La posible denuncia se suma a la querella ya presentada contra él por una inspectora por violación.
La policía que amenaza con presentar una segunda denuncia por acoso contra José Ángel González afirma que el ya ex director adjunto operativo (DAO) provocó que «perdiera su empleo» y que la «intimidaba y sometía». Según la información facilitada a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el hombre designado por Fernando Grande-Marlaska al mando del Cuerpo «vigilaba todos sus movimientos» cuando ella estaba destinada en una comisaría del norte del país.
Ayer mismo, la agente contactó con el abogado de la inspectora que presentó la querella por violación contra González para comunicarle que ella también habría vivido un episodio de acoso por parte del ex máximo responsable uniformado del Cuerpo. «Hola, yo también soy una víctima del DAO», así comenzó la policía la conversación con el letrado Jorge Piedrafita.
Todavía no se conocen con detalle las circunstancias de esta presunta nueva agresión ni si la denuncia se presentará formalmente. Lo que sí está claro es que los hechos comunicados al abogado no tendrían relación con una agresión sexual ni con una relación sentimental entre ambos, a diferencia del caso que actualmente investiga el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 8 de Madrid.
Es la segunda mujer que acusa a González, a quien el ministro del Interior mantuvo en su puesto cuando estaba próximo a jubilarse, añadiendo una disposición adicional en el real decreto que aprobaba ayudas para los afectados de la Dana. El perfil del ex máximo responsable uniformado era ampliamente reconocido dentro del Cuerpo debido a sus «conductas inapropiadas», que, según indican, se agravaron durante los siete años que desempeñó el cargo de DAO. La facilidad atribuida a González para generar relaciones desiguales con sus subordinadas quedó reflejada en una frase que define su trayectoria laboral tanto antes como durante su etapa como DAO: «A Jota le costaba subirse la bragueta», según revelan fuentes internas que le asignan varias parejas dentro del Cuerpo.
De acuerdo con la nueva agente que contactó a Piedrafita, González habría «maniobrado» para «hacerle la vida imposible» en el trabajo simplemente porque ella «no era de su agrado». Esta arbitrariedad es reconocida por mandos y subordinados que han trabajado bajo su dirección a lo largo de su carrera. Los excesos, excentricidades y también sus preferencias y rechazos en el ejercicio de sus funciones eran notorios en la Policía.
Incluso, entre los grupos de mandos no ocultan la preocupación por la presunta violación denunciada por una inspectora recién ascendida, así como por otros posibles asuntos que podrían salir a la luz pública. «Podemos hablar de comportamientos inmorales, abuso de autoridad o prevalencia del poder sobre las subordinadas», informa uno de los mandos. Estas actitudes, según se comenta en esos círculos, podrían extenderse a los niveles más altos del Cuerpo. Tres mujeres policías en activo han contactado con el abogado de la víctima de la presunta agresión sexual para compartir sus experiencias, aunque en estos casos el protagonista no es el ex DAO, sino miembros de la cúpula policial. Las agentes, según explica Jorge Piedrafita, le han relatado «situaciones de acoso cometidas por miembros de la cúpula que van desde comisarios hasta jefes superiores, pasando por altos mandos de la Policía Nacional». Actualmente, el abogado estudia estas situaciones para evaluar si reúnen la estructura necesaria para presentarse en los juzgados, como ocurrió en el caso de la presunta víctima del DAO.
En la Policía Nacional existe un consenso entre las agentes de que el protocolo contra el acoso no funciona cuando involucra a mandos o altos mandos. No confían en los mecanismos internos porque, sostienen, las aíslan cuando denuncian ante las autoridades competentes casos de acoso laboral o sexual que padecen. El pasado 9 de enero, la presunta víctima del ex DAO presentó la querella por agresión sexual, que incluye un audio explícito del momento de la violación ocurrida el 23 de abril de 2025, según consta en la denuncia, en un inmueble de Madrid.