Considera que el patrón emitió la orden de abandonar la embarcación demasiado tarde: «Las posibilidades de sobrevivir eran escasas»
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha planteado juzgar a dos directivos de la empresa armadora del pesquero gallego Villa de Pitanxo, así como al capitán de la embarcación, por la muerte de 21 tripulantes a raíz del naufragio ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).
En el auto para proceder a un juicio abreviado, citado por Europa Press, el magistrado envía a juicio al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, y al capitán del barco Juan Enrique Padín por 21 delitos de homicidio imprudente grave y por un delito relativo a los derechos laborales de los trabajadores.
Como responsable civil subsidiario, el juez designa a la mercantil Pesquerías Nores Marín y a la compañía aseguradora como responsables civiles directos.
En su auto, el magistrado relata el trayecto del buque y su hundimiento, señalando distintos elementos que contribuyeron a la inundación y al hundimiento del barco. Entre ellos se mencionan la sobrecarga sin control, la ausencia de medidas preventivas frente a la posibilidad de realizar una virada bajo condiciones meteorológicas adversas, así como la decisión del capitán de proseguir con el giro en mal tiempo en lugar de optar por alternativas más seguras.
Además, el juez señala que el capitán ordenó abandonar la embarcación de manera tardía, al no valorar a tiempo la gravedad del suceso, lo que impidió una evacuación más organizada que podría haber resultado eficaz. «Cuando se emitió la orden, las posibilidades de salvarse eran muy limitadas», concluye.
Otros factores determinantes apuntados incluyen la existencia únicamente de una escalera desde la cubierta hasta las zonas destinadas al embarque en las balsas salvavidas, la cual resultó inaccesible en el momento de ordenar el abandono, obligando a la tripulación a buscar otras vías.
Asimismo, el magistrado destaca la falta de familiaridad de la tripulación con los equipos de salvamento, los protocolos de abandono y los riesgos propios de la navegación en aguas frías. En este sentido, recuerda que el Villa de Pitanxo no contaba con autorización para operar en áreas con formación de hielo, y que sus tripulantes carecían de formación específica sobre los peligros de la hipotermia.
Doce cuerpos sin localizar
De los 21 fallecidos, según el auto, 12 no han sido encontrados, mientras que el resto murió por inmersión o hipotermia. Otros tres, incluido el capitán, fueron rescatados con vida dentro de una balsa salvavidas.
El instructor señala en su resolución que los trajes de inmersión tampoco habían sido inspeccionados conforme a la normativa vigente, por lo que es probable que no se encontraran en condiciones óptimas.
El auto también menciona que la condición física de la tripulación no era la ideal, ya que el capitán había informado telefónicamente que al menos ocho de ellos estaban infectados por Covid-19.
El órgano judicial otorga un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para presentar sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Esta resolución del magistrado se produce pocos días después de que la Fiscalía presentara su informe final sobre el hundimiento. En dicho documento, el Ministerio Público apuntó a la responsabilidad del capitán del barco, Juan Padín, y de los responsables de la armadora Pesquerías Nores Marín.
Específicamente, la Fiscalía destacó que estos contaban con «facultades de decisión, ejecución y control» y permitieron que el trabajo se realizara «en condiciones inseguras, sin respetar medidas preventivas, mostrando un grosero desprecio por la vida y la integridad física de los tripulantes del buque». Todo ello, según indica, «condujo al trágico desenlace».
De este modo, la Fiscalía remarcó que el Villa de Pitanxo estaba «sobrecargado con tanques de combustible instalados sin la autorización legal correspondiente». Esta sobrecarga implicaba, a su juicio, un «incumplimiento» de los requisitos normativos de estabilidad.
«La sobrecarga del barco redujo de forma considerable la posibilidad de supervivencia en caso de inundación, influyendo decisivamente en el tiempo que la tolva de residuos permanecía sumergida en mal tiempo», agregó el informe de la Fiscalía.
Además, se responsabilizó al capitán por «incumplir» en diversas ocasiones sus obligaciones, como no adoptar medidas preventivas ante la posible virada en condiciones meteorológicas extremas, y por no valorar adecuadamente la situación del Pitanxo en la última etapa de la maniobra final del barco, que terminó hundiéndose.
«Ordenó el abandono del buque demasiado tarde, al no ser consciente de la gravedad de la situación. Al momento de la orden, las probabilidades de salvarse eran muy bajas», añadió la Fiscalía.
Por último, señaló a los armadores por «incumplimiento» de sus responsabilidades en materia de salud y seguridad laboral, al no configurar debidamente las vías de evacuación del barco y no cumplir con la exigencia de mantener una escalera de estribor conforme al plano de salvamento del buque, según consta en el escrito.