Los sectores conservadores prefieren aguardar la jubilación de tres magistrados adicionales para alcanzar un acuerdo conjunto respecto a los nombramientos en la Sala de lo Penal
Desde hace varios meses, las facciones conservadora y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sostienen una pugna soterrada en torno a la designación de una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esta sala se encarga de investigar y juzgar a miembros del Gobierno, del Congreso, del Senado y otras autoridades; de hecho, fue la misma que condenó hace poco al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar datos reservados sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La vacante corresponde al turno de jurista tras la jubilación del magistrado Miguel Colmenero y permanece sin cubrir durante meses. A esta plaza se sumarán pronto otras tres vacantes por las jubilaciones de los magistrados Andrés Palomo, Ángel Hurtado y Juan Ramón Berdugo.
Por la ausencia de avances en las negociaciones entre conservadores y progresistas —que ni siquiera han iniciado un diálogo formal—, según fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO, los vocales designados por el Partido Popular en el CGPJ intentarán cerrar un acuerdo global para las tres vacantes restantes de la Sala de lo Penal y proceder con estas designaciones especialmente delicadas de manera conjunta.
Cabe destacar que el magistrado Berdugo se jubilará en septiembre próximo, por lo que, en caso de acuerdo, los nombramientos se realizarían «tras el verano», puntualizan fuentes del órgano rector de la judicatura.
Actualmente, la Sala de lo Penal o Segunda, presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, cuenta con 15 magistrados. En enero pasado, la Comisión de Calificación del CGPJ aprobó mantener en la terna para la plaza dejada por el juez Colmenero a 12 de los 14 aspirantes inscritos. Entre ellos están las catedráticas Silvina Bacigalupo, Mar Carrasco, Alicia Gil, Carmen Juanate y Paz Lloria, así como los juristas Julio Banacloche, Guillermo García-Panasco, Norberto de la Mata, Manuel Ollé, Carlos Pérez del Valle, Jesús Santos Vijande y Luis Uriarte. Entre los postulantes masculinos hay perfiles que incluyen catedráticos, profesores titulares, magistrados y fiscales.
Por otro lado, la insistencia del Gobierno en la candidatura de la catedrática de Derecho Penal Bacigalupo —miembro del comité asesor que Pedro Sánchez creó en 2015 y cuñada de la ex vicepresidenta del Gobierno y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera— ha provocado un rechazo frontal por parte de los vocales conservadores.
El Ejecutivo considera que hay una escasez de magistrados progresistas en la Sala Segunda, un órgano que, durante los últimos años, ha resaltado con sus resoluciones las contradicciones en las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo evidenció, por ejemplo, al oponerse a la concesión de indultos a los líderes del procés, al criticar la reforma ad hoc del Código Penal para beneficiar a dirigentes independentistas y, más recientemente, al no aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación de fondos públicos vinculado al 1-O.
Además, con amplia mayoría, esta Sala condenó a García Ortiz por revelar datos reservados del empresario Alberto González Amador; fallo que obligó al Ejecutivo a nombrar a un nuevo fiscal general, pese a la defensa intensa que efectuó del condenado. Igualmente, la Sala de lo Penal solicitó a la Audiencia Nacional investigar pagos en efectivo en la sede de Ferraz y presuntas comisiones ilegales por influencias en obras públicas desde el Ministerio de Transportes. También fue este órgano el que ordenó imputar al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y llevar a juicio al antiguo influyente José Luis Ábalos, cuyo proceso comenzará el próximo 7 de abril.
El Gobierno es consciente de que, a diferencia del Tribunal Constitucional o la Fiscalía, el Supremo es la instancia que no ha logrado controlar, por lo que cada nombramiento en la Sala de lo Penal resulta crucial.
Como informó este periódico, en la Sala de Gobierno del TS generó inquietud la decisión del Ministerio de Justicia de ampliar la plantilla de la Sala Segunda en el decreto de las 500 nuevas plazas judiciales, mientras que ignoró las dos plazas solicitadas para la Sala Cuarta o de lo Social. Las fuentes consultadas interpretan esta medida como un intento de forzar un cambio ideológico en la Sala de los aforados. El Supremo no rechaza la ampliación de su Sala Penal, pero ha manifestado que es «mucho más urgente» reforzar la Sala de lo Social, encabezada por la magistrada Concepción Ureste.