Ignacio Cabeza, presidente de la Cámara de Cuentas de Navarra, tilda de «sesgada» la auditoría presentada por su propio equipo sobre las obras del túnel de Belate.
El informe preliminar destacó irregularidades significativas y sobrecostes en la adjudicación, apuntando una modificación contractual de 8,5 millones sin un respaldo legal suficiente.
El auditor responsable acusa a Cabeza de eliminar observaciones cruciales y de pasar por alto irregularidades encontradas durante la revisión del contrato.
Tras la detección de estas irregularidades, el Gobierno de Navarra destituyó al director general de Obras Públicas, a raíz de un reparo emitido por la Intervención General.
La adjudicación de las obras para duplicar el túnel de Belate está envuelta en polémica, especialmente tras la inspección de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En uno de sus informes, la UCO sugirió que esta obra podría estar vinculada a un posible amaño relacionado con la trama Cerdán, involucrando a una empresa participada por el exsecretario de Organización del PSOE.
A esta sospecha se añade ahora el conflicto dentro de la Cámara de Cuentas de Navarra, entre el equipo auditor que supervisó el contrato y su presidente, Ignacio Cabeza del Salvador.
En el informe definitivo, Cabeza ha suprimido la mayoría de las observaciones formuladas por el auditor principal, Miguel Ángel Aurrecoechea, y un grupo de cinco técnicas.
Califica las conclusiones como «improcedentes» y considera en conjunto que la auditoría presenta un «sesgo» al haber detectado irregularidades en las obras de Belate.
El informe inicial reflejaba irregularidades significativas durante la ejecución, teniendo en cuenta que la obra fue adjudicada por un valor de 76 millones de euros.
Se cuestionaban, principalmente, algunas decisiones tomadas por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra.
Aunque aquel año solo se certificaron 5,52 millones, equivalentes al 7% del total, ya se habían identificado indicios de «desviaciones» financieras y modificaciones sustanciales en el proyecto.
El auditor principal señala en un escrito de desacuerdo que el organismo dependiente del Gobierno de María Chivite emitía resoluciones «a favor» de las empresas adjudicatarias que se saltaban el procedimiento reglamentario.
En particular, se autorizó la conformidad de la Dirección General para modificar el contrato, lo que resultó en un sobrecoste de 8,5 millones de euros, excediendo el límite del 10% considerado relevante según la normativa.
El auditor concluye que esta modificación carecía de un fundamento legal serio, al no estar causada por circunstancias imprevisibles, y se gestionó «omitiendo completamente el procedimiento establecido por ley».
Las conclusiones del auditor coinciden con la postura de la Intervención General del Gobierno de Navarra, que impugnó esta modificación alegando que el sobrecoste «no está justificado dentro de los supuestos legales» y que «carece de base jurídica, dado que responde a criterios de conveniencia o oportunidad», no a situaciones imprevisibles.
En noviembre de 2025, la Intervención General emitió un «reparo suspensivo» sobre esta modificación que, según el auditor, aún no se había resuelto definitivamente al momento de redactar el informe.
Además, el auditor detectó «inconsistencias» técnicas en las propuestas de la UTE —que incluye a la empresa vinculada a Santos Cerdán—, como la aplicación de un sistema de excavación diferente al inicialmente planteado, lo que indica un cambio relevante en el contrato.
Sobre estas y otras observaciones, el auditor afirma que el presidente de la Cámara de Cuentas ha «omitido» estas prácticas y acusa a Cabeza de no considerar «aspectos cruciales» que evidencian irregularidades en el desarrollo del contrato.
El presidente justifica su decisión alegando que dicha información no aporta «evidencia contundente para alcanzar los objetivos de la auditoría».
También argumenta que el enfoque del auditor «provoca un sesgo cognitivo que compromete la objetividad requerida en un análisis institucional y constituye una infracción a las normas técnicas de auditoría».
Asimismo, reprocha al auditor por emitir juicios técnicos y jurídicos que, en su opinión, exceden la competencia y formación de la Cámara de Cuentas.
En esta línea, le acusa de «forzar las observaciones» durante la ejecución de la obra y de valerse de «juicios subjetivos».
«Es patente que el auditor principal no atiende el contenido estricto de la resolución y se aventura en conjeturas inapropiadas para una auditoría», resalta.
Por último, el presidente rechaza calificar como ilegales ciertas resoluciones administrativas, tildándolas de «invenciones» y sostiene que las afirmaciones del auditor «carecen de respaldo jurídico».
No obstante, cabe mencionar que el Gobierno de María Chivite apartó del cargo al director general de Obras Públicas, Pedro López Vara, tras la emisión del reparo suspensivo por parte de la Intervención General, que detectó las desviaciones señaladas por el auditor.
En octubre del año previo, el Partido Popular definió a López Vara como la «pieza central» en el supuesto amaño de la adjudicación, considerando que fue un actor clave en un procedimiento donde, según la UCO, estaría implicado Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.