Informes desclasificados del Ministerio del Interior señalaban a finales de 1981 que «el resurgimiento del ambiente que dio origen al 23-F resulta evidente»
La intervención de Juan Carlos I el 23 de febrero de 1981 le otorgó un prestigio que perduró durante décadas, aunque hacia finales de ese año tal reconocimiento no era tan evidente. Parte de la documentación desclasificada ayer examina la realidad que enfrentaban los militares que apoyaron al monarca frente al golpe, revelando un panorama preocupante. Un «informe de situación» del Ministerio del Interior, fechado en noviembre de 1981, describe la «grave» condición de los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la Policía Nacional: «El resurgimiento del clima que motivó el 23-F es claramente visible. La situación profesional de aquellos que mantuvieron una postura leal al Rey, a la Constitución y al orden legal y democrático durante esos días comienza a ser insostenible».
Se destaca el acoso que sufrían por parte de la prensa ultraderechista y «el aislamiento» que vivían cotidianamente, no solo en el ámbito laboral, sino también en sus actividades sociales. En ocasiones, recibían directamente «reproches» por su conducta durante el golpe. De hecho, el informe advierte que «todo esto puede llevar a una desmoralización de este personal, que se siente perseguido y culpable por haber actuado con absoluta lealtad al Rey los días 23 y 24-F».
También se ha desclasificado un informe de la Secretaría Técnica de Interior, que expresaba preocupación por la imagen en la prensa internacional. Uno de los artículos revisados por el Ministerio señalaba que al hijo del condenado por el 23-F Milans de Bosch le habían impuesto «solo un mes de arresto por referirse al Rey como ‘cerdo inútil'». Asimismo, en los cuarteles se distribuyeron nuevamente octavillas clandestinas en contra de Juan Carlos I. El diario bruselense De Standaard concluyó que «las posibilidades de una segunda versión, mejorada, de los sucesos de febrero están aumentando proporcionalmente».
Existe un segundo informe, fechado en diciembre de 1981, sobre «Índices de subversión en las Fuerzas Armadas», diez meses después del golpe. En él se señala que «la imagen del Rey sufre un deterioro tanto personal como profesional», y que circulan mensajes destinados a desacreditarlo y ridiculizarlo. Como muestra, se menciona la aparición de pintadas en las paredes con consignas como el Rey a declarar.
«Imprescindible»
El informe sostiene que todo esto es resultado de que a Don Juan Carlos le ha correspondido asumir tras el golpe «una posición de liderazgo en las Fuerzas Armadas que, en realidad, debería estar en manos de un conjunto de ‘jefes de prestigio'», evitando así que el monarca sufra ese desgaste. «Es imprescindible», señala, impedir que el Rey mantenga «el control permanente del Ejército, elevando su liderazgo».
Otros documentos desclasificados de la Dirección General de la Policía confirman ese «profundo malestar en las Fuerzas Armadas». El 12 de marzo, un informe recogía cómo el partido ultraderechista Fuerza Nueva, liderado por Blas Piñar, daba por sentado el «divorcio del Rey con el Ejército».
Tras el golpe, el Cuerpo Superior de la Policía comenzó a investigar a la extrema derecha y al entorno de los militares golpistas. A punto de cumplirse un mes del 23-F, alertaba de que «altas instancias castrenses» promovían «una campaña de apoyo económico para los familiares» de los detenidos tras el golpe. Una semana más tarde, se bloqueó la cuenta bancaria donde llegaban esos fondos.
En la sección de «otra documentación del Ministerio del Interior» figura una nota sin firma ni fecha, identificada como «Campaña contra S. M. El Rey en relación con el 23-F». En ella se enumeran los argumentos con los que abogados defensores de los encausados y miembros de «grupos políticos y círculos afines a la causa» intentaban implicar a Juan Carlos I. El doble propósito: «reducir» la responsabilidad penal de los procesados y «contar con un argumento contra la Corona que permita un intento similar en el futuro».
A esa nota se adjuntan varios panfletos que exponen razones para vincular al jefe del Estado, algunas de las cuales, se reconoce, «tuvieron cierta repercusión en sectores de la derecha radical». La versión más insólita de la ultraderecha aseguraba que el Rey llamó a Adolfo Suárez a su despacho a comienzos de 1981 y que, bajo el pretexto de ir al baño, lo dejó «oportunamente» solo con varios capitanes generales, quienes le exigieron su dimisión. El presidente del Gobierno respondió que solo el pueblo podría obligarle a ello y entonces «el Teniente General Merry Gordon (Sevilla) sacó una pistola, la puso sobre la mesa y dijo: ‘Ésta es una razón'». El relato finaliza así: «Su Majestad apareció sonriente, entró en la conversación como si nada hubiera pasado y, tras esto, ofreció al Sr. Suárez su dimisión».