El Gobierno ha dado luz verde en primera instancia a la Ley Orgánica de Integridad Pública, destinada a fortalecer la prevención, la investigación y la sanción de actos de corrupción.
Esta ley contempla la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública y aumenta las penas para las empresas corruptoras, extendiendo hasta 20 años la inhabilitación para contratar con la Administración.
Impone a los partidos políticos la obligación de someter sus cuentas a auditorías externas y eleva la transparencia en las donaciones privadas, que deberán publicarse desde los 2.500 euros.
Amplía los plazos de prescripción de los delitos de corrupción y autoriza el embargo de bienes desde el comienzo de la investigación, incluso sin sentencia firme.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta la Ley Orgánica de Integridad Pública, herramienta central del plan anticorrupción del Gobierno.
El proyecto surge nueve meses después del escándalo del caso Cerdán, episodio que llevó a Pedro Sánchez a comparecer en el Congreso.
Allí anunció un conjunto de medidas que hoy comienzan a materializarse en este anteproyecto legal.
En la comparecencia tras el Consejo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió que se trata de una norma «ambiciosa».
Sus metas consisten en fortalecer la prevención, la investigación y la sanción de la corrupción. El texto introduce cambios en 18 normativas, entre ellas seis leyes orgánicas.
Uno de los pilares de la norma es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, solicitud planteada por Sumar.
Montero explicó que esta agencia concentrará funciones dispersas hasta ahora y será la encargada de coordinar la defensa de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude.
Otro aspecto fundamental es que la ley endurece las sanciones para las empresas involucradas en esquemas de corrupción, denominadas «empresas corruptoras».
¿De qué manera? Extiende de 15 a 20 años el periodo de inhabilitación para contratar con la Administración, acceder a subvenciones o beneficiarse de incentivos fiscales.
Además, el anteproyecto contempla publicar el registro de empresas con prohibición para contratar con el sector público.
Esto busca fortalecer los mecanismos que excluyen a compañías sancionadas o condenadas por prácticas corruptas.
La ley también establece multas proporcionales al beneficio ilícito que hayan obtenido las empresas implicadas en corrupción.
Auditorías externas
En el ámbito de los partidos políticos, la norma impone la realización de auditorías externas sobre sus estados financieros. Refuerza el régimen sancionador por fallas contables y amplía las exigencias de transparencia en la financiación.
Las donaciones privadas a partidos deberán ser publicadas a partir de los 2.500 euros, bajando el umbral desde los 25.000 actuales. El Gobierno pretende intensificar el control sobre la financiación privada de las formaciones políticas.
Adicionalmente, el anteproyecto fortalece el control sobre subvenciones públicas para gastos electorales y exige mayor rendición de cuentas a los partidos durante las campañas.
En materia penal, la ley amplía los plazos de prescripción para los delitos de corrupción y refuerza las funciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
El Estado podrá embargar bienes desde el inicio de la investigación y podrá aplicar figuras como el «decomiso sin condena», destinadas a retirar patrimonio presuntamente ilícito incluso sin sentencia firme.
Según Montero, la norma pretende «dedicar más tiempo a la investigación de delitos» al fortalecer los instrumentos para incautar bienes y perseguir patrimonios vinculados a corruptos y beneficiarios de la corrupción.
Calendario
El Ejecutivo aspira a aprobar el texto definitivamente en Consejo de Ministros antes del verano, tras obtener los informes de los órganos consultivos.
Posteriormente, comenzará su tramitación en el Congreso.
La entrada en vigor dependerá del calendario parlamentario y de las negociaciones con los grupos.
En todo caso, el Gobierno confía en que la agencia anticorrupción y el nuevo régimen sancionador estén operativos antes de concluir la legislatura.