El portavoz del partido de Abascal en Extremadura indicó que sus demandas se limitan al ámbito de actuación de las comunidades autónomas
El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, aprovechó ayer su intervención, que duró 30 minutos, para enumerar varias propuestas que su partido ha presentado al PP con el fin de cerrar un acuerdo. Algunas de ellas, reconoció, ya habían sido incorporadas por María Guardiola en su discurso de investidura. «Muchas de las cuestiones que ha planteado aquí ya se han acordado», le replicó también la candidata popular. Sobre otras todavía no existe pacto, pero las negociaciones continúan y las demandas que Vox presentó ayer ofrecen cierto margen al PP.
Hace diez días, el partido de Alberto Núñez Feijóo difundió un «documento marco» que contiene las líneas principales para cerrar acuerdos con otras formaciones políticas, ahora con Vox en las comunidades autónomas. En este documento, el PP se comprometía a que todos sus pactos se ajustaran a la «legalidad vigente», lo que implica limitar las medidas acordadas a las competencias que tienen las comunidades. Esto suscitó rechazo en Vox, que consideró que dejar estas condiciones —«obvias», afirmó Santiago Abascal— por escrito equivalía a tratarlos como «salvajes». No obstante, varias de las propuestas que defiende la formación de derecha radical no pueden implementarse desde las autonomías, lo que ha provocado fricciones entre PP y Vox en su relación dentro de las regiones. El caso más claro es la distribución de menores inmigrantes entre las comunidades, ya regulada por ley y que el partido de Abascal rechaza.
Sin embargo, ayer, durante el listado de exigencias que Vox plantea al PP para cerrar un acuerdo, su portavoz dejó entrever que sus demandas se circunscriben al ámbito de actuación autonómico. «Oposición por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier reparto de inmigrantes ilegales, sean adultos o menores», exigió Fernández a Guardiola —no se refirió a desobedecer normas, sino a rechazarlas «por todos los medios» posibles—. En materia de inmigración, el dirigente de Vox reclamó además «priorizar» a los españoles en la asignación de ayudas y en programas de empleo, solicitando revisar las medidas para «incorporar la prioridad nacional allí donde se pueda aplicar».
Asimismo, Vox situó en el marco legal el límite a una de sus peticiones más destacadas: la eliminación de subvenciones a sindicatos. «Suprimir todas las subvenciones que superen el mínimo legal vigente para sindicatos, patronales y entidades privadas sin demostrada utilidad pública», afirmó Fernández.
En el ámbito medioambiental, Vox exigió al PP «una oposición decidida a cualquier normativa que perjudique al sector primario». Aunque, eso sí, añadió la necesidad de acordar «un compromiso firme para no aprobar ni una sola norma que dañe al sector primario, venga de donde venga». Posteriormente añadió: «Es fundamental protegerlo política, económica y jurídicamente frente a las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde», lo que de nuevo deja un margen para que el PP pueda acordar en esta área medidas que sí dependen de las autonomías. Así, con Vox reconociendo esa «legalidad» y respeto competencial que exige el PP, los populares disponen aún de espacio para maniobrar.