Gambia se ha establecido como uno de los principales puntos de partida para migrantes que intentan llegar a España a través de la ruta atlántica hacia Canarias.
Cerca del 40% de los migrantes que comienzan la travesía desde Gambia hacia Canarias fallecen o desaparecen durante el recorrido de 2.800 kilómetros.
La falta de actualización de un sistema informático de control fronterizo dificulta la lucha contra las redes de tráfico de personas en la zona.
La regularización masiva de inmigrantes en España está generando un «efecto llamada», lo que aumenta tanto los intentos de cruce como las muertes relacionadas.
En los últimos meses, Gambia se ha consolidado como uno de los principales puntos desde donde migrantes intentan acceder irregularmente a España por la conocida ruta atlántica hacia Canarias, con destino a El Hierro.
El creciente uso de este corredor se explica, según fuentes de la Policía Nacional de Extranjería y Fronteras citadas por EL ESPAÑOL, porque desde julio no se ha renovado el sistema de control fronterizo empleado para vigilar las redes ilícitas de tráfico de personas.
Este sistema informático, que funciona en África subsahariana, permite integrar datos almacenados con la información suministrada por los países implicados con el fin de rastrear a las mafias. La contratación de esta herramienta depende del Ministerio del Interior y se financia con fondos europeos.
Sin ese software, las investigaciones sobre los miembros de las redes dedicadas a la trata no pueden realizarse de manera exhaustiva.
La herramienta ha demostrado eficacia en países como Mauritania, donde la colaboración ha contribuido a contener el aumento de migrantes hacia Canarias.
La presión migratoria sobre España continúa en ascenso, junto con el número de tragedias en la ruta marítima. Según las mismas fuentes, hasta un 40% de quienes emprenden el viaje fallecen o desaparecen en el trayecto que suele abarcar unos 2.800 kilómetros.
En 2025, por ejemplo, la ONG Caminando Fronteras registró 3.090 muertes o desapariciones en diferentes rutas migratorias hacia España, siendo la ruta atlántica la más letal, con casi 1.900 víctimas.
Otro caso reciente es la desaparición de un cayuco con aproximadamente 300 migrantes que zarpó de Gambia rumbo a Canarias el 5 de diciembre. Fue visto por última vez el 6 de diciembre frente a Joal, en Senegal, evidenciado en un video grabado por un pescador.
Desde entonces, no se ha tenido ningún indicio de aquella embarcación, cuyo trayecto acostumbrado dura entre siete y diez días, a pesar de que algunas ONG solicitaron a las autoridades una búsqueda intensa del cayuco.
Por otro lado, oficiales de policía advierten sobre un «efecto llamada» vinculado a la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez en enero pasado, ya que esta medida podría aumentar también la cifra de muertes.
Según explican, dicha medida está pensada de modo que «genera la percepción de que habrá amplios procesos de regularización, lo que puede ser interpretado desde el exterior como una oportunidad para ingresar a España».
Asimismo, a su criterio, esta regularización masiva no «estimula» a las mafias; por el contrario, «estas perciben la ocasión de sacar provecho de los migrantes. Muchos de ellos llegan a pagar, dependiendo de la zona, entre 5.000 y 15.000 euros por un sitio en los cayucos».
Cabe destacar que España funciona como principal puerta de entrada a Europa desde África occidental.
No obstante, los responsables policiales cuentan con los Partenariados Operativos Conjuntos (POCs) y los Equipos Conjuntos de Investigación (ECIs) para intentar frenar el flujo migratorio.
Estos equipos incluyen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de otros Estados miembros de la Unión Europea que coordinan su labor con sus homólogos en África Occidental y Central para combatir la trata y el tráfico ilícito de personas.
Ambos órganos actúan como «mentores», llevando a cabo tareas sobre el terreno junto a las unidades locales de investigación, en un proyecto liderado por España que se financia con fondos europeos para respaldar la gestión migratoria y el control fronterizo.
Dentro del proyecto, los ECIs también colaboran con las autoridades de los siete países africanos más involucrados en la gestión migratoria (Senegal, Mauritania, Gambia, Níger, Mali, Costa de Marfil y Guinea).
En referencia a estos equipos, los responsables policiales concluyen que se experimenta una verdadera «sangría humana», ya que deben destinar parte de sus efectivos operativos a la región y carecen de presupuesto suficiente.