Bartomeu justifica la transferencia de 1,7 millones de euros a un abogado vinculada al fraude fiscal en la contratación de Neymar

Josep Maria Bartomeu, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona el pasado mes de octubre. El expresidente del Barça ha alegado un acuerdo verbal que condujo a un pacto de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

De este modo, el club azulgrana reconocía dos delitos fiscales en la contratación del jugador brasileño y aceptaba abonar una multa.

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Josep Maria Bartomeu ha acudido nuevamente al juzgado, aunque esta vez no por el ‘caso Negreira’, sino como imputado por una presunta administración desleal en el pago de comisiones durante su mandato como presidente del Fútbol Club Barcelona.

Al máximo responsable del club desde 2014 hasta 2020 se le imputa haber pagado 1,7 millones de euros a un abogado por su intermediación en el caso de irregularidades fiscales relacionadas con el fichaje de Neymar.

En su declaración, Bartomeu justificó el pago a su letrado José Ángel González Franco por la negociación que concluyó con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Agencia Tributaria, donde el club azulgrana reconoció dos delitos fiscales vinculados al fichaje del brasileño y aceptó el pago de una sanción económica.

El expresidente explicó que González Franco recibió un 10% del dinero que el Barcelona consiguió ahorrar gracias al acuerdo, que redujo la deuda de 22 millones a 5 millones.

La resolución fue tomada tras una reunión donde también estuvo presente el anterior presidente, Sandro Rosell, quien igualmente está involucrado en la causa penal por fraude fiscal.

En primer lugar, se realizó un abono en agosto de 2016 por 950.000 euros y luego, en mayo de 2017, se completó el pago hasta alcanzar los 1,7 millones. En el expediente constan correos electrónicos en los que el despacho de abogados reclama dicha cantidad al club.

Josep Maria Bartomeu, durante un acto.

Josep Maria Bartomeu, durante un acto. PAU VENTEO – EUROPA PRESS

La Fiscalía sostiene que no fue sino hasta el 11 de mayo de 2017, meses después del primer pago, que se sometió a la junta directiva la aprobación de la carta de encargo fechada el 4 de marzo de 2016, así como la factura final pendiente por 769.111 euros, emitida el 6 de abril de 2017.

El juez investiga diversas operaciones que podrían haber ocasionado un perjuicio total de cuatro millones de euros. No obstante, la fiscalía no ha interpelado sobre las comisiones relacionadas con el fichaje de Malcom, que también aparecen en la denuncia presentada.

Para el Ministerio Público, Bartomeu «incumplió el deber de diligencia y lealtad» y «usurpó» competencias de la junta directiva. En septiembre, la Fiscalía especificó que existen tres transacciones bajo sospecha:

1) El fichaje de Malcom

En 2018, el Barça cerró apresuradamente la contratación de Malcom por 41 millones de euros, procedente del Girondins de Burdeos.

Tras la firma, el jugador y la empresa Elenko Sports acordaron 10 millones en comisiones para intermediarios.

Finalmente, el club pagó 855.600 euros a esa sociedad sin contrato formal previo, lo que provocó una declaración complementaria ante Hacienda con recargos e intereses.

La Fiscalía interpreta que hubo aprobaciones al margen del procedimiento reglamentario de la junta y un incremento injustificado en el coste.

La auditoría subrayó que la comisión alcanzó aproximadamente el 25% del precio, muy por encima del 5% habitual. Esta disparidad constituye la base para acusar administración desleal.

Más allá de los porcentajes, la cuestión fiscal agrava la situación, ya que la regularización por recargos e intereses aumentó el coste total, afectando la liquidez sin un beneficio deportivo equivalente.

En lo que respecta a la gobernanza, la crítica es evidente: faltó supervisión y predominó la discrecionalidad.

2) Pagos en el ‘caso Neymar’

Se está investigando la entrega de 1,7 millones de euros al abogado penalista José Ángel González Franco vinculada al cierre del acuerdo de conformidad penal por el fichaje de Neymar.

Este pacto implicó que el club reconociera dos delitos fiscales y pagara una multa de 5,5 millones de euros, cifra inferior a los casi 70 millones originalmente considerados por la acusación.

La hipótesis de la Fiscalía es que ese pago podría no corresponder a trabajos concretos relacionados con la conformidad o que, en parte, cubrió gastos de defensa personal de individuos.

El Ministerio Público indica que el desembolso habría sido aprobado fuera del ámbito colegiado de la junta directiva.

El entorno del abogado rechaza rotundamente esta versión y justifican la cifra como un «success fee» por resultados: reducir la exposición penal del club y el monto final de la sanción.

Otras teorías respaldan esta interpretación y ubican el pago dentro de prácticas de mercado en litigios complejos. Más allá del debate técnico, el aspecto jurídico clave sigue siendo el proceso de autorización.

La instrucción determinará si la junta conoció, discutió y votó la minuta y si se protegió el interés social del Barça. Sin esta documentación, la discrecionalidad podría interpretarse como deslealtad.

3) 1,5 millones al Club Esportiu Laietà

Según la Fiscalía, el Barça abonó 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por molestias y supuestos servicios a empleados, pese a que sus terrenos no resultaron afectados por la modificación urbanística aprobada en 2017 vinculada al proyecto del Espai Barça.

Los pagos de 1,5 millones se distribuyeron en tres partidas: 561.807 euros al Club Esportiu Laietà por ruidos y polvo; 516.000 euros al Club Deportivo Laietà por uso de instalaciones; y 421.925 euros a la Fundación homónima por afectaciones.

La Fiscalía interpreta esto como un trato de favor injustificado. Este punto conecta con una crítica constante en la auditoría forense solicitada por la directiva de Joan Laporta: desembolsos sin justificación y documentación insuficiente.

Si el juez concluye que no existe contraprestación real ni necesidad objetiva, el pago podría constituir administración desleal. La instrucción precisará este análisis de proporcionalidad.

En relación con este asunto, Bartomeu ha aclarado que no participó directamente en la negociación y que el tema fue abordado por la junta directiva del club en su momento. El expresidente del Barça ya fue sancionado con una multa de 10.000 euros por injurias graves, lo que podría anticipar una nueva condena vinculada a este caso.

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