La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha contratado al abogado Antonio Benítez Ostos, experto en demandas contra la Administración pública y defensor en el caso Angrois.
Las víctimas denuncian abandono institucional, la falta de protocolos claros, una atención sanitaria desigual, y la ausencia de un homenaje digno por parte del Estado.
Solicitan la creación inmediata de una oficina específica para la atención a las víctimas y un seguimiento efectivo de cada caso por parte de las administraciones.
Han convocado una manifestación en Huelva el 20 de marzo bajo el lema ‘Memoria, Verdad y Justicia’ para exigir responsabilidades y asegurar la seguridad ferroviaria.
La principal asociación de víctimas del accidente de Adamuz (Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz) ha contratado al despacho de abogados dirigido por Antonio Benítez Ostos.
Este abogado fue el defensor de los afectados por el caso Angrois, vinculado al siniestro ferroviario ocurrido el 24 de julio de 2013, cuando un tren Alvia, que circulaba de Madrid a Ferrol, descarriló en la curva A Grandeira de Angrois, a aproximadamente tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela.
En declaraciones a este medio, Benítez Ostos, director del despacho Administrativando, indica que su equipo asumirá la gestión en el ámbito administrativo del caso. Sin embargo, un abogado penalista de la misma organización legal representará a la asociación en el proceso judicial abierto por el siniestro de Adamuz.
Además, en un comunicado, la Asociación vuelve a denunciar el «completo y evidente abandono institucional» que padecen las víctimas del accidente ferroviario.
El colectivo critica la falta de una respuesta oficial adecuada a la gravedad de la tragedia y reprocha la descoordinación entre las administraciones públicas involucradas.
Entre sus principales críticas se encuentra la ausencia de protocolos específicos para incidentes de esta magnitud y una atención sanitaria desigual y lenta, agravada por la falta de coordinación entre las comunidades autónomas.
La crítica también alcanza a la representación política. Las víctimas lamentan la escasa presencia institucional a los niveles más altos y aseguran que aún esperan un acto de homenaje digno, «en condiciones», por parte del Estado.
El comunicado recuerda igualmente que se ha convocado una manifestación en Huelva el próximo viernes 20 de marzo bajo el lema Memoria, Verdad y Justicia.
«Memoria, para que no se olvide. Verdad, para que se conozca y no se repita. Justicia, para que haya consecuencias», especifica.
La asociación, que preside Mario Samper, exige, además, la «creación inmediata de una oficina específica para la atención a víctimas, que funcione como un punto único de referencia y coordine a todas las Administraciones implicadas».
Solicita también que, de este modo, «se garantice un seguimiento auténtico, constante y eficaz de cada caso».
Sobre la marcha convocada para este viernes, la Asociación enfatiza que su finalidad no es solo «aclarar lo ocurrido el día del siniestro», acaecido el 18 de enero, sino «conocer la verdad para evitar que hechos como este vuelvan a suceder».
«Y para asegurar que el sistema ferroviario sea completamente seguro», añade el comunicado.
El manifiesto también señala que la función del despacho liderado por Benítez Ostos será «exigir responsabilidades a la Administración pública», área en la que el bufete está especializado.
De hecho, este abogado es quien actualmente gestiona la demanda presentada contra España en Estrasburgo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por las víctimas del conocido caso Angrois.