El Ejecutivo ha destinado 20 millones de euros, originalmente previstos para compensar a ganaderos víctimas de ataques de lobos, hacia el programa de incentivos para vehículos eléctricos.
Castilla y León, región más perjudicada por estos ataques, ha cubierto las indemnizaciones con recursos propios dado que no recibió ayuda estatal.
El traslado de estos fondos ha sido posible debido a la prórroga presupuestaria, una norma legal de 2020 y la falta de supervisión parlamentaria en el traspaso de partidas.
Tanto comunidades autónomas como ganaderos critican que las compensaciones son insuficientes y acusan al Gobierno de represalia política tras la reducción parlamentaria en la protección del lobo.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha reasignado los 20 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado reservan anualmente para indemnizar a los ganaderos por los ataques del lobo, destinándolos al programa de ayudas para el coche eléctrico.
Esto se refleja en los expedientes de modificaciones presupuestarias enviados por el Ministerio de Hacienda a la Oficina Presupuestaria del Congreso, a los que ha accedido EL ESPAÑOL.
En dichos documentos aparecen en negativo las partidas 23.11.456C.755, «para Comunidades Autónomas para mitigar daños causados por el lobo ibérico en la ganadería extensiva» (9,5 millones), y 23.11.456C.756, «para Comunidades Autónomas para implementar medidas preventivas en la gestión del lobo ibérico» (10,5 millones).
Ambas figuran en el expediente 2977/25, cuyo objetivo declarado es «incrementar la aportación al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía con el fin de aumentar el presupuesto del Programa MOVES III«.
CyL, récord de ataques de lobo
Castilla y León es la región más afectada, registrando el mayor número de ataques de lobo en España. En 2024 contabilizó 3.973 agresiones al ganado —un incremento del 47% respecto a la etapa previa a la «protección estricta» implementada en 2021— y casi 6.000 animales muertos.
La Junta ha abonado 4,8 millones de euros en indemnizaciones con recursos propios debido a que no recibió ninguna transferencia del Gobierno central.
Por ello, cuando este domingo los habitantes de Castilla y León voten en las elecciones autonómicas, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, confía en que su campaña, presentada como un respaldo al sector agrario, haya tenido impacto.
«El campo dejó de ser una prioridad para Sánchez hace bastante tiempo, y eso es evidente para todos», declaró en una entrevista con este diario.
Desvío de fondos
El traslado de fondos se ha llevado a cabo gracias a la confluencia de tres circunstancias.
Primero, España vive tres años consecutivos sin presupuestos aprobados: los de 2023, prorrogados por segunda vez, dejan congeladas las partidas e impiden su ampliación.
Segundo, el Gobierno se ampara en una disposición específica introducida en la Ley de Presupuestos de 2020, durante la pandemia, que autoriza la transferencia de créditos entre ministerios sin pasar por el control parlamentario.
Y tercero, según denuncia la diputada del PP Milagros Marcos, lo hace como un «chantaje» hacia las Comunidades Autónomas que promovieron en las Cortes la reducción de la protección al lobo.
«Esto es un castigo evidente», afirmó en declaraciones a este diario.
Cabe destacar que fue el propio Gobierno de Sánchez quien, en septiembre de 2021, incluyó al lobo en la lista de especies con protección especial y prohibió su caza en todo el país, motivando la creación de una partida anual de 20 millones para compensar a los ganaderos por los daños ocasionados. Sin embargo, ahora retira esos fondos, asignados originalmente por él mismo.
Esta «represalia» se fundamenta en que el PP gobierna en 14 de las 19 comunidades autónomas y que, en marzo de 2025, el Congreso aprobó tres enmiendas del PP, incluidas en la Ley de Desperdicio Alimentario, que rebajaron el estatus del lobo a especie simplemente «protegida».
El partido de Alberto Núñez Feijóo argumentó que dichos ataques generan «miles de kilos de carne desperdiciada». La votación favorable —174 votos de PP, Vox, PNV y UPN contra 150 en contra— supuso una derrota para el Gobierno en las Cortes.
Un comunicado y una carta
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un comunicado firmado el 30 de enero pasado por los consejeros de 15 autonomías responsables de la gestión del lobo. Lo respaldan las 14 gobernadas por el PP y, además, el País Vasco, donde gobierna el PNV en coalición con el PSOE.
El texto denuncia «prácticas irregulares realizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica» y expone que en 2023 y 2024 «se han producido serios problemas para justificar los gastos efectuados, debido a supuestas objeciones internas planteadas al Ministerio por la Intervención del Estado».
Añade que durante 2025 «no se ha ejecutado la distribución de estos fondos», lo que los consejeros califican como «una respuesta intolerable del Ministerio a la implementación de las disposiciones incluidas en la [mencionada] Ley 1/2025».
Este medio también ha accedido a la carta que la consejera cántabra María Jesús Susinos, en representación de todas esas autonomías, envió el 23 de febrero a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall.
Dicha carta fue remitida apenas cuatro días después de la comparecencia de Roswall en el Congreso de los Diputados.
En ella, Susinos reprocha que el Gobierno de España no ha remitido a la Comisión Europea el informe sexenal 2019-2024 sobre la conservación del lobo, a pesar de haber sido aprobado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el 16 de julio de 2025.
«No resulta comprensible que el Reino de España no haya enviado el informe a la Comisión en el tiempo y forma requeridos», indica la carta, alertando que «todo indica que el Ministerio está buscando pretextos sin fundamento legal para retrasar el cumplimiento de esta obligación».
De hecho, la propia comisaria desmintió la versión del Ministerio, que aseguró haber solicitado una prórroga del plazo.
El informe es fundamental. Según las autonomías, reconoce que el estado de conservación del lobo es «favorable» tanto en la zona atlántica como en la mediterránea. Si la Comisión Europea lo aceptara, se abriría la puerta a una gestión más flexible de la especie.
No obstante, mientras el Gobierno retenga el informe, el bloqueo continuará.
Daños crecientes
Mientras tanto, los daños siguen aumentando. En Galicia, los ataques han crecido un 72% desde 2021, con un promedio diario de nueve reses afectadas.
Asturias abonó 1,5 millones en indemnizaciones en 2024, un 96% más que antes de la protección estricta. En Madrid aumentaron un 35%. Todas estas regiones están sufragando los pagos con sus propios presupuestos, sin recibir ayuda estatal.
Algunas incluso están revisando los baremos de compensación por encima del IPC para aproximarlos al valor real del mercado.
Cantabria actualizó sus tarifas en febrero de 2026; Asturias hizo lo propio en diciembre de 2024, incrementando el lucro cesante en un 30%. Sin embargo, los ganaderos siguen denunciando que las indemnizaciones no cubren el valor real: un ternero se vende a 1.000 euros mientras que la compensación alcanza solo 740 euros.
La incertidumbre judicial se mantiene. El Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, recurrió ante el Tribunal Constitucional la reducción en la protección al lobo aprobada por las Cortes. El TC admitió el recurso en julio de 2025, aunque varias comunidades se personaron para defender la ley.
En Europa, el Convenio de Berna, en diciembre de 2024, relajó la protección al lobo. Además, el Parlamento Europeo respaldó la modificación de la Directiva Hábitats en mayo de 2025. España podría beneficiarse de esta mayor flexibilidad, pero el Gobierno obstaculiza el proceso al no enviar el informe sexenal.
El resultado es una combinación complicada: unos presupuestos prorrogados sin opción a incremento, un mecanismo pandémico que permite mover recursos sin control parlamentario,
una «represalia ideológica por parte del Ejecutivo» tras ser derrotado en el Parlamento, y miles de ganaderos rurales que observan cómo los fondos comprometidos por el Estado se destinan a financiar coches eléctricos.