La exasesora de Podemos se ha definido a sí misma y a Pablo Iglesias como «víctimas». El político retuvo la tarjeta SD por varios meses.
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Dina Bousselham, exasesora de Podemos, ha vuelto a defender que el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias no cometió delito al acceder a los archivos de su teléfono móvil. Así se ha expresado este martes en la Audiencia Nacional, según informan fuentes cercanas al proceso a EL ESPAÑOL, que añaden que, ante el juez, Bousselham se presentó a ella y a Iglesias como víctimas y como las partes «perjudicadas».
Para justificar su defensa —lo que evita su imputación—, la exasesora recordó que cuando Iglesias tuvo la tarjeta SD bajo su custodia, ambos mantenían una relación de amistad cercana y basada en la «confianza», según relatan las mismas fuentes. Por ello, no se sintió dañada por el político, señaló este martes.
Incluso, Dina afirmó que no tiene «nada que reprochar» a Pablo Iglesias, y que no lo denunció por acceder al dispositivo. El magistrado Manuel García-Castellón le preguntó por qué sí pidió imputar a dos periodistas que llevaron a cabo la misma acción —investigar el contenido de la tarjeta— y a quienes Dina sí considera responsables. Bousselham calificó el accionar de esos reporteros de «machista» por revisar por su cuenta el contenido de la SD sin informarla.
La pieza Dina, parte de la macrocausa Tándem (conocida como caso Villarejo), toma su nombre de la exasesora del exlíder de Podemos, ya que se investiga el presunto robo de su móvil y el acceso a su tarjeta. También se analiza la difusión en prensa de datos extraídos del teléfono.
Su declaración fue una de las últimas actuaciones en esta causa, cuya instrucción el juez García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cerró a finales de enero pasado. La decisión se tomó tras el informe de la Policía Científica que concluyó que era imposible identificar quién fue la última persona que manipuló la tarjeta SD de la exasesora.
En su tercera declaración sobre el caso, Dina reafirmó este martes que, una vez Iglesias devolvió la tarjeta, solo pudo acceder a sus archivos una vez. Cuando intentó un segundo acceso, el dispositivo ya le resultó inaccesible.
Finalización de la instrucción
El 27 de enero, el Juzgado dio por concluida la investigación después de recibir un informe policial que establecía que era imposible precisar la causa por la que la tarjeta SD quedó inutilizada ni quién fue responsable.
El 8 de marzo, García-Castellón rechazó el recurso de Pablo Iglesias, quien solicitaba reabrir la investigación para esclarecer una supuesta trama policial relacionada con el caso, dado que una copia de la tarjeta se halló en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Sin embargo, —respondió el juez— la petición de Iglesias se sustentaba en «hipótesis». Dina también había esgrimido este argumento para justificarse como víctima de una operación policial contra Podemos.
Ese mismo día, también declaró en la Audiencia Nacional el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. Pino se desmarcó del incidente, asegurando que nunca recibió la tarjeta directamente. No obstante, reconoció que en su departamento trabajaba «numeroso personal».
Un día antes, el 7 de marzo, el juez rechazó también, con fundamentos similares, un recurso presentado por Vox, que solicitaba reabrir el caso e imputar a Pablo Iglesias. Como explicó el magistrado, esta iniciativa «se fundamentaba únicamente en sospechas», ya que no existe evidencia para atribuir al exlíder de Podemos la destrucción de la tarjeta.
Iglesias y la tarjeta
En octubre de 2020 —antes de conocer el informe que confirmaba la imposibilidad de acceder a la tarjeta luego de que pasó por manos de Iglesias—, el juez elevó al Tribunal Supremo una exposición en la que señalaba una «participación delictiva» por parte del entonces vicepresidente del Gobierno, a quien acusaba de haber retenido la tarjeta sin informar a su propietaria.
En enero de 2021, el Tribunal Supremo devolvió la exposición a García-Castellón para que el juez realizara diligencias complementarias, tales como consultar a Bousselham si quería ejercer acción penal contra Iglesias. Para que un delito de revelación de secretos sea perseguible, el Código Penal requiere la denuncia de la persona afectada; requisito que finalmente no cumplió.
Por otro lado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez ampliar el examen pericial para determinar la causa de la inaccesibilidad de los datos, la técnica que produjo el daño en la tarjeta y la posibilidad de recuperar los archivos. La Policía Científica no logró acceder a la tarjeta ni despejar estas incógnitas.
Pieza ‘Dina’
El 19 de marzo de 2019, el juez abrió la llamada pieza Dina dentro del caso Tándem, ante indicios de que la filtración a la prensa de mensajes del móvil de Dina habría sido obra del excomisario José Manuel Villarejo, en cuyo domicilio se halló una copia de los archivos de la tarjeta.
Entre los mensajes hallados, se encontraron conversaciones de Iglesias con su asesora y su equipo donde el líder de Podemos expresaba, entre otros comentarios, que le habría gustado «azotar a [la presentadora] Mariló Montero hasta hacerla sangrar».
Durante la investigación se constató que Iglesias poseyó una copia de la tarjeta del móvil de su asesora, la cual recibió en enero de 2016 del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.
El juez destacó durante la instrucción que Pablo Iglesias «comprobó que el dispositivo contenía archivos personales e íntimos de Bousselham» y, a pesar de ello, mantuvo la tarjeta en su poder sin comunicárselo a Dina. Al devolverle la tarjeta, esta ya no funcionaba ni era posible acceder a su contenido. Inicialmente, la exasesora declaró que nunca pudo entrar a la SD, aunque luego rectificó, asegurando que solo pudo hacerlo una vez.
Concluida la instrucción, en la resolución para el procedimiento abreviado, el juez García-Castellón determinó que solo siga el proceso contra Villarejo y dos periodistas de la extinta revista Interviú, del Grupo Zeta, quienes tuvieron acceso a la tarjeta y entregaron una copia a Villarejo. Ambos reporteros afirmaron que el excomisario se la solicitó y pensaron que era parte de una operación policial.