La vista oral ante la Audiencia Nacional comienza con la resolución del ex vicepresidente y su ex asesora de retirar la acusación contra los dos periodistas juzgados por entregar al policía la tarjeta de móvil robada.
Este lunes la Audiencia Nacional inició el juicio relacionado con el caso Dina, que se centra en el trayecto de la tarjeta de memoria sustraída en 2015 a Dina Bousselham, cuando era asesora de Pablo Iglesias. En el banquillo se encuentran, acusados de revelación de secretos, el comisario José Manuel Villarejo y dos periodistas de Interviú vinculados a una de las ramas de la investigación. En la otra, el propio Iglesias estuvo próximo a ser imputado.
El entonces vicepresidente del Gobierno evitó la imputación al estar amparado por su aforamiento ante el Tribunal Supremo. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado del caso, consideró a Iglesias responsable de la destrucción de la tarjeta de memoria del móvil de Bousselham, que había sido entregada al medio desde la revista. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró insuficiente la investigación y desestimó la imputación contra Iglesias.
Finalmente, el fundador de Podemos ejerce la acusación particular en la vista oral que se inicia este lunes. Lo que se juzga en la Sección Cuarta es la decisión del ex director de Interviú Alberto Pozas y uno de sus periodistas, Luis Rendueles, de entregar una copia del contenido de la tarjeta a Villarejo. Según el escrito de acusación, el comisario a su vez la trasladó a periodistas de otros dos medios digitales para que elaboraran informaciones perjudiciales para Podemos.
La sesión comenzó con una novedad significativa. Las acusaciones particulares que representan Iglesias y Bousselham llegaron a un acuerdo con las defensas de los dos periodistas para concederles el perdón. A cambio, ellos reconocieron haber entregado la tarjeta a Villarejo en el ejercicio de su labor periodística.
Dado que la revelación de secretos por particulares es un delito de carácter privado, esta acción impediría que la Fiscalía continuara acusándoles, y el caso se cerraría para ambos. La causa seguiría únicamente contra Villarejo, pues en calidad de funcionario público su delito se considera público y la decisión de particulares no influye en la Fiscalía.
El juicio fue suspendido durante más de una hora para valorar el alcance de esta nueva situación. Durante ese tiempo, Bousselham se presentó en la Audiencia y confirmó directamente ante el tribunal que concedía el perdón «expreso e irrevocable» a los dos periodistas.
La Sala tenía previsto realizar el mismo trámite por videoconferencia con Pablo Iglesias, quien, según su abogado, se encuentra en México. Tras algunos minutos de problemas técnicos, finalmente se efectuó: Iglesias, tocándose la perilla, confirmó el perdón. Instantes después, los dos periodistas fueron excluidos del juicio y abandonaron la sala.
En la sesión inicial del juicio, los abogados de Iglesias y Bousselham solicitaron que el tribunal revoque la citación como testigo de José Manuel Cavalcante, ex responsable jurídico de Podemos. Cavalcante denunció las maniobras de Iglesias para presentar la filtración de la tarjeta como una operación de las cloacas, a pesar de que en conversaciones internas se daba por hecho que respondía a filtraciones motivadas por conflictos internos. El tribunal desestimó las solicitudes y Cavalcante declarará.
La defensa de Villarejo también recibió una respuesta negativa del tribunal. Pretendía incluir en la causa un chat que consideraba que evidenciaba la connivencia entre Iglesias y la Fiscalía para construir esta investigación de manera artificial con el fin de señalar a Podemos como víctima de maniobras policiales.
Un robo en el aparcamiento
La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión para el único acusado que queda y cuatro años para la representación de Iglesias. La investigación comenzó con la detención de Villarejo, a quien se le encontró una copia de la tarjeta robada a Bousselham en un aparcamiento de Ikea en Alcorcón en noviembre de 2015.
Según el relato de la Fiscalía recogido en el escrito de acusación, en enero de 2016 una persona anónima entregó la tarjeta a Interviú. La revista decidió no publicar su contenido y el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la entregó a Iglesias, estimando que podía ser de su propiedad. Los dos periodistas conservaron una copia que el comisario les solicitó poco después. Ambos alegan haberse limitado a atender un requerimiento policial.
Lo que finalmente no llegó a juicio fue lo que hizo Iglesias con una tarjeta de memoria que no le pertenecía. La recibió en buen estado, pues comprobó su contenido en Interviú. Según el fiscal, contenía «archivos con documentos internos del partido político Podemos, diversos datos bancarios, archivos de vídeo y audio, otros documentos con contenido íntimo y personal, incluyendo fotografías de Dina Bousselham semidesnuda, y varios grupos de chats de Telegram, entre ellos los denominados ‘EQUIPO PORTAVOZ’ y ‘SUPERAGENTE’, donde estaban registrados otros miembros de la cúpula del referido partido político».
Iglesias tardó meses en devolver la tarjeta a su legítima propietaria. Según declaró públicamente, se resistió a hacerlo para protegerla y no someterla «a más presión». Bousselham declaró ante el juez que al recibirla la tarjeta estaba dañada y no pudo acceder a su contenido, señalando así a Iglesias por un presunto delito de daños informáticos. Posteriormente, su ex asesora rectificó y afirmó que primero pudo acceder a ella, pero después no. Un informe policial concluyó que no era posible determinar cuándo fue dañada, lo que llevó al archivo de la causa por los daños de los que Iglesias era sospechoso.
En el juicio de esta pieza 10 del caso Tándem, Iglesias se presenta como víctima de una operación de las «cloacas» del Estado contra él y Podemos. El ex vicepresidente del Gobierno está citado como testigo en la vista oral, prevista hasta el jueves.