado de todas las administraciones públicas del país.
España carece de una metodología oficial estandarizada para calcular el coste real de sus incendios forestales. No obstante, la cifra proporcionada por Greenpeace para 2025 se deriva de aplicar dos valores por hectárea a las 354.793 hectáreas quemadas reportadas por el MITECO el año anterior: los 10.000 euros por hectárea indicados por la Agencia Forestal de Navarra al usar medios aéreos, y los 19.000 euros por hectárea que ASEMFO considera como coste total. Este cálculo abarca únicamente los costes de extinción, excluyendo la recuperación posterior, que para Ana Belén Noriega Bravo, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales (COITF), “suele ser más onerosa que la misma extinción”.
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Durante la madrugada, la UME llevó a cabo ataques directos contra el incendio en Ejulve, Teruel. (UME)
Estas cifras reflejan un desfase presupuestario que los expertos del sector forestal vienen señalando desde hace años. El 78% de los fondos públicos destinados a combatir incendios se emplea en extinción, mientras que solo un 12% se dirige a la prevención. En 2024, el MITECO reportó un presupuesto de 143,8 millones de euros para prevención en todas las administraciones que facilitaron datos. En 2009, cuando la inversión preventiva alcanzó su punto máximo, la cifra fue de 364 millones. Entre ese año y 2022, la inversión en prevención descendió un 51%, mientras que el gasto en extinción se mantuvo estable alrededor de 417 millones anuales, según informes de ASEMFO.
Los expertos solicitan mejoras en la gestión
La monografía El sector forestal y la gestión del monte en España, elaborada por CajaMar, señala que el problema fundamental no reside en la escasez de recursos naturales, sino en la gestión insuficiente de los bosques. Este documento, firmado por 17 especialistas en economía forestal, ecología y derecho, defiende que la prevención debe considerarse como una inversión estratégica en lugar de un gasto, y alerta que el riesgo de incendios de alta intensidad aumentará entre un 14% y un 30% hacia finales de siglo.
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En julio de 2026, el Parlamento Europeo autorizó una ayuda de emergencia de 120,55 millones de euros para España por daños ocasionados por sequías, olas de calor e incendios forestales, cantidad inferior al costo para extinguir 7.000 hectáreas calculado por ASEMFO.
Un fenómeno que impacta sobre el crecimiento y el empleo
Un estudio difundido en el Journal of Environmental Economics and Management y citado por el Banco Central Europeo (BCE) en un informe de 2024, examinó 233 regiones de Portugal, España, Italia y Grecia entre 2011 y 2018. Sus resultados indican que los incendios reducen el crecimiento anual del PIB en las regiones afectadas entre un 0,11% y un 0,18%, con descensos de entre 3,3% y 4,8% en los años más severos. En términos laborales, el sector turístico (transporte, alojamiento y restauración) pierde entre un 0,09% y un 0,15% de su crecimiento anual, lo que se traduce en la desaparición de entre 5.712 y 9.588 empleos por temporada en el sur de Europa.
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El turismo rural en España ya sufrió este impacto en 2025. La Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) evaluó pérdidas aproximadas del 10% ese año. En 2026, las provincias más afectadas por los incendios (Ávila, Guadalajara y Madrid) concentran 1.256 alojamientos rurales y cerca de 1.900 empleados directos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). “Los incendios resultan muy perjudiciales para el turismo rural, pues ante la presencia de humo o sensación de inseguridad, la gente opta por destinos alternativos”, declaró a EFE el presidente de la Red Española de Turismo Rural (Redtur), Luis Ángel Chico, quien advirtió sobre una oleada de cancelaciones justo antes de agosto.