Los mediadores sociales gestionan las reuniones «restaurativas» del Gobierno vasco con una subvención de 235.000 euros
El Gobierno de Imanol Pradales ha encargado a una organización sin ánimo de lucro, especializada en la reinserción social de marginados y delincuentes, la ejecución del programa de «justicia restaurativa» entre presos y víctimas de ETA. Esta entidad es el Instituto de Reintegración Social de Euskadi/Euskadiko Birgizarteratze Institutua (IRSE-EBI), con sede en Bilbao. Desde 2023, el Departamento de Justicia, gestionado por la consejera socialista María Jesús San José, le ha concedido cuatro subvenciones nominativas que suman un total de 235.000 euros, destinadas al proyecto «Proceso Justicia Restaurativa y Convivencia».
El programa, que comenzó tras la transferencia al País Vasco de la competencia penitenciaria, funciona como paso previo para la concesión del régimen de semilibertad —artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario— a varios reclusos. Un ejemplo es el antiguo dirigente de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu (Txeroki): la Fiscalía ha avalado su salida diurna, de lunes a viernes, de la prisión de Martutene, debido al «compromiso» mostrado en «los procesos de sanación y reparación emocional» de las víctimas durante los talleres y encuentros organizados.
Entre las actividades realizadas, el 3 de julio pasado se celebró una jornada en el caserío Arretxe de Alzo (Guipúzcoa), donde 17 presos de la cárcel alavesa de Zaballa compartieron espacio con cinco víctimas de ETA. Según fuentes de prisiones consultadas por EL MUNDO, participaron dos mediadores.
Uno de ellos fue Juan Luis Fuentes Nogales, director gerente de IRSE-EBI y licenciado en Derecho. Además, la asociación es responsable de la gestión del Servicio de Atención a la Víctima, un servicio efectivo de orientación para víctimas de distintos delitos que opera desde los juzgados vascos y por el que el Departamento de Justicia aporta 5,9 millones de euros.
El segundo mediador fue Julián Carlos Ríos Martín. Según su currículo, Ríos Martín es profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas y ha desempeñado el rol de «facilitador de equipos en procesos restaurativos vinculados a la victimización terrorista (ETA, GAL, 11-M) y casos de abusos sexuales en la Iglesia». Específicamente, colaboró, aunque sin protagonismo principal, con el grupo de mediadores responsable entre 2009 y 2012 de la llamada vía Nanclares.
EL PRECEDENTE DE LA ‘VÍA NANCLARES’
La vía Nanclares constituye el antecedente más cercano del actual programa. Promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, implicó el traslado de decenas de presos a la cárcel de Nanclares de la Oca —actualmente Zaballa— con el fin de que rompieran con ETA y la rígida disciplina de su cúpula. Sin embargo, con la llegada de Mariano Rajoy, la iniciativa fue desmantelada.
Los resultados numéricos fueron limitados: sólo unas veinte personas vinculadas a ETA completaron este proceso de ruptura con la organización, expresando arrepentimiento público y reintegrándose socialmente. En términos sociales, el balance fue más positivo: esos presos se convirtieron en disidentes activos tanto de ETA como de la izquierda abertzale que entonces lideraba Arnaldo Otegi, a quien exigieron asumir responsabilidad por los atentados. Algunos de ellos asisten regularmente a actos en memoria de las víctimas, y sus discursos sobre la deslegitimación del terrorismo son claros.
Las figuras más destacadas fueron Joseba Urrosolo Sistiaga y Carmen Gisasola, ambos históricos de ETA repudiados por Bildu y sus agrupaciones.
Dos personas que participaron en la vía Nanclares y que hablaron bajo condición de anonimato destacan que existen diferencias significativas respecto al programa actual.
«Esto es algo completamente distinto. Parece una improvisación. En la vía Nanclares, sí se promovía una autocrítica verdadera por parte de los presos. Ellos manifestaron públicamente su arrepentimiento, y eso tuvo un valor importante para la sociedad», afirma uno de los expertos en aquel proyecto.
La segunda fuente agrega que en ese entonces «había dos puntos muy claros»: por una parte, se exigía un rechazo explícito de la violencia; por otra, «el propósito no era obtener beneficios penitenciarios», aunque estos pudieran darse con el tiempo. «Ahora parece que el arrepentimiento no es público y que lo fundamental son los beneficios».
En un paper sobre la experiencia de la vía Nanclares cofirmado por Julián Carlos Ríos en 2014, el mediador señalaba respecto de los presos que ingresaban al programa: «Nos inquietaba que su motivación pudiera ser conseguir ventajas penales y beneficios penitenciarios. Cuando se trata de atentados terroristas con crímenes gravísimamente penados, largas condenas y condiciones severas de cumplimiento, sumado a la dispersión geográfica, no era descabellado temer intereses indebidos».
Las circunstancias, por supuesto, son distintas. En aquel momento ETA estaba activa y prohibía que los presos colaboraran con las instituciones penitenciarias, expulsando a quienes lo hacían. Actualmente, la organización no existe, Otegi es socio estratégico del Gobierno de España —a través de un pacto que él describe como un intercambio de presupuestos por presos— y es Bildu quien marca las pautas a los reclusos: no arrepentirse públicamente, pero sí cumplir las condiciones para salir cuanto antes, manteniendo la discreción. Sin entrevistas, fotos, celebraciones ni homenajes.
El 3 de julio, en el caserío Arretxe, dos altos cargos del Departamento de Justicia, responsable también de decidir sobre las semilibertades de los presos, compartieron mesa con víctimas y etarras.