El CGPJ propone abrir una convocatoria de 375 plazas para juez por oposición libre, representando la mayor oferta histórica para la Judicatura.
Se añadirán 125 plazas correspondientes al cuarto turno, alcanzando un total de 500 plazas nuevas para atenuar el déficit estructural de jueces en España.
El CGPJ analiza la posibilidad de disminuir el periodo formativo en la Escuela Judicial para integrar con mayor rapidez a los nuevos jueces, manteniendo los niveles de formación exigidos.
Esta macroconvocatoria es viable gracias a la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que posibilita la creación de plazas con un coste más reducido.
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido hoy, en un pleno extraordinario, proponer a la Comisión de Selección que convoque 375 plazas de juez en la próxima oposición libre para ingresar en la carrera judicial, correspondiente al presente año.
Se trata de la convocatoria más extensa de la historia en las oposiciones a Judicatura. La única similar fue la de la 53 promoción, compuesta por 298 nuevos jueces y realizada durante el Gobierno de Aznar (PP). La media habitual de plazas del turno libre está en 111.
Además, en esta convocatoria se abrirán 125 plazas por el llamado cuarto turno, que, a través de un concurso, designa directamente a magistrados juristas con reconocida competencia y más de 10 años de experiencia profesional.
Por lo tanto, es una convocatoria masiva con 500 plazas solamente para la Judicatura, que sufre un déficit estructural en su plantilla y está muy por debajo de la ratio de jueces profesionales por cada 100.000 habitantes en los países del Consejo de Europa: 11,92 frente a 17,43, según el último informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ).
Actualmente, la plantilla judicial contempla 5.903 plazas que deben ser ocupadas por 5.643 jueces.
Por ello, existen 260 plazas vacantes, un desajuste «estructural» que el CGPJ considera significativo.
Por otro lado, los jueces de la última promoción (la 74, con 121 del turno libre y 51 del cuarto turno) y las próximas promociones (115 plazas en la 75, 118 en la 76 y 120 en la 77) solo compensarán las jubilaciones y la disminución del personal previstas.
El Plan Estratégico 2026-2035 de recursos humanos para la carrera judicial, aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ el pasado diciembre, estima 133 bajas en 2026, 135 en 2027, 157 en 2028 y 153 en 2029.
Para el CGPJ, el considerable número de vacantes actuales y estimadas debe ser cubierto mediante «un esfuerzo constante y sostenido».
Sin embargo, «en todo caso», agrega, la urgencia de incorporar jueces nuevos obliga a incrementar el número de plazas considerablemente respecto a las últimas convocatorias.
Acuerdo CGPJ-Ministerio
La próxima macroconvocatoria fue acordada entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.
La Comisión de Selección del CGPJ es la entidad responsable de convocar la oposición libre, aunque debe ajustarse a las directrices del Ministerio respecto al número específico de plazas.
Fue la presidenta del CGPJ quien presentó esta propuesta al pleno el miércoles pasado, que la aprobó por unanimidad.
Los vocales añadieron al acuerdo el encargo a la Comisión de la Escuela Judicial para que valore la posibilidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) u otra fórmula que permita reducir la duración del curso teórico-práctico que los aspirantes a juez deben cursar tras superar la oposición, antes de recibir sus despachos.
Actualmente, quienes superan la oposición libre deben realizar en la Escuela Judicial una fase teórica interdisciplinar.
Posteriormente, cumplen un periodo de prácticas tuteladas en juzgados y, después, deben desempeñar de manera obligatoria funciones de sustitución y refuerzo en órganos judiciales.
La legislación vigente establece que la duración del curso teórico no puede ser inferior a nueve meses.
Las prácticas tuteladas deberán tener una duración mínima de cuatro meses y el periodo de sustitución o apoyo, igualmente, tendrá un mínimo de cuatro meses.
En la práctica actual, estos procesos prolongan la formación hasta aproximadamente dos años antes de que los alumnos reciban sus despachos y sean destinados oficialmente.
No obstante, el CGPJ indica que existe una «urgente necesidad» de incorporar con rapidez a los jueces que resulten de la próxima convocatoria masiva.
Por este motivo, ha solicitado a la Comisión de la Escuela Judicial, presidida por la vocal Gema Espinosa, que analice la opción de acortar el tiempo del curso teórico-práctico «sin disminuir la calidad formativa», según precisa el acuerdo.
Desde el Ministerio de Justicia, se señala que la convocatoria masiva prevista para fin de año «ayuda a resolver dos problemas históricos de la Justicia española: la baja ratio de jueces por habitante en comparación con la media de la UE y el reducido número de jueces del cuarto turno».
Conforme a la LOPJ, el porcentaje de acceso por el turno de juristas debería ser del 25%. Sin embargo, «en la práctica, representan solo el 9% porque los diferentes CGPJ no han cumplido sistemáticamente con el porcentaje legal», se indica.
El Ministerio «ha exigido» que, por primera vez en la historia, el CGPJ respete el porcentaje del 25% establecido por la LOPJ, añade.
Asimismo, el Ministerio ha destacado que la macroconvocatoria de 500 plazas «ha sido posible gracias a la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia».
Actualmente, para cada plaza de juez no es necesario crear un juzgado unipersonal, con un coste de 500.000 euros, sino que basta con habilitar una plaza en un tribunal de instancia, cuyo coste medio es de 100.000 euros.
«Con los antiguos juzgados unipersonales, que la Ley de Eficiencia ha reemplazado, esta convocatoria no habría sido factible», asegura el Ministerio.