El documento marco de Feijóo también propone «un shock de oferta» en el ámbito de la vivienda y sugiere reducir la burocracia, así como poner fin al «adoctrinamiento ideológico» en las aulas.
El PP ha señalado algunos «ámbitos prioritarios» para alcanzar un acuerdo con Vox. Se trata de las medidas en las que las diferencias entre ambas formaciones son menores. En ciertos casos, el equipo de Feijóo adopta parte del programa de su aliado y competidor político, especialmente en cuestiones como la violencia «doméstica» o la lucha contra el supuesto adoctrinamiento en las aulas.
La primera acción prevista en el «documento marco» de las negociaciones entre los populares y la formación de Santiago Abascal es una reducción fiscal. La mayor posible, según aseguran. Es decir, «emplear todas las competencias fiscales autonómicas para reducir impuestos a familias, trabajadores y emprendedores, a quienes ahorran o buscan acceder a una vivienda, limitándose únicamente a garantizar efectivamente los servicios públicos esenciales«.
«La fiscalidad debe premiar el trabajo, recompensar el esfuerzo y facilitar el ahorro, no penalizarlos», continúa el texto marco. «Los españoles pagan demasiado para lo que reciben», insiste el principal partido de la oposición.
El PP también propone «reducir desde el ámbito autonómico la burocracia que dificulta la actividad de autónomos y pequeños empresarios», además de «simplificar trámites y evitar añadir trabas innecesarias». «Nos comprometemos igualmente a no establecer barreras regulatorias entre comunidades autónomas que fragmenten el mercado único y perjudiquen a quienes arriesgan su patrimonio para crear empleo».
Un punto clave para que el PP atraiga a Vox es el sector rural. La propuesta señala: «Defendemos a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores frente a la sobrerregulación y políticas que elevan sus costes y amenazan su viabilidad». «El campo representa competitividad, empleo y equilibrio territorial. Desde el ámbito autonómico impulsaremos medidas de simplificación administrativa, apoyo productivo y defensa de nuestros productores frente a la competencia desleal», recalca, sin entrar en detalles.
El segundo punto clave para Vox es el negacionismo climático. En este asunto, el equipo de Feijóo establece con claridad que «rechaza» las «políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria». «Nos comprometemos a defender desde el ámbito autonómico un mix energético completo, que incluya la energía nuclear, y no aceptar cierres ni prohibiciones que perjudiquen la competitividad de nuestras empresas y el bienestar de las familias».
Violencia doméstica o machista
En el ámbito inmobiliario, la propuesta es “un shock de oferta: más suelo disponible, menor burocracia urbanística, plazos reducidos y movilización del suelo público existente. Se facilitará el acceso de los jóvenes a la propiedad con las herramientas fiscales disponibles.
Buscando favorecer el acuerdo con Vox, el PP utiliza en su documento el término «violencias» y, al enumerarlas, menciona la violencia «doméstica» —como la denomina la formación de Abascal— junto con la violencia «machista», término que emplea el PP.
«La condena de toda forma de violencia debe ser rotunda. Cualquier acuerdo rechazará expresamente las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier tipo. Todas ellas se combatirán con todos los recursos e intensidad posibles, lo que también exige eliminar cualquier partida que haya demostrado ser inútil o contradictoria con este objetivo».
Otro punto central de esta especie de programa marco es la disposición hacia Vox para limitar las ayudas sociales. Lo que Vox denomina «paguitas». No obstante, se mantiene el compromiso de «fomentar una solidaridad activa entre personas, especialmente hacia quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad». «Esto implica distinguir claramente entre las personas necesitadas y quienes se aprovechan. No perpetuaremos un sistema de subsidios en el que unos trabajen para mantener a aquellos que han demostrado no querer hacerlo».
Inmigración y educación
Más allá de las diferencias evidentes respecto a la acogida legal de menores inmigrantes no acompañados, parece que no habrá grandes obstáculos para pactar las líneas generales sobre inmigración: «España ha perdido el control de su política migratoria. La inmigración irregular ha alcanzado niveles inaceptables y el Gobierno responde con regularizaciones masivas que convierten la irregularidad en un derecho. Esto resulta profundamente injusto para quienes han seguido las vías legales y se han esforzado por integrarse, así como para los ciudadanos que observan un deterioro en la convivencia y los servicios públicos en sus barrios y municipios».
«Defendemos que quienes vienen a trabajar y respetar nuestras leyes deben ser bien recibidos, y que quienes cometan graves delitos o hagan de la delincuencia su forma de vida deben ser expulsados. Exigimos al Gobierno de España que controle las fronteras, ejecute las expulsiones y cuente con las comunidades autónomas antes de imponer decisiones cuyas consecuencias no asume», añade el documento.
Para impulsar la natalidad, el PP pretende convencer a Vox con «medidas fiscales y de servicios sociales que ayuden a las familias a tener los hijos que deseen, a valorar la maternidad y a reconocer el papel fundamental del padre, eliminando obstáculos que penalizan a madres y padres en el acceso y mantenimiento del empleo».
En materia educativa, el documento destaca que «son los padres quienes deben decidir sobre la educación de sus hijos y su formación moral, conforme a la Constitución». «Nos comprometemos a impedir que las aulas se conviertan en espacios de adoctrinamiento ideológico, protegiendo la libertad de pensamiento de estudiantes y familias». Esta afirmación está dirigida claramente a Vox.
En regiones como Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía, el PP continuará «impulsando la prohibición del burka y el niqab como representación simbólica y práctica de la negación de su libertad».
En sanidad, el PP apuesta por «reforzar desde el ámbito autonómico la planificación de profesionales sanitarios, ampliar las plantillas donde hay mayores necesidades y aliviar la carga que actualmente soportan los equipos, especialmente en Atención Primaria».