El Ejecutivo andaluz pretende intensificar las sanciones contra quienes hostigan a sus compañeros en los colegios de la comunidad. La iniciativa principal consiste en que el traslado del agresor sea la respuesta común, y no el cambio de centro para la persona afectada.
Esta propuesta surge en medio de la discusión provocada por el suicidio de la menor Sandra Peña, quien presuntamente padeció acoso escolar por parte de algunos compañeros.
Dicha conclusión destaca en el primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, realizado en Córdoba con el lema Andalucía frente al Acoso, donde el Gobierno andaluz ha identificado el ciberacoso como uno de los principales retos educativos y sociales próximos.
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha adelantado que el Gobierno autonómico impulsará un nuevo marco de actuación en los ámbitos correspondientes para fortalecer la protección a las víctimas.
Entre las iniciativas propuestas se encuentra establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales, una medida ya implementada en países como Australia, además de iniciar un debate legal para evaluar la posible consideración del acoso escolar como delito.
Inspección educativa
En el ámbito educativo, la Junta sugiere reforzar los protocolos para que las denuncias por acoso presentadas por familias o miembros de la comunidad educativa sean comunicadas desde el primer momento a la inspección educativa, con el fin de optimizar el seguimiento y evitar que casos graves queden sin supervisión externa.
Una de las medidas más contundentes anunciadas es el estudio de una reforma reglamentaria para que el traslado del agresor sea la norma, especialmente cuando se trate de reincidencia.
Castillo ha explicado que esta decisión pretende asegurar un entorno seguro para la víctima y fortalecer la convivencia escolar ante conductas de acoso persistentes a pesar de las medidas adoptadas.
La consejera ha reconocido que Andalucía cuenta con un sistema sólido en convivencia y bienestar emocional, pero ha señalado que la constante evolución del entorno digital demanda una actualización de las herramientas de prevención y respuesta.
En este sentido, ha defendido la necesidad de agilizar procedimientos, disminuir la burocracia y mejorar la detección temprana, de modo que la inspección educativa supervise los casos de acoso y autolesiones desde la denuncia inicial.
El Congreso también enfatizó que la tecnología en sí no es el problema, sino su uso, y que los centros educativos continúan siendo uno de los espacios más seguros para los menores.
No obstante, desde la Junta se insiste en que la respuesta debe trascender el ámbito escolar y contar con la implicación de las familias, servicios especializados y la sociedad en general.
La segunda jornada del encuentro reforzó este enfoque transversal con la presencia de las consejeras de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.
Ambos subrayaron la necesidad de intervenir tanto con las víctimas como con los agresores y de adaptar el marco legal a las nuevas formas de violencia digital.
Nieto señaló que el ciberacoso no está claramente definido en la legislación vigente y destacó la importancia de disponer de más datos para diseñar medidas efectivas.
En este contexto, resaltó la creación del primer Observatorio público de Justicia Juvenil de España y Europa, destinado a analizar la evolución de los perfiles y tipos delictivos.
Para la Junta, este Congreso representa un punto de partida y un cambio decisivo en la lucha contra el acoso escolar y digital. Un fenómeno que, según han alertado los responsables autonómicos, exige acciones más firmes, coordinación institucional y una revisión profunda de las normas en la era de las redes sociales.