La juez de Vigilancia anula el tercer grado de Óscar Celarain
«El Gobierno vasco sigue vaciando las prisiones de presos de ETA sin exigirles una ruptura genuina con el entorno político que justificó sus crímenes». Hace un mes, Covite denunciaba con estas palabras el tercer grado otorgado al etarra Óscar Celarain, condenado a casi mil años de cárcel por ataques que dejaron tres muertos y numerosos heridos.
Ayer, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional revocó dicho tercer grado, aceptando «íntegramente» el recurso presentado por la Fiscalía contra la «prematura y apresurada» decisión de la consejería de Justicia del Gobierno Vasco, bajo control del PSE. Rechaza concederle el tercer grado cuando todavía no se ha ratificado judicialmente el paso previo: la aplicación del régimen del artículo 100.2, muy parecido al tercer grado.
Celarain acumula siete condenas por terrorismo que suman 964 años de prisión. La más grave corresponde al atentado de Santa Pola (Alicante), que causó la muerte de una niña de seis años y de un hombre que esperaba el autobús. Además, 51 personas resultaron heridas. También asesinó a un concejal del PSN en Leiza (Navarra).
El etarra concluirá sus condenas, que se unificaron para un máximo de 30 años, en 2032. En cuanto a los más de 13 millones de euros pendientes en indemnizaciones, la magistrada María de los Reyes Jimeno señala que su compromiso es abonar 40 euros al mes. Hasta ahora ha acumulado 960.
El auto incluye la carta donde los etarras deben expresar su cambio de postura para optar a beneficios penitenciarios. La carta de Celarain comienza explicando que lleva más de 20 años preso «por delitos relacionados» con ETA y que ha tenido «experiencias» que le han «marcado profundamente», aunque no menciona encuentros con víctimas, sino su matrimonio y que su mujer e hija constituyen «el pilar» de su vida.
Añade que tras «reflexionar» sobre su «actividad», ha llegado a la conclusión de que la violencia «nunca debió haberse producido en ningún caso». Enumera los nombres de sus tres víctimas mortales, algo que la Audiencia Nacional consideró esencial en las resoluciones donde inicialmente rechazó la autenticidad de las cartas de arrepentimiento de etarras, las cuales calificó como «instrumentales» para acceder a la libertad. Sobre esas tres muertes -«muerte», según la carta–, afirma: «Soy consciente de que las acciones que cometí causaron consecuencias muy graves e irreversibles con la muerte de Silvia Martínez, Cecilio Gallego y José Javier Múgica. Debo asumir personalmente la responsabilidad de estas pérdidas, siento y lamento lo ocurrido, y en este sentido quiero expresar todo mi respeto y comprensión hacia el dolor de los familiares de las víctimas».
Covite considera «inaceptable» la libertad para quien Sare, Etxerat y el entorno de la izquierda abertzale defienden como «preso político» y cuya imagen siguen mostrando públicamente.
Otro juez de Vigilancia Penitenciaria también rechazó el tercer grado del ex jefe militar de ETA José Antonio Olarra Guridi. El magistrado José Luis Castro señala que hasta 2036 no cumplirá el máximo de 30 años de prisión. Fue condenado a más de 2.000 años. En consonancia con el fiscal, sostiene que «cuando existen múltiples víctimas, violencia extrema y alta gravedad» se requieren «periodos prolongados de evaluación» para la reinserción.