La plataforma, en la que también colabora Fernando Savater, se crea con el propósito de hacer frente al «deterioro del Estado de Derecho»
La ex eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua señaló este miércoles que España atraviesa un momento en el que «institucionalmente resulta difícil mantenerse» debido a la degradación y exhortó a los políticos a practicar la buena gobernanza, «independientemente del partido al que pertenezcan».
El Congreso fue escenario de la presentación de la Fundación Impulso y Cooperación, presidida en su consejo asesor por Pagazaurtundua, creada para «movilizar las expectativas» de la sociedad civil en un contexto donde la igualdad y la democracia «están en riesgo».
La ceremonia tuvo lugar este miércoles en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Este evento, que congregó a más de 200 asistentes, contó con parlamentarios tanto del Congreso como de la Asamblea de Madrid, provenientes de diversos grupos políticos, junto con un amplio grupo de expertos del ámbito académico, profesional y cívico.
«La Fundación surge para promover la buena gobernanza, defender los valores constitucionales y apoyar y expandir aquellas iniciativas cívicas que, desde la sociedad civil, contribuyen a reforzar la convivencia, la cohesión social y la calidad de las instituciones democráticas», explica la organización en su sitio web.
Esta plataforma, de la que también forma parte el filósofo Fernando Savater, nace para denunciar, según Pagazaurtundua, la degradación institucional, que no se intensifica porque «afortunadamente continúan presentes» la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, además de asociaciones o movimientos ciudadanos que alzan la voz frente a la vulneración de derechos fundamentales.
«¿Si no actuamos ahora, cuándo?», planteó Pagazaurtundua, alertando sobre un «Estado capturado» donde se silencian voces disidentes en Cataluña y el País Vasco, y criticó las narrativas que se basan en «relatar historias falsas».
En la apertura del evento, el secretario del Patronato, Víctor Gómez Frías, destacó que la Fundación busca movilizar a la sociedad civil para que “la ciudadanía en su conjunto recupere el control de su propio futuro”, advirtiendo que «la igualdad, la libertad y la democracia hoy enfrentan amenazas desde múltiples frentes».
Por su parte, Savater criticó «los privilegios otorgados por ‘compincheo'» al nacionalismo, defendiendo que los impuestos que abonan los ciudadanos en cada territorio «deban ser iguales». También llamó al «fervor ciudadano» a salir a la calle y manifestar su rechazo a elementos que deterioran las instituciones y la convivencia democrática.
Isabel Fernández Alonso, integrante de la plataforma Universitaris per la Convivència, remarcó la importancia de que «en estos tiempos de enfrentamiento, cobren protagonismo las entidades cívicas que priorizan la convivencia y la cohesión social por encima de aquellas que actúan guiadas por tácticas populistas y destructivas», identificando esta inquietud como un punto clave en la creación de la Fundación.
La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, enfatizó la responsabilidad ciudadana, afirmando que la Fundación surge para «recordar que una democracia solo es sólida cuando sus ciudadanos no temen levantar la mano para cuestionar», y para combatir «la desigualdad entre territorios, que termina generando desigualdad entre ciudadanos».
El presidente de Impulso Ciudadano, Rafael Arenas, compartió la experiencia acumulada por esta asociación en la defensa de valores constitucionales como «la neutralidad institucional, la transparencia en los procesos electorales y los derechos fundamentales, especialmente los lingüísticos». También alertó sobre «el escepticismo hacia el Estado de Derecho», que ha trascendido la esfera local para convertirse en un problema que afecta a toda España.
Asimismo, Santiago Saura, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, detalló que la Fundación impulsará una política activa de cooperación en tres ámbitos: con otras entidades cívicas, en el marco europeo e internacional, y en proyectos de cooperación para el desarrollo, promoviendo una «solidaridad coherente, hacia dentro y hacia fuera».
Ángel de la Fuente resaltó la relevancia de las instituciones públicas como motores del progreso económico y social. Señaló que resulta esencial contar en estas instituciones con profesionales capaces de diseñar una estrategia consensuada orientada al bien común. Hizo un llamado a la distribución equitativa de recursos y a romper de manera necesaria la dinámica polarizadora.
En la clausura del evento, el presidente de la Fundación, José Domingo, afirmó que esta surge para ser útil y vigilante, no para hacer diagnósticos meramente retóricos: «Un Estado no se deteriora de repente; se desgasta gradualmente cuando se relajan los controles y se normaliza aquello que nunca debió considerarse normal».
José Domingo anunció que la Fundación examinará las transferencias de competencias en materia de Seguridad Social al País Vasco y aclaró que, «si detectamos riesgos para la igualdad de derechos o para la unidad de caja, actuaremos en consecuencia, con calma y firmeza».
Además, explicó que una de las líneas principales de acción será la elaboración de informes de riesgos sobre el funcionamiento de las administraciones públicas, con el fin de identificar disfunciones, alertar sobre el deterioro institucional y proponer soluciones concretas para su mejora. «No deseamos un Estado democrático fallido», concluyó.