La desclasificación completa de los documentos relacionados con el golpe de Estado se inició en noviembre: la ministra de Defensa mostró numerosas «reticencias» y en un principio «no quería», pero finalmente accedió.
El 20 de noviembre pasado, Pedro Sánchez asistió a la presentación en la Sala Constitucional del Congreso de la serie Anatomía de un instante, dirigida por Alberto Rodríguez, basada en la novela homónima de Javier Cercas sobre el 23-F. En ese evento, el autor le hizo un pedido directo al presidente: «Por favor, desclasifique todo lo que exista, hasta donde le sea posible. Todo. No se alterará la interpretación del golpe, porque ya conocemos la verdad».
Sánchez acogió la propuesta favorablemente. La digirió unas horas, la aceptó y ordenó a su equipo lo siguiente, en palabras textuales: «Saquémoslo todo para evitar malinterpretaciones». Es decir, para «contrarrestar los bulos». Así comenzó una operación para reunir, uno a uno, los documentos clasificados más significativos del 23-F. Lo primero que debe aclararse es que los papeles secretos sobre el golpe de Tejero no están almacenados en un solo lugar, «en un cajón», sino dispersos entre ministerios e instituciones implicadas. El CNI (anteriormente CESID) también ha colaborado estrechamente durante estos tres meses.
Sin embargo, no todos apoyaban la desclasificación total. Dentro del propio Consejo de Ministros surgieron «reticencias»: las de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Así lo confirman diversas fuentes gubernamentales a EL MUNDO. La ministra temía que la nueva información se utilizara indebidamente. Según estas fuentes, afirmó que se «sacaría de contexto» y trató de restringir al máximo la contribución de su departamento.
«Otros ministros vieron esto como una oportunidad», explican desde Moncloa. Los más implicados fueron el de Exteriores, José Manuel Albares; el del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Presidencia, Félix Bolaños. «Pero Defensa mostró la mayor reticencia». Además, Robles argumentó que «la mayor parte de los documentos secretos de Defensa y del CESID ya se habían desclasificado durante el juicio».
La ministra de Defensa fue la única que puso obstáculos: «Con ella ha costado un poco más. Hay que comprender que Defensa representa al Ejército. Sin embargo, al final accedió».
Cabe recordar que Robles ya había confrontado a Bolaños por la Ley de Información Clasificada, que pretende establecer un límite máximo de 45 años para la desclasificación automática de documentos «alto secreto». Esta ley aún no ha sido aprobada debido a constantes prórrogas del PSOE. «Robles no quiere que esta ley sea aprobada y tampoco apoyaba la desclasificación total» del 23-F, señala otra destacada figura socialista.
Varios integrantes del Gobierno coinciden en que la conducta independiente de Robles «no es nueva», pero se ha intensificado durante los últimos dos años. La acusan de «poner trabas» a sus «compañeros» para marcar su posicionamiento. «Especialmente desde el cambio de Gobierno, cuando salieron Nadia Calviño y Teresa Ribera, quienes la contenían». «Le gusta actuar por su cuenta, aunque siempre se coordina con nosotros», concluyen en Moncloa.
También hay críticas de ministras y ministros socialistas hacia Robles debido a unas declaraciones que hizo la semana pasada sobre Marlaska, tras el escándalo sexual del jefe máximo de la Policía Nacional, José Ángel González. «Todos defendiendo la versión oficial: que Marlaska se enteró cuando todo salió a la luz, y ella diciendo lo que quiso», le reprochan desde su entorno. La titular de Defensa hizo un llamado a mejorar los protocolos y no respaldó de forma «plena» a Marlaska. En conversación con este diario, una ministra le critica por «torpedear a su compañero» «una vez más».
Una novedad del Rey
Por lo demás, desde Moncloa minimizan las expectativas generadas por los 153 documentos que se harán públicos este miércoles por la tarde: «No hay nada que modifique la historia», insisten las fuentes. Aun así, según ha sabido este diario, sí se revelarán novedades con cierto peso informativo que reavivarán viejos debates.
Por ejemplo, aparecerá un testimonio que asegura que Juan Carlos I solicitó supuestamente que las penas a los golpistas no fueran muy severas. No obstante, hasta ahora no existen pruebas que lo confirmen. Cabe destacar que las condenas impuestas por el Supremo a Milans del Bosch, Tejero y Armada fueron las máximas posibles: 30 años.
Nada alterará el relato del 23-F, «pero el secesionismo y un sector de la izquierda continuarán defendiendo la teoría golpista de que el Rey estaba involucrado, porque saben que eso debilitaría la Monarquía», resume Cercas en conversación con este diario.
El sumario se guarda en la cámara acorazada del Tribunal Supremo
¿Qué se conocerá esta tarde? Se trata de miles de páginas nuevas, además de fotografías y transcripciones de conversaciones grabadas a los protagonistas del 23-F. Fuentes oficiales afirman que los ministerios y el CNI han entregado todos los informes, pero en ningún momento se solicitó el sumario del juicio, por una razón sencilla: «no es secreto» gubernamental. Este se custodia en la cámara acorazada del Tribunal Supremo y contiene todo lo que ya se hizo público durante el juicio, que fue abierto y contó con amplia cobertura periodística, y además está accesible.
Cercas ayudó a Moncloa: «El negocio del bulo no cesará»
El Gobierno consultó al escritor Javier Cercas, autor del principal libro sobre el 23-F, para que asesorara sobre los documentos del golpe que faltaban por divulgar. Él insistió en publicar «todo», asegurando que no modificaría la interpretación «esencial» de aquel día. «Esto es un avance importante, pero no pondrá fin a la industria de los bulos y rumores sobre el 23-F, un negocio en el que participan periodistas e incluso historiadores», afirma Cercas a este diario. «Solo lo complicará un poco, pero el negocio del bulo continuará», concluye.