Feijóo establece el 1 de abril como fecha tope para cerrar los pactos de gobierno autonómico entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
Vox rechaza la presión ejercida por Feijóo y defiende que no tiene urgencia, atribuyendo al líder del PP la responsabilidad del atasco en las negociaciones.
Sin un avance definitivo, si no se produce la investidura en Aragón y Extremadura antes del 3 de mayo, está prevista la repetición de elecciones en ambas comunidades.
Las discrepancias principales entre PP y Vox se concentran en temas como inmigración, sindicatos, subvenciones públicas, violencia de género y la memoria histórica.
«No podemos dejar pasar el mes de mayo sin una solución y, a mi juicio, no deberíamos llegar a abril sin un acuerdo en Extremadura, en Aragón y cerrar la Mesa de las Cortes de Castilla y León«.
Alberto Núñez Feijóo fijó este martes el 1 de abril como fecha límite para concluir los pactos pendientes que PP y Vox arrastran desde hace meses.
No obstante, en Vox aseguran que no tienen «prisa» y rehúsan que sea el líder del PP quien determine los plazos. De hecho, señalan a Génova como el principal obstáculo.
«Si dependiera de Azcón, Guardiola o Mañueco, pactaríamos en cinco minutos. El problema es Feijóo», lamenta un alto cargo de Vox.
En cualquier caso, desde el partido de Santiago Abascal dan por sentado que no se agotarán los plazos, aunque descartan firmar un acuerdo «de forma precipitada».
Además, estos pactos no tienen la obligación de cerrarse en el orden en que se celebraron las elecciones, insisten fuentes de Vox. De hecho, Jorge Azcón podría asumir la presidencia antes que María Guardiola.
Actualmente, no hay acuerdo sellado en ninguna de las tres comunidades, aunque comienzan a moverse posiciones tras el resultado del domingo en Castilla y León.
La misma noche electoral, Abascal destacó la «urgencia» de reactivar las negociaciones para acelerar la firma de acuerdos. «Tres regiones esperan un cambio de rumbo. Lo van a tener, podemos garantizarlo», afirmó.
Al día siguiente, reiteró esa idea y confirmó que su partido participará en los gobiernos donde haya un acuerdo programático.
Más allá de la batalla de narrativas, el tiempo ya corre en Aragón y Extremadura. Si el 3 de mayo no se produce la investidura, ambas comunidades afrontarán elecciones repetidas, con cita en las urnas a finales de junio.
Queda por ver si los acuerdos se concretan antes de Semana Santa, como desea Feijóo. Esto evitaría que los pactos afecten la campaña andaluza, prevista para finales de mayo o principios de junio.
Para el aragonés Azcón, hay una fecha simbólica, el 23 de abril, Día de Aragón.
Por ahora, Castilla y León sigue en modo resaca electoral. Apenas han pasado dos días desde la votación, pero desde el PP regional reconocen la necesidad de un entendimiento y ya saben cómo encarar las negociaciones.
Fuentes próximas al presidente de Castilla y León consideran «clave» lograr un acuerdo el día en que se constituyan las Cortes. El 14 de abril será la primera prueba para evaluar la sintonía entre PP y Vox.
Ese primer intento fracasó tanto en Extremadura como en Aragón. En ambos casos, el PP tomó la presidencia de las cámaras sin pactar previamente con Vox, que quedó excluido de los acuerdos institucionales principales.
¿Intercambio de cargos?
En Aragón, la gestión se desarrolló con un máximo secreto. Tanto que la actual presidenta de las Cortes, la popular María Navarro, desconocía que sería elegida hasta la misma mañana de la votación, el pasado 3 de marzo.
En Extremadura, además, Vox ha perdido el senador autonómico, lo que altera el esquema de la legislatura anterior.
En Vox restan importancia a estos movimientos «de cargos» e insisten en que lo fundamental es cerrar un acuerdo «con medidas concretas, plazos definidos y garantías de cumplimiento».
No obstante, estos puestos no son definitivos, es decir, podrían volver a votarse y asignarse a Vox si finalmente hay un pacto de gobierno.
Respecto a los equipos, Vox mantiene una estructura fija: las negociaciones las encabeza Montserrat Lluís, secretaria general adjunta, junto a los referentes territoriales —Óscar Fernández en Extremadura y Alejandro Nolasco en Aragón—, aunque la decisión final recae siempre en Madrid.
En el PP, las negociaciones están a cargo de los presidentes en funciones —María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco—, pero bajo la supervisión de Génova.
Los principales puntos conflictivos entre PP y Vox se anticipan en materias como inmigración, asunto que ya motivó la salida de los de Abascal de los gobiernos autonómicos.
Otros obstáculos son el papel de los sindicatos y las subvenciones que reciben, además de la violencia de género y la memoria histórica.
Con información de Óscar Estaire Cabañas, Jorge Lisbona y J. I. Fernández.