El anteproyecto, al que ha accedido El Confidencial, convierte la externalización en una excepción, impone una evaluación previa obligatoria y fortalece la transparencia junto con el control del gasto
El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley de gestión pública sanitaria, al que accedió El Confidencial, incluyendo la eliminación de los mecanismos de gestión privada dentro del sistema sanitario.
Esta iniciativa promovida por el Ministerio de Sanidad contempla la derogación de la normativa vigente desde 1997, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, la cual reguló modelos de concesión y gestión indirecta aplicados en varias comunidades autónomas.
En concreto, el Ejecutivo prepara la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que establece condiciones y límites más rigurosos para que entidades privadas puedan administrar hospitales públicos, además de fortalecer los mecanismos de control del gasto y la supervisión de conciertos sanitarios.
Tras la reunión del Consejo, la ministra responsable, Mónica García, definió este proyecto como «una victoria para la sociedad civil y las demandas ciudadanas que se vienen reclamando desde hace años», indicando que “protegerá y blindará el sistema de salud frente a intereses especulativos y privatizadores». Subrayó que esta medida se implementa bajo el lema «la sanidad no se vende, la sanidad se defiende».
A pesar del tono optimista de la ministra, quien recordó sus tiempos de activismo, la propuesta encontró resistencia inmediata desde diversas posiciones.
El PP: «Pretenden desmantelar la sanidad”
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular reaccionaron rápidamente contra esta medida. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que el Gobierno actúa «con amenazas, engaños e imposiciones». «Pretenden a la fuerza destruir la sanidad en la Comunidad de Madrid, generando prácticamente una crisis en un territorio que no experimenta crecimiento poblacional y que debe enfrentar un desafío como el envejecimiento«, declaró este martes poco después de conocerse la noticia. Al día siguiente, el miércoles por la mañana, el gobierno regional anunció que presentará un recurso judicial contra esta ley.
Además, Ayuso cuestionó si el objetivo es «terminar» con la Fundación Jiménez Díaz y transmitir a los pacientes que «equivocan su elección» al acudir a esos hospitales. «¿Qué sucederá en Cataluña, por ejemplo, donde se utiliza este modelo sanitario con mayor intensidad que en Madrid?», ejemplificó.
Cabe destacar que, a pesar de las críticas, el anteproyecto de ley carece de efecto retroactivo. El texto fija un criterio temporal de aplicación: la ley no afectará a los conciertos, concesiones, contratos o figuras anteriores a su entrada en vigor. Estos continuarán bajo las normas vigentes en el momento de su adjudicación.
Por otro lado, el conseller valenciano de Sanidad, Marciano Gómez, defendió este martes la colaboración público-privada como vía para «atender todas las demandas ciudadanas”: «En Sanidad es imprescindible evitar ideologías».
“Los responsables públicos en salud tienen el deber de proporcionar una atención de calidad, un sistema público eficaz, eficiente y efectivo, pero si es necesario para atender plenamente a la población, es imprescindible recurrir a la colaboración público-privada sin reservas”, declaró el conseller ante los medios.
La privada: “Una ley contraria a Europa”
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) expresó su rechazo contundente: “Una propuesta que representa un ataque ideológico a la gestión autónoma de las competencias sanitarias de las comunidades y que busca explícitamente prohibir, limitar o condicionar los distintos modelos de colaboración público-privada que se han reconocido legalmente durante tres décadas”.
ASPE resumió que “el Gobierno ha impulsado la ‘ley anti-sanidad privada’, contraria al marco europeo en gestión sanitaria y que invade competencias regionales”.
“En el ámbito sanitario, las decisiones basadas en ideologías se traducen siempre en impactos concretos en la población”, resaltó Herminia Rodríguez, presidenta de la Alianza.
Por su parte, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), constituido por las principales compañías e instituciones del sector sanitario y sociosanitario español, reiteró “la contribución del sector a la sostenibilidad del sistema de salud y su compromiso firme con una colaboración público-privada transparente y eficiente, orientada a garantizar accesibilidad, calidad y la mejor atención clínica en beneficio del paciente”.
Resumieron que consideran “es crucial y necesario implementar prácticas de gestión de recursos públicos que aumenten la productividad y eficiencia, para cumplir con los desafíos asistenciales y objetivos de salud de la sociedad. A medida que se incrementan las demandas y la complejidad clínica, es fundamental utilizar todos los recursos disponibles, públicos y privados, para asegurar un sistema sanitario sólido y sostenible al servicio de los pacientes”.