El Consejo Escolar del Estado ha ratificado por unanimidad el anteproyecto de ley que reducirá a 22 el máximo de alumnos por clase en Primaria y a 25 en Secundaria.
La nueva norma también establece un límite de 23 horas lectivas semanales para docentes de Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas para Secundaria y Bachillerato.
Cada estudiante con necesidades educativas especiales se contará como dos plazas a efectos del cálculo de la ratio máxima, fortaleciendo así el enfoque inclusivo en el aula.
La disminución gradual de las ratios se implementará progresivamente y se completará en 2031, como parte de una reforma más extensa del cuerpo docente.
La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha logrado su primer triunfo político dirigiendo su nueva cartera.
Este jueves, el Consejo Escolar del Estado aprobó el dictamen favorable al anteproyecto de ley que reducirá las ratios en las aulas y establecerá por ley un límite a las horas lectivas del profesorado.
Incluso las comunidades autónomas del Partido Popular han respaldado la medida. Según ha confirmado este medio, los más de 100 miembros del Consejo de Estado aprobaron el texto por unanimidad, incluyendo los consejos escolares autonómicos que representan a los gobiernos regionales.
Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran a este diario que han manifestado su conformidad con el proyecto, dado que las ratios escolares en esta región son incluso inferiores a las que establece el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
No obstante, advierten que expresaron su desacuerdo con las “formas” del documento, ya que la futura ley no contempla una memoria económica y no ha pasado por la conferencia sectorial.
Por otro lado, otros miembros del Consejo de Estado explican que, aunque se aprobó por unanimidad, “algún integrante pudo presentar un voto particular exponiendo su valoración”.
Inicia su tramitación
El texto, que debe regresar al Consejo de Ministros en una segunda revisión antes de comenzar su trámite parlamentario, reduce el número máximo de alumnos por clase a 22 en Primaria —en comparación con los 25 actuales— y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, donde ahora el máximo es de 30.
Tolón, quien participó por primera vez en el pleno del órgano consultivo desde que asumió el cargo en diciembre, argumentó que la norma facilitará una atención “más personalizada” para el alumnado.
“Habrá más tiempo disponible para cuidar mejor a los estudiantes, especialmente en casos de diversidad y distintas necesidades”, afirmó.
En declaraciones previas a la prensa, la ministra subrayó que el anteproyecto “no está cerrado” y que el Ejecutivo mantiene un diálogo abierto con la comunidad educativa y los sindicatos. “Estamos para colaborar de manera conjunta”, señaló.
Límite a las horas lectivas
La reforma no se limita al número de estudiantes por aula. También establece un tope máximo para la docencia directa: 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 en Secundaria, Bachillerato y demás enseñanzas.
Este límite solo corresponde al tiempo de clase, dado que la jornada completa del profesorado seguirá siendo de 37,5 horas semanales, incluyendo tutorías, coordinación, preparación de materiales y otras tareas. En la práctica, la mayoría de las comunidades autónomas ya aplican este tope, aunque no todas.
Por ejemplo, en Madrid esta jornada no se cumple a pesar de los múltiples intentos de negociación sindical. Allí, los profesores de Educación Primaria no han logrado alcanzar las 23 horas, aunque sí las 18 horas en Secundaria.
La reducción en la carga lectiva fue una medida adoptada durante la crisis económica. Tolón recordó que las aulas “llegaron a estar casi saturadas”, al igual que el profesorado, con horarios que “provienen de una ley del Partido Popular”.
Atención a necesidades educativas
El anteproyecto también incluye una medida que impacta directamente en la organización de los centros: cada alumno con necesidades educativas especiales se contabilizará como dos plazas para el cálculo de la ratio máxima en aulas ordinarias. Una medida que los sindicatos han solicitado reiteradamente.
El propósito es reconocer el mayor apoyo que requieren estos estudiantes y reforzar el enfoque inclusivo del sistema educativo.
La reducción generalizada de las ratios se implementará de forma progresiva y no estará completamente efectiva hasta 2031, de acuerdo con el calendario previsto por el Ministerio.
Esta iniciativa forma parte de una negociación más amplia para reformar la profesión docente, uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo en esta legislatura.
Tolón enfatizó que este anteproyecto representa un paso “decidido e importante”, aunque no definitivo, y que el diálogo con los agentes sociales “permanece abierto”.
Tras la aprobación del Consejo Escolar del Estado, el texto regresará al Consejo de Ministros antes de su presentación en el Congreso, donde se dará inicio a la negociación parlamentaria. El respaldo consultivo proporciona un primer apoyo político para la nueva ministra. La clave será ahora lograr una mayoría legislativa.